Han pasado más de dos semanas desde que tres policías de San Antonio encontraron a Melissa Perez sufriendo una crisis de salud mental y le dispararon fatalmente. Su familia presentó una demanda y el departamento de policía acusó a sus oficiales de asesinato.
La familia de Perez señaló que el incidente fue solo el más reciente causado por una cultura de fuerza excesiva que no supervisa adecuadamente a sus elementos armados.
Los registros disciplinarios de dos de los oficiales plantearon preguntas sobre cómo la ciudad responsabiliza a sus agentes.
La ciudad y su fuerza policial condenaron rápidamente a los sospechosos por dispararle a Perez. En un día habían detenido a los oficiales Nicholas Villalobos, Eleazar Alejandro y el Sargento. Alfred Flores, incluso antes de que llegaran los informes balísticos.
Los abogados de los hombres argumentaron que el arresto fue apresurado. Uno dijo que no estaba claro de quién eran las balas que habían alcanzado a la mujer, por lo que es posible que tres hombres hayan sido arrestados cuando solo uno era el responsable. Más allá de eso, los abogados sostuvieron que los individuos actuaron apropiadamente bajo la ley.
Sin duda, la velocidad del arresto tenía la intención de enviar un mensaje a la comunidad de que se trataba de un acto atroz. Pero el jefe William McManus también recalcó que se trataba de un caso aislado.
“No tenemos ninguna brecha en nuestra capacitación o nuestras políticas que hubieran permitido que esto sucediera. …" él sentenció.
Pero la demanda federal presentada recientemente contra la policía hizo que los críticos se preguntaran: ¿de qué sirven las políticas del SAPD si los oficiales no las observan?
TPR encontró ocho suspensiones entre Alejandro y Flores, muchas de ellas por violaciones graves a las políticas en vigor. Flores estuvo a punto de ser despedido en 2017 por un altercado mientras estaba fuera de servicio y una investigación que descubrió que salía regularmente de su área de patrullaje para irse a casa. La suspensión indefinida se cambió por una de 10 días. Alejandro rompió innecesariamente una puerta en la casa de una persona.
"Lo que vio aquí [en los informes disciplinarios] fueron oficiales que se involucraron en una conducta que no solo estaba fuera de las políticas, sino que se comportaron como oficiales bajo una especie de ley en sí misma", explicó Jonathan Smith, exjefe de la sección especial de litigios de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia.
Smith pasó años investigando departamentos de policía por violaciones de patrones de comportamiento y prácticas.
Smith destacó que el historial de Flores es especialmente preocupante porque pudo ascender de rango y fue promovido dos veces, a pesar de haber cometido varias infracciones graves en un corto período de tiempo.
“Las suspensiones de esta longitud son inusuales”, aseveró. “Es decir, Flores de 2017, 2018, 2019 y 2021, tuvo tres infracciones graves. Eso se acerca mucho al [comportamiento] al final de una carrera en la mayoría de los departamentos”.
Smith observó que el SAPD tampoco toma en cuenta las infracciones pasadas ni emite castigos progresivamente más severos, como lo han hecho otros departamentos de policía.
En una declaración a TPR, un portavoz del departamento señaló cierta discreción otorgada a los comandantes para que no puedan ascender debido a suspensiones.
“A menos que el jefe de departamento tenga una razón válida para no nombrar a la persona, el jefe de departamento deberá nombrar al candidato elegible para promoción”, aclara el código del gobierno local.
Pero añadió que hasta hace poco, los contratos sindicales anteriores les habían impedido castigar progresivamente a los oficiales por completo. El contrato anterior limitaba qué tanto podría revisarse el desempeño pasado de un agente.
Lo que sorprendió a Theron Bowman, exjefe de policía en Arlington, Texas — quien fue policía durante más de 30 años y ahora dirige el grupo de consultoría del Centro de Políticas Criminales Basadas en Evidencia— fue que el departamento no usó medidas no punitivas en cualquiera de las suspensiones para Flores o Alejanrdo. Nadie fue enviado de regreso a la academia. Nadie fue reentrenado.
"Yo no vi eso", precisó. “El castigo por sí solo no suele ser suficiente para corregir la conducta o el comportamiento correcto. Pero parece que en estos casos, solo se aplicó el castigo, y no alguna acción correctiva adicional, como el reentrenamiento”.
El SAPD emplea lo que se llama un sistema de intervención temprana, un sistema informático que recopila una gran cantidad de datos sobre los oficiales y señala comportamientos y quejas de civiles, y puede enviar a los agentes a su Programa de observaciones para oficiales.
No está claro si alguno de estos elementos había sido referido al programa. El ayuntamiento le ha pedido al fiscal general de Texas que mantenga confidenciales las quejas civiles y las evaluaciones de desempeño de los oficiales involucrados en este tiroteo.
“Puedes tener un entrenamiento prístino y una supervisión y una cultura terribles que vienen con estos resultados”, ejemplificó Smith.
Estas deficiencias en el papeleo disciplinario junto con el encuentro mortal de Perez podrían significar que el SAPD contribuyó a una cultura en la que se tolera la fuerza excesiva.
“No se puede saber todo acerca de un departamento a partir de este incidente. Pero vaya, hay muchas cosas que parecen estar expuestas por lo que sucedió aquí”, agregó Smith.
Bowman llama a la cultura policial la "luz de guía" de los oficiales en la calle. Necesitan ser monitoreados y cuidados, reiteró.
El ayuntamiento y la policía han sido objeto de demandas una docena de veces en 10 años por violaciones a los derechos civiles. El gobierno local también tiene una alta tasa de mortandad bajo custodia. Según documentos estatales, 113 personas han fallecido mientras interactuaban o después de interactuar con la policía de San Antonio.
La demanda de la familia Perez dice que 96 de ellos fueron a manos de la policía, un número más alto que Chicago y Houston, siendo que ambas ciudades son mucho más grandes.
“Creo que 96 muertes bajo custodia durante un período de 10 años es mucho para cualquier ciudad importante de los Estados Unidos”, expresó Bowman. “No estoy familiarizado con la situación o las circunstancias, pero tener un promedio de casi 10 al año es mucho”.
TPR revisó los informes de 113 decesos y encontró al menos 80 que se debían directamente a las acciones de la policía. Las heridas de bala fueron la principal causa de muerte.
Las investigaciones sobre los oficiales que esperan la acusación continúan con el departamento de Asuntos Internos de SAPD, y la demanda federal puede ofrecer información nueva sobre cómo la policía se controla a sí misma.
CORRECCIÓN: una versión anterior de esta historia nombró erróneamente a la organización que administra Theron Bowman. Dirige The Bowman Group.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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