Un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que transportaba a 80 migrantes desde Texas a Guatemala realizó el jueves una ruta extendida alrededor de México, lo que agregó horas al vuelo. Según funcionarios estadounidenses, el avión militar no pudo sobrevolar México, pero el gobierno mexicano negó haber bloqueado el vuelo y afirmó que los Estados Unidos nunca solicitó permiso.
El vuelo, que partió de Fort Bliss, duró poco menos de siete horas, casi el doble de tiempo que una ruta directa. La Patrulla Fronteriza confirmó que el avión fue desviado debido a restricciones del espacio aéreo. Entre los deportados había ocho niños, todos ellos atados de muñecas y tobillos.
Los vuelos militares sobre México requieren autorización diplomática con al menos una semana de antelación, según el Comando de Transporte de Estados Unidos (TransCom), que se encarga de la logística militar. Sin embargo, los vuelos de deportación se están planificando y ejecutando en plazos mucho más cortos, lo que dificulta obtener autorización.
Vuelos costosos
La administración Trump ha recurrido cada vez más a aviones militares para las deportaciones, enviando migrantes a Guatemala, Ecuador y Colombia, lo que marca un cambio respecto de la práctica anterior de utilizar vuelos chárter y comerciales operados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE son sus siglas en inglés).
Según datos proporcionados por funcionarios estadounidenses y guatemaltecos, utilizar la Fuerza Aérea cuesta 4,675 dólares por migrante, lo que representa cinco veces el costo de 853 dólares de un boleto de ida en primera clase en American Airlines desde El Paso, el punto de partida del vuelo, según una revisión de tarifas aéreas disponibles al público. También es significativamente más alto que el costo de un vuelo chárter comercial del ICE.
El despliegue de aviones militares para las deportaciones ha creado tensiones diplomáticas, que se hicieron evidentes en enero cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se negó a permitir el aterrizaje de dos aviones militares estadounidenses que transportaban migrantes.
En respuesta, Trump anunció aranceles del 25% a las exportaciones colombianas. Ante la presión económica, Colombia accedió más tarde a recibir a los migrantes, pero insistió en que fueran transportados en aviones militares colombianos, una medida que, según Petro, preservaría su dignidad.
Control fronterizo
Mientras tanto, la participación del ejército estadounidense en el control fronterizo se está expandiendo. El Pentágono ha desplegado recientemente tropas en servicio activo en la frontera aunque su función exacta aún no está clara.
Históricamente, el personal militar ha proporcionado vigilancia, barreras y mantenido vehículos en lugar de aplicar directamente las leyes de inmigración. La Ley Posse Comitatus de 1878 prohíbe la participación militar en la aplicación de la ley civil, pero Trump ha sugerido invocar poderes en tiempos de guerra para eludir estas restricciones.
La última directiva de Trump en materia de inmigración incluye la orden de que la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba, detenga hasta 30,000 inmigrantes, lo que prácticamente duplicaría la capacidad de detención actual del ICE. Si bien algunos consideran que las deportaciones militares son simbólicas, los críticos advierten que indican una militarización más profunda de la política migratoria estadounidense.
Una investigación de El País, una publicación española, mostró que los vuelos de deportación se han convertido en una industria lucrativa. El ICE no posee aviones, sino que contrata a empresas privadas que negocian acuerdos con aerolíneas chárter. El costo promedio de un vuelo estándar es de $8,577 por hora de vuelo, pero los vuelos de deportación clasificados como “de alto riesgo” pueden alcanzar los $26,795 por hora.
Estos vuelos requieren una amplia coordinación logística, que incluye el transporte desde los centros de detención, escoltas de seguridad y operaciones aeroportuarias. GlobalX, que manejó el 80% de los vuelos de deportación en diciembre, firmó recientemente un contrato de cinco años con el ICE por un valor estimado de 65 millones de dólares por año.
Preocupaciones en materia de derechos humanos
Más allá del impacto financiero, las agresivas políticas de deportación de Trump plantean problemas de derechos humanos. Los deportados, incluso aquellos sin antecedentes penales, suelen viajar en condiciones restrictivas: esposados, sin cintas de zapatos y con un acceso mínimo a los baños.
Aunque el ICE afirma que los detenidos reciben un trato humano, los informes de las personas deportadas cuentan una historia diferente. En Colombia, un deportado describió la experiencia como “tratados como perros.”
La ofensiva migratoria de Trump ya ha tensado las relaciones de los Estados Unidos con Colombia y Brasil, dando lugar a protestas diplomáticas y pedidos de mayor respeto por los derechos de los migrantes.
En México, el gobierno ha optado por la cautela y ha equilibrado cuidadosamente su relación con Washington. Hasta ahora, el promedio de deportaciones diarias no ha variado significativamente respecto de los tres años anteriores.
A diferencia de otras naciones latinoamericanas, se ha abstenido de condenar públicamente las políticas de Trump y, en cambio, se ha centrado en los esfuerzos de reintegración de los ciudadanos deportados.
Sin embargo, a medida que aumentan las cifras de deportaciones y el escrutinio internacional, la presión para ofrecer una mayor transparencia puede volverse inevitable. Por ahora, los vuelos de deportación continúan bajo un velo de secreto, moldeando la vida de miles de personas y alimentando una industria de miles de millones de dólares.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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