Actualizado a las 8:05 p. m. con respuesta del Departamento de Justicia.
El Departamento de Justicia de los EE.UU. apeló la adjudicación de $230 millones de dólares a las víctimas del tiroteo masivo de Sutherland Springs que en 2017 cobró la vida de 26 personas e hirió a casi dos docenas más.
Al ex aviador Devin Kelley se le debería haber prohibido comprar el rifle de asalto que usó en los asesinatos después de que fue declarado culpable de agredir a su ex esposa y a su hijastro. El testimonio de la corte demostró que la Fuerza Aérea sabía que Kelley era una amenaza. Los documentos mostraron que había amenazado con matar a un oficial y que elementos de la Fuerza Aérea emitieron advertencias sobre él si lo encontraban en la base.
“Y lo soltaron entre el público. Y lo soltaron en esa iglesia, mientras se protegían de él, pero no a los niños, ni a los bebés, ni a las familias en esa iglesia”, sentenció Jamal Alsaffar, abogado principal de las víctimas en dicho caso.
Un juez federal en San Antonio encontró a la Fuerza Aérea responsable del tiroteo en julio pasado porque no envió los antecedentes penales militares del tirador al FBI. Ordenó a la rama militar pagar $230 millones en daños después de una serie de audiencias individuales a principios de este año.
El llamamiento se produjo dos semanas después del tiroteo mortal en la escuela primaria en Uvalde que cobró la vida de 19 niños y dos adultos.
Uvalde impulsó cierto movimiento en torno a la reforma de la seguridad de las armas, la verificación de antecedentes y otras medidas. No está claro qué podría suceder con un tema que ha estado estancado mucho tiempo.
También provocó importantes discursos del presidente Joe Biden, quien ha impulsado la reforma.
El abogado de las víctimas Jamal Alsaffar consideró que las declaraciones públicas recientes de la administración Biden contradicen la apelación del Departamento de Justicia.
“Es absolutamente hipócrita. No tiene sentido. No cuadra y la única explicación es que el gobierno federal simplemente no quiere asumir la responsabilidad por lo que hizo mal”, dedujo Alsaffar.
El caso ahora irá a la corte conservadora de apelaciones del quinto circuito, y podrían pasar meses o años más antes de que las víctimas y sus familias vean el dinero. Muchas de estas familias todavía están luchando con las ramificaciones médicas de cientos de balas que tupieron la Primera Iglesia Bautista de Sutherland Springs.
“Que el gobierno intente simplemente agotar el tiempo, que la administración de Biden intente agotar el tiempo, agotar su vida antes de que me hagan justicia. Simplemente no quiero creer que eso sea cierto”, arguyó Alsaffar.
Cinco víctimas de edad avanzada han muerto a la espera de que finalicen los juicios.
Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que a las víctimas y sus familias se les debía casi $22 millones de dólares a principios de este año por costos médicos actuales y futuros. Los demandantes creían que el número era más de 10 veces esa cantidad.
Al final, el gobierno ofreció alrededor de $31 millones y los demandantes reclamaron más de $419 millones. El juez Xavier Rodriguez, a su sola discreción, fijó un monto de $230 millones.
El Departamento de Justicia resolvió casos de responsabilidad federal en otros dos asesinatos en masa, incluido el tiroteo en la escuela Parklandy el tiroteo en la iglesia episcopal Madre Emanuel AME. En Parkland, se les otorgó a las víctimas la cifra de $127 millones, y en el incidente en la iglesia de Charleston, la indemnización fue de $88 millones.
"Al presentar este aviso, el gobierno continúa su revisión minuciosa de los problemas legales presentados", precisó Dena Iverson, vocera del Departamento de Justicia en una declaración preparada.
No estaba claro qué argumentará el Departamento de Justicia en términos de una apelación, y no respondió a las preguntas planteadas en esta nota periodística.
La presentación judicial solo decía que apelarían. Alsaffar creía que el único argumento que podían presentar es que las verificaciones de antecedentes no funcionan y, por lo tanto, el hecho de que la Fuerza Aérea no enviara los antecedentes penales del tirador al FBI no habría supuesto ninguna diferencia.
“Probamos que los sistemas federales de verificación de antecedentes funcionan para prevenir los tiroteos, incluido el tiroteo de Sutherland Springs. Entonces, este es realmente un llamado cínico por parte de la administración Biden”, concluyó.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares, Roberto Sierra, Francisco Marín e Yvette Benavides, para NPR y The Texas Newsroom. Haga clic aquí para más cobertura de Uvalde en español.
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