En agosto de 2021, el gobierno mexicano presentó una demanda por 10 mil millones de dólares en contra de once fabricantes de armas estadounidenses, incluidos Smith & Wesson, Colt y Beretta, acusándolos de comercializar y vender armas que son atractivas para el crimen organizado además de contribuir a la rampante violencia en México. La denuncia hace un reclamo a la negligencia por parte de estas corporaciones.
Después de más de un año de espera por un fallo, la decisión finalmente se emitió el pasado viernes 7 de septiembre en un documento de 44 páginas en el que el juez federal de Massachusetts, F. Dennis Saylor, declaró que los reclamos del gobierno mexicano no procedían al estar “prohibidos por la ley federal o por fallar por otras razones.”
El fallo se emitió en medio de días marcados por la violencia de grupos armados en varios estados mexicanos. Tan solo la semana pasada, hubo varios casos de violencia reportados en todo el país. Grupos criminales irrumpieron en un centro comercial en Jalisco, en el oeste de México, lo que ocasionó un tiroteo entre hombres armados y soldados. Tres días después, en San Miguel Totolpan, en el sureño estado de Guerrero, un grupo de hombres abrieron fuego en un salón municipal y una casa teniendo como resultados 20 víctimas, incluido el alcalde.
México quiere responsabilizar a los fabricantes de armas estadounidenses por la violencia perpetrada con sus armas. Pero, hasta ahora, probar la culpabilidad en los tribunales ha sido un desafío.
Alejandro Celorio, Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y pieza principal de la demanda, explicó el fallo del juez a TPR. “El principal argumento es que los demandados, las empresas que el gobierno de México está demandando por su negligencia que facilitan activamente el tráfico ilícito de sus armas de fuego a México, gozan de las inmunidades que otorga la Ley de Protección al Comercio Lícito de Armas”, dijo.
La Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, o PLCAA por sus siglas en inglés, se aprobó en 2005 para proteger a fabricantes y comerciantes de armas de ser considerados responsables de delitos cometidos con sus armas. La ley establece que tampoco pueden ser considerados responsables por negligencia cuando existen motivos para sospechar que se está comprando un arma para cometer un delito.
PLCAA ha causado controversia desde sus inicios. Legisladores que presionan por el control de armas en Washington se han manifestado abiertamente en contra. El senador de Connecticut, Richard Blumenthal, ha sido un partidario activo del derecho a demandar a empresas fabricantes de armas por parte de las familias de las víctimas de violencia armada. “Se enfrentan a un defensa que dice, somos diferente, la ley no se aplica a nosotros. Las leyes de negligencia, de responsabilidad por productos defectuosos, esas leyes, estamos por encima de ellas. ¿Por qué esta industria recibe esta exención?”
Estas empresas rechazaron solicitudes de comentarios de TPR sobre la demanda hace unos meses.
Celorio considera que PLCAA no tiene fundamentos para proteger a estas empresas contra la demanda impuesta por el gobierno mexicano porque los delitos se cometieron en territorio extranjero. “Este estatuto de inmunidades, argumentamos, no tiene aplicación extraterritorial. Además, planteamos el hecho de que, bajo el análisis de la elección de la ley, la ley que debería aplicarse, la ley de responsabilidad civil que debería aplicarse es la ley del lugar del daño”, agregó. “Esa es la ley mexicana, en este caso, una ley sustantiva”.
El gobierno mexicano ya está trabajando en la apelación de este caso y también presentará próximamente una nueva demanda centrada en los traficantes de armas.
“Estamos investigando a los distribuidores ahora en Arizona, y podremos probar que los distribuidores están vendiendo conscientemente a testaferros de una manera sistemática y rutinaria”, dijo. “Y al probar eso, vamos a reforzar nuestro argumento de que la industria de las armas, los grandes fabricantes a los que estamos demandando, están informados y son conscientes de que sus productos se venden a cárteles, a delincuentes, y no han hecho nada para cambiar esto”.
La demanda afirma que del 70% al 90% de las armas recuperadas en las escenas del crimen en México fueron traficadas desde Estados Unidos, información que confirma la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF por sus siglas en inglés.
Timothy Sloan, ex director de la ATF de Estados Unidos en México, dijo que cree que una de las razones del reclamo es la facilidad con la que las armas ingresan a México.
“Bueno, es tan fácil porque las leyes de armas en Estados Unidos facilitan la obtención de armas para los estadounidenses o personas con doble nacionalidad y luego van al sur”, explicó. “Realmente no hay controles para llegar al sur. Entonces, creer que las armas de fuego se trasladan a México de otra manera que no sea la frontera entre Estados Unidos y México es una creencia falsa. Está incorrecto. [Los traficantes] simplemente conducen hacia el sur en vehículos y, del lado mexicano, no hay inspección”.
La realidad es que las armas que llegan a México, provienen de todos los estados del país del norte, no solo de los que comparten frontera con México, según explica Sloan. “En 2021, estadísticamente, a través de nuestro programa de rastreo en México, como jefe de la agencia, puedo decir que teníamos armas de fuego en México de los 50 estados, incluidos Hawái y Alaska. Entonces, no es solo Arizona, y no es solo Texas”.
Celorio agregó que, además de perseguir a las organizaciones criminales, esta fue la primera vez que se consideró la responsabilidad empresarial en un esfuerzo por contener el tema del tráfico de armas. “Los gobiernos han estado haciendo su trabajo”, dijo. “Pero ¿qué pasa con las corporaciones?”.
En un esfuerzo por detener el flujo de armas en la frontera, México ha rastreado alrededor de 16,000 armas hasta Estados Unidos este año. Pero no es la gran cantidad de armas lo que preocupa a las autoridades, sino el tipo de armas.
“Estamos viendo más y más armas de asalto, rifles, armas de estilo militar. Y esto es muy preocupante porque recordemos que en México tenemos civiles delinquiendo con armas tipo militar. Armas que no deberían estar en manos de civiles en México”.
A medida que las organizaciones criminales aumentan su poder, también lo hace el ejército, lo que resulta en interminables enfrentamientos que resultan en miles de víctimas civiles. Estas armas de alto calibre son también una forma de amedrentar; algunos grupos criminales son conocidos por su gran presencia en redes sociales.
En julio de 2020, el Cartel Jalisco Nueva Generación publicó un video que mostraba a miembros del cartel armados con armas de grado militar, incluidos rifles de francotirador calibre .50, junto a un convoy de vehículos blindados. El video muestra a varias decenas de uniformados gritando que son la “gente del señor Mencho”, el apodo que se le da a Nemesio Oseguera, líder del cártel. Esta exhibición provocó miedo y preocupación de que el cartel ahora estaba armado con armas más destructivas.
El origen y el sustento del tráfico ilícito de armas ha demostrado ser mucho más complejo. Un grupo de hacktivistas con el nombre de "Guacamaya" filtró más de cuatro millones de supuestos documentos militares el pasado 29 de septiembre y ha puesto bajo escrutinio, y presión, los planes de militarización del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
Las revelaciones de las filtraciones han incluido los vínculos entre gobernadores y grupos criminales, y la corrupción entre los agentes de aduanas en Baja California. Mexicanos Contra La Corrupción, un centro de estudios mexicano, informó que uno de estos documentos probaba que la Secretaría de la Defensa Nacional de México, o SEDENA, tenía conocimiento de un oficial militar que ofrecía armas y equipo táctico a grupos armados. La célula delictiva radicada en el Estado de México confirmó la compra de granadas.
Si bien el gobierno mexicano deberá responder por su propia complicidad, los 32 fiscales generales de México han expresado su apoyo a la demanda contra los fabricantes de armas de Estados Unidos, así como los fiscales generales de 13 estados estadounidenses además de Washington, DC.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se ha pronunciado frente al Senado afirmando que “no tienen inmunidad, ni en México ni en ningún otro lugar del mundo”, y dice tener un compromiso inquebrantable para seguir adelante con este litigio.
El gobierno mexicano expresó su esperanza de que esta demanda genere conciencia de que las empresas deben rendir cuentas por los daños causados por sus productos. Celorio dijo que para tener cambios en la forma en que comercializan su producto, debían ser demandados.
“Si no fuera por este tráfico ilícito, no existirían esas armas que vemos en manos del crimen organizado”.
Este reportaje se realizó en colaboración con el Pulitzer Center.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Stephania Corpi e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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