Millones de personas que dependen de establecimientos de cambio de cheques, como ésta en la ciudad de Nueva York, podrían tener problemas para comprar un seguro de salud.
Residentes del sur de Texas: si planean enviar dinero a familiares en el extranjero o cobrar su cheque de pago, no se sorprendan cuando ahora les pidan su número de seguro social.
A partir del lunes, la administración Trump exigirá a centros cambiarios como Casa de Cambio y Western Union en la frontera entre los Estados Unidos y México que documenten cada transacción en efectivo de entre $200 y $10,000. Esto significa que los clientes deberán proporcionar su número de seguro social u otra información de identificación. Quienes no sean ciudadanos o residentes estadounidenses deberán mostrar su pasaporte, tarjeta de residencia permanente u otro documento oficial.
El cambio de política tiene como objetivo combatir las actividades ilícitas, como el lavado de dinero, de los cárteles de la droga y otros delincuentes, según el anuncio de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
"Como parte de un enfoque que involucra a todo el gobierno para combatir esta amenaza, el Tesoro sigue centrado en aprovechar todas nuestras herramientas y facultades disponibles para identificar y contrarrestar mejor estas actividades delictivas", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, al momento del anuncio el mes pasado.
La orden se dirige a 30 códigos postales a lo largo de la frontera con México en California y Texas, incluidos los condados de El Paso, Hidalgo y Cameron.
Algunos dueños de negocios a lo largo de la frontera están preocupados por el trabajo adicional que esto generará cuando ya están obligados a presentar informes de grandes transacciones de efectivo, y afirmaron que la política podría disuadir a los clientes preocupados por su privacidad. Los inmigrantes que se encuentran legalmente en el país, y aquellos sin estatus legal que envían dinero regularmente a sus familiares en su país de origen, podrían estar preocupados por el uso que el gobierno hará de su información.
La decisión de ampliar el tipo de transacciones en efectivo que se rastrean forma parte de los esfuerzos de la administración Trump para combatir a los cárteles de la droga y otras bandas criminales. A principios de este año, los departamentos de estado y del tesoro designaron a varios grupos como organizaciones terroristas extranjeras o "especialmente designadas".
Albert Torres, director senior de programas del Instituto George W. Bush, que se centra en temas como las finanzas ilícitas, la corrupción y la cleptocracia, dijo que hace años se utilizaron herramientas similares para identificar actividades de tráfico de cocaína desde Colombia a la ciudad de Nueva York.
El seguimiento de estas transacciones en efectivo es un intento de complicar el lavado de dinero y una práctica conocida como "estructuración", explicó.
"Así es como se dividen los depósitos grandes en depósitos más pequeños para ocultar que se blanquean a través de diferentes jurisdicciones", explicó Torres. "Por ejemplo, en lugar de depositar $20,000 de una vez, se hacen 10 o 15 depósitos diferentes que eventualmente suman esos $20,000".
Sin embargo, otros expertos en políticas expresaron preocupación acerca de quiénes se verán realmente perjudicados por esta orden.
"El gobierno federal dice que tiene en la mira a estos cárteles, blanqueadores de dinero y grupos que traen drogas al país", señaló Nicholas Anthony, analista de políticas del Cato Institute, un centro libertario de estudios. "Pero en realidad, lo que ocurre con esto es que el gobierno federal tiene en la mira a todos porque el límite de 200 dólares es demasiado bajo".
Anthony señaló que enviar cantidades de efectivo desde tan solo $200 es una cantidad bastante normal a familiares que viven en el extranjero, generalmente llamadas "remesas". Quienes cobran su nómina en casas de cambio también terminan registrando su información personal, añadió.
The Texas Newsroom se comunicó con el FinCEN para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta.
Xavier Guerra es presidente de Reynosa Casa de Cambio, Inc., que cuenta con 13 sucursales en el Valle del Río Grande. Todas, menos dos, se encuentran en los códigos postales objetivo. Expuso que ha informado al gobierno federal sobre su preocupación por cómo se verá afectado su negocio y otros similares.
"Proporcionar tu número de seguridad social a cambio de doscientos dólares es ridículo", explicó Guerra.
Guerra enfatizó que los clientes que visitan desde otros países pueden ser reacios a proporcionar su número de pasaporte o visa de turista por temor a que la información recopilada pueda usarse para rastrearlos o negarles la entrada futura a los EE. UU.
Además, Guerra indicó que presentar informes por montos menores solo generará más trabajo para empresas como la suya. Las empresas de servicios financieros ya presentan lo que se conoce como Informe de Transacciones de Divisas para transacciones grandes en efectivo.
A los dueños de negocios como Guerra les preocupa tener que recortar personal o cerrar si pierden clientes. Explicó que los estadounidenses que quieran cambiar dólares por pesos camino a México podrían decidir esperar y hacerlo en México.
"Escribimos al FinCEN y estamos alentando al público en general a hacer lo mismo", enfatizó.
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Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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