La Fundación Heritage bloqueó las ubicaciones de al menos 30,000 teléfonos celulares en refugios no gubernamentales (ONG) para migrantes y en instalaciones de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP son sus siglas en inglés). El grupo de expertos conservador con sede en Washington DC luego continuó rastreando el movimiento de los dispositivos en todo el país durante al menos un mes en enero de 2022.
Las Caridades Católicas de Rio Grande Valley y las estaciones de procesamiento de CBP en Del Rio y Val Verde en Texas se encontraban entre las más de 30 instalaciones para migrantes que fueron "geocercadas" para el seguimiento de datos en un informe publicado en diciembre por Heritage.
En el informe, Heritage establece que los datos de ubicación del teléfono celular se usaron para “probar el informe anecdótico de que el movimiento de extranjeros ilegales a través de los Estados Unidos está siendo facilitado no solo por el gobierno federal bajo el presidente Joe Biden y el secretario (DHS) Alejandro Mayorkas, pero también por las ONG”.
Ese informe generó señales de alerta con los expertos en privacidad sobre cómo la organización obtuvo los datos de ubicación de los celulares y las personas que podrían haber incluido.
Beryl Lipton, investigadora de la Electronic Frontier Foundation, explica que hay datos similares disponibles legalmente para la venta y que las empresas de marketing suelen comprarlos a intermediarios o redes celulares.
Sin embargo, Lipton explicó que la captura de datos en las instalaciones de migración descritas en el informe de Heritage es especialmente alarmante.
“No estaba claro cómo obtuvieron la información. Solo dijeron [en el informe] que fue 'obtenido'”, señaló Lipton. "No me queda claro por qué la información de las personas a las que ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU.) posiblemente les ha asignado un teléfono celular también debería incluirse en este tipo de intercambio público de datos de ubicación de teléfonos celulares".
Lipton se refiere a los dispositivos asignados a los migrantes bajo el programa de “alternativas a la detención”, o ATD. Bajo ATD, el gobierno federal asigna dispositivos "SMARTLink" para rastrear la ubicación de los migrantes después de que son liberados de la custodia federal.
ATD supervisó a 164,391 personas en el mes en que Heritage geocercó las ubicaciones, según el centro de investigación de datos sin fines de lucro 'TRAC Reports' de la Universidad de Syracuse. Lipton explica que los dispositivos SmartLink casi seguramente estuvieron presentes en las ubicaciones rastreadas por Heritage.
“Si van a ser liberados y se espera que regresen a algún tipo de procedimiento (judicial), se les habría asignado uno de estos teléfonos celulares SmartLink”, expuso Lipton. “O se les habría pedido que descargaran la aplicación SmartLink o se les habría asignado una pulsera electrónica”.
El informe de Heritage afirmó que los dispositivos rastreados fueron llevados por migrantes, y que esto se confirmó “en base a la observación de primera mano” en las instalaciones.
Mike Howell fue designado en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS son sus siglas en inglés) durante la Administración Trump. Ahora es el director del Proyecto de Supervisión del Patrimonio (Heritage Oversight Project), el programa que produjo el informe.
“Lo que queremos que la gente se lleve del informe es el sorprendente hallazgo de que prácticamente todos los distritos del Congreso de los Estados Unidos están siendo afectados por esta crisis fronteriza”, comentó. “El pueblo estadounidense merece saber quién viene a su país y a dónde va. Respaldan el uso de tales datos”.
En EFF, Lipton dijo que le preocupa específicamente cómo Heritage obtuvo los datos porque los dispositivos SMARTLink son propiedad de GEO Group, la misma empresa que genera ganancias a partir del encarcelamiento de migrantes.
“GEO Group es una corporación de prisiones privadas que tiene mucho interés en que los centros de detención de ICE estén llenos”, comentó Lipton. “Entonces, si estuvieron involucrados en la forma en que la Heritage Foundation obtuvo esta información, entonces eso es particularmente desagradable porque todo el informe claramente tiene una agenda”.
Howell respondió a las preocupaciones de Lipton.
“No voy a comentar sobre nuestras fuentes y métodos porque obviamente hay muchas fuerzas en juego que tienen intereses en juego en la continuación de esta crisis fronteriza”, afirmó. “Y muchos de ellos están en el gobierno federal. No vamos a darles ninguna ayuda para que vengan por nosotros. Los datos hablan por sí mismos”.
Un portavoz de GEO Group dijo en un comunicado que “GEO no tiene conocimiento de la metodología de The Heritage Foundation ni de cómo obtuvo la información para su informe. Lo que sí sabemos es que no provino de GEO ni de ninguna de sus subsidiarias”.
Cuando se le preguntó si los datos se habían obtenido específicamente de GEO Group o de alguna de sus subsidiarias directamente, Howell respondió: “No voy a comentar, negar o confirmar alguno de esos aspectos. Simplemente mantenemos nuestro informe”.
Lipton advirtió que hay varias formas en que Heritage podría haber obtenido los datos, e incluso haberlos obtenido directamente de GEO Group no necesariamente representa una infracción. A su vez, incluso si los datos no se obtuvieron de GEO Group, es posible que Heritage aún haya capturado dispositivos SmartLink y dispositivos de ciudadanos estadounidenses en su red de geocercas.
El informe de Heritage mostró que los teléfonos celulares se trasladaron desde instalaciones ubicadas en los EE. UU. cerca de la frontera con México a otras partes del país. Heritage afirmó que este movimiento mostraba que las ONG estaban “transportando activamente a extranjeros ilegales”.
Sin embargo, mientras el Departamento de Justicia especifica que el “transporte doméstico de extranjeros no autorizados” es ilegal, tanto el informe de Heritage como el de Howell declinaron usar esa palabra para caracterizar las acciones de las ONG que ofrecen ayuda a los migrantes.
Históricamente, las ONG han trabajado directamente con CBP e ICE brindando apoyo adicional cuando el DHS no ha podido detener a los migrantes.
Los migrantes que se pueden encontrar en refugios de ONGs en los EE. UU. han sido liberados por el gobierno federal y se les permite permanecer legalmente en el país, en espera de procedimientos judiciales de inmigración.
“Los estamos acusando de hacer algo malo en el sentido moral y patriótico”, argumentó Howell. “Están completando la cadena final de una cadena de contrabando de personas que comienza cuando los cárteles dejan a las personas en la frontera”.
Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas del American Immigration Council, una organización de defensa de migrantes sin fines de lucro, explicó que el informe no era correcto al sugerir que los migrantes o las ONG están haciendo algo ilegal o inapropiado.
“Para cuando un migrante llega a un refugio”, dijo, “es tan legal que la ONG le proporcione un boleto de autobús como que una ONG le proporcione un boleto de autobús a cualquier persona al azar en el país”.
“Deberíamos estar orgullosos, no enojados, por las formas en que las organizaciones de voluntarios han trabajado junto con los funcionarios federales, estatales y locales para defender un modelo colaborativo de gestión fronteriza”.
A pesar de esto, las ONG que trabajan en conjunto con las agencias federales para ofrecer ayuda a los migrantes recién llegados han sido blanco reciente de críticas y llamados a investigar.
Más recientemente, el gobernador Greg Abbott pidió al fiscal general del estado que investigara si las ONG estaban transportando “inmigrantes ilegales a través de nuestras fronteras”.
Y también en Texas, el congresista Republicano Lance Gooden escribió a Caridades Católicas que el Congreso programado para reunirse este mes iniciaría una investigación en 2023 sobre “violaciones potenciales de la ley federal y mal uso de los fondos de los contribuyentes” por parte de la organización.
Gooden le dijo a Caridades Católicas en la carta que la organización “podría estar sujeta a enjuiciamiento”.
A pesar de las amenazas de investigación y los informes y cartas distribuidos públicamente, Reichlin-Melnick dijo que probablemente no existiría una base legal para tales acciones.
“Esto está totalmente respaldado por el gobierno federal”, aclaró. “Ayudan a brindar asistencia a las ONG que responden a los migrantes a través del Programa de Alimentos y Refugio de Emergencia, un programa que el Congreso ha autorizado específicamente para reembolsar a las organizaciones que ayudan a responder a la situación en la frontera”.
Lipton añadió que independientemente de la política, las implicaciones de privacidad del enfoque adoptado por Heritage para investigar su informe se extienden más allá de los inmigrantes y la política de inmigración.
“Hay muchas preocupaciones de seguridad aquí para las personas que son ciudadanos estadounidenses”, dijo Lipton. “El hecho de que usen parte de esta información para decir que podría haber personas que están migrando a otras partes del país no significa que no tengan toda esa información para todos los demás que estuvieron en esos lugares en esos momentos”.
Además de la posible inclusión de dispositivos móviles que podrían haber pertenecido a ciudadanos estadounidenses a través de la "geocerca" utilizada en el informe, Lipton dijo que la capacidad de Heritage para ubicar geográficamente a los opositores políticos mientras viajan por todo el país también es preocupante.
“Creo que es aterrador”, explicó Lipton. “Porque estas personas claramente tienen una agenda y claramente tienen una comprensión básica de dónde pasan el tiempo las personas que se oponen a su ideología”.
Cuando se le preguntó si Heritage procuraría presentar un caso legal por este asunto, Howell respondió: “Yo diría que todas las opciones están sobre la mesa”.
Caridades Católicas no respondió a la solicitud de comentarios de TPR.
“Muchas ONG funcionan con presupuestos reducidos y tienen poco espacio para costosas luchas legales”, agregó Richlin-Melnick. “No hay duda de que una demanda vejatoria presentada contra ellos, incluso una con pocas posibilidades de éxito, podría dañar potencialmente a una ONG … También espero que muchas ONG estén considerando contratar seguridad adicional para defenderse de posibles amenazas causadas por malos actores que aprovechan informes como este para atacarlos”.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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