La Administración del Seguro Social anunció en febrero que recortaría el 12% de su personal. La Asociación Americana de Personas con Discapacidad y otras organizaciones que asisten a la comunidad con discapacidad presentaron una demanda contra DOGE y la Administración del Seguro Social a principios de este mes.
La demanda planteó que ciertas acciones de la agencia, como las recientes reducciones masivas de personal, perjudican ilegalmente a los estadounidenses con discapacidades que dependen de los servicios del Seguro Social.
El abogado de discapacidades del Seguro Social, John Heard, secretario de la junta de Disability SA, dijo que los problemas de personal de larga data existían mucho antes de la actual administración de Trump.
“El Seguro Social ya tenía su menor dotación de personal en 50 años”, afirmó Heard. “Ya se tardaba ocho meses desde que se presentaba una solicitud de prestaciones por discapacidad, ocho meses para obtener una decisión inicial de 'sí o no', lo cual es horrendo y sin precedentes. Hay más de un millón de casos pendientes en las diversas agencias estatales sobre solicitudes”.
Kay Chiodo, directora ejecutiva de No Barrier Communications (NOBACOMM son sus siglas en inglés) y directora ejecutiva y fundadora de Deaflink, señaló que la comunidad sorda ha tenido dificultades para recibir ingresos del Seguro Social.
Chiodo ofreció el ejemplo de una viuda que no pudo encontrar un intérprete en su oficina del Seguro Social: “Tenemos una señora cuyo esposo falleció, pero ella era sorda. Su esposo era sordo. Es una pesadilla, una pesadilla. Y luego acudir, dar media vuelta e irse porque alguien se sienta allí y simplemente mueve la boca frente a ti, o señala un papel y te da una pluma o esto y aquello”.
Chiodo explicó que la mujer tuvo que depender de uno de sus nietos pequeños, en edad escolar primaria, para que actuara como su traductor.
Algunos defensores de personas con discapacidad coincidieron en que podría haber un gasto innecesario en la Administración del Seguro Social. Sin embargo, Wendy Walker, vicepresidenta de la sección de San Antonio de la Federación Nacional de Ciegos, expresó que desea ver una toma de decisiones más meditada para evitar que la comunidad con discapacidad se vea gravemente afectada.
“Como persona con discapacidad, creo que los recortes que se están haciendo no son transparentes ni investigan la causa y el efecto de los mismos”, agregó. “Creo que es una forma miope de actuar. Esto tendrá un efecto muy negativo en quienes dependen de esos fondos para ser parte productiva de la sociedad y mantenerse fuera de la calle y de la pobreza”.
El principal demandante en la demanda, la Asociación Estadounidense de Personas con Discapacidad, destacó que alrededor de 30,000 personas con discapacidad murieron en 2023 mientras esperaban la aprobación de sus solicitudes de seguro de discapacidad del Seguro Social.
La Administración del Seguro Social no respondió a la solicitud de comentarios de TPR.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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