Un juez federal en Brownsville denegó la solicitud de una compañía de oleoductos de expropiar y transferir la propiedad de la tierra por la que se ejecutaría su proyecto de oleoducto, diciendo que la acción era “prematura."
Reportado por primera vez por Law360, Enbridge, la compañía energética canadiense propietaria de un proyecto del oleoducto Río Bravo (RBP son sus siglas en inglés) de 137 millas de largo en el puerto de Brownsville, presentó la demanda el año pasado después de no poder contactar a los propietarios de las 5 acres por las que pasaría el oleoducto. La propiedad de 5 acres es propiedad de Carlos F. Alfonso y Margot Villa, según la demanda.
Para evitar no poder contactar a los dueños de la propiedad, Enbridge presentó una demanda reclamando dominio eminente del terreno bajo la Ley de Gas Natural y pidió expropiar el predio y transferir la propiedad a la empresa. Enbridge afirmó que no acceder al terreno para realizar los diversos estudios que exige la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC son sus siglas en inglés) perjudicaría el proyecto.
El juez Rolando Olvera negó el reclamo y dijo que Enbridge “no ha demostrado que sufrirá un daño inmediato e irreparable” si no accede a la propiedad.
Como parte de la aprobación, la FERC exige que Enbridge complete estudios civiles, ambientales, arqueológicos y culturales 45 días antes de que la empresa construya el oleoducto. Según la demanda, RBP tiene autorización para comenzar la obra en septiembre de 2025 con una fecha límite de servicio del 22 de noviembre de 2026. RBP está canalizando todo el gas que exporta la planta de GNL de Rio Grande.
Olvera anotó que Enbridge no demostró que no hubo tiempo suficiente para notificar a los propietarios antes de intentar expropiar la propiedad por medio de los tribunales. El juez señaló que Enbridge publicó avisos de expropiación en el Brownsville Herald en noviembre pasado como ejemplo. Olvera también escribe que el tribunal no fue “persuadido” por Enbridge citando la Ley de Gas Natural como autoridad para acceder al terreno.
El RBP está destinado a suministrar gas a la planta de GNL de Rio Grande, que se extiende desde Agua Dulce, Texas, hasta el puerto de Brownsville. Enbridge, un copropietario del oleoducto Dakota Access, recibió la aprobación federal para construir el oleoducto en 2019.
FERC aprobó el oleoducto de nuevo el año pasado después de que un tribunal de circuito de DC dictaminó que la agencia no midió adecuadamente los impactos de RBP y Rio Grande LNG en la justicia climática en las comunidades circundantes. La segunda aprobación fue criticada por no tomar en serio el fallo del tribunal, particularmente de partede la propia FERC.
El 2 de febrero, la ciudad de Port Isabel, la tribu Carrizo Comecrudo de Texas, el Sierra Club y Vecinos para el Bienestar de la Comunidad Costera, los mismos grupos que demandaron la primera aprobación de los proyectos de gas por parte de FERC, presentaron una moción para frenar la construcción del Gasoducto Río Bravo y la planta de GNL de Río Grande hasta que se resuelva una demanda de los mismos grupos.
Esa demanda cuestiona la reaprobación por parte de la FERC de los proyectos de RBP y Rio Grande LNG que, según los grupos, no toma en cuenta los gases de efecto invernadero que emitirían los proyectos, así como la demografía de las comunidades que se verían afectadas por esas emisiones y si los proyectos están realmente beneficiarán al público. La FERC rechazóla solicitud de los grupos de detener la construcción en Rio Grande LNG cuando se lo solicitaron al regulador en enero.
Río Grande GNL comenzó a desalojar el sitio del proyecto de casi 800 acres el año pasado después de obtener los fondos necesarios para hacerlo. El proyecto no tiene autorización para construir las instalaciones que convertirán en líquido el gas alimentado por el gasoducto hasta que finalice sus planes de costos compartidos y desarrolle una respuesta de emergencia.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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