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La administración Trump revierte orden que obligaba a los abogados de menores no acompañados a dejar de trabajar en estos casos

Fotografía de Juan Pablo Serrano
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Lee esta historia en inglés.

La administración Trump anuló el viernes una orden que obligaba a los abogados que representan a menores no acompañados que buscan asilo a dejar de trabajar en dichos casos.

Se notificó al Centro Acacia para la Justicia, principal titular del contrato de los abogados de menores no acompañados, que podía retomar sus labores.

Se trata de un cambio radical respecto de la orden del martes que afectó a 26,000 niños, algunos de apenas unos meses de edad, y que según los defensores dejó en peligro a menores que ya eran vulnerables.

"Sinceramente, me puse a llorar," dijo Shaina Aber, directora ejecutiva del Centro Acacia para la Justicia. "Tengo dos hijos pequeños. Tengo hijos en edad escolar primaria y en las últimas 48 horas no he dormido pensando en los niños, niños que llegan al tribunal sin abogados."

Durante más de 15 años se han brindado servicios legales a niños menores que llegaron a los Estados Unidos sin sus padres, muchos de ellos después de haber sufrido traumas y tráfico de personas. La decisión de la administración Trump, sin previo aviso, de dejar de pagar a los abogados que ayudan a los niños contradice un acuerdo bipartidista de años sobre el tema, afirmó Aber cuando se emitió la orden.

Texas y su frontera sur juegan un papel a lo sumo importante en el número de menores no acompañados que cruzan al país. Más de 15,000 niños recibieron servicios legales en el año fiscal 2024, según el Proyecto de Representación de Inmigrantes de Galveston-Houston (GHIRP son sus siglas en inglés). Más de 5,000 casos estaban activos cuando se ordenó que dejaran de funcionar.

A pesar de la orden, muchos abogados esperaban seguir representando a los niños de sus clientes de forma gratuita.

“Teníamos previsto continuar con la labor. Por supuesto, necesitamos financiación para ello y las reservas solo se pueden utilizar durante un tiempo,” expuso Alexa Sendukas, abogada gerente de GHIRP.

El lunes se cumple un plazo clave para los menores no acompañados, ya que los solicitantes de asilo intentan convertirse en miembros de la clase en un acuerdo con el gobierno federal por un caso judicial federal de 2019 llamado JOP vs. el Departamento de Seguridad Nacional. La orden de paralizar el trabajo se produjo mientras muchos abogados se apresuraban a presentar la documentación para proteger aún más a los clientes de cara a las audiencias de deportación.

"Aún queda una fecha límite importante. En todo caso, fue una broma cruel hacer esto esta semana," consideró Jonathan Ryan, un abogado de inmigración con sede en San Antonio.

El anuncio del viernes sobre el retorno de la financiación evita algunas conversaciones difíciles, al menos temporalmente.

Incluso con la rescisión, la orden sigue provocando conmoción en el ámbito de los servicios para inmigrantes y refugiados, que ya han comenzado a adaptarse a una administración de extrema derecha y antiinmigrante. Los proveedores de servicios como RAICES y Catholic Charities han despedido a cientos de personas en todo Texas en el último mes, ya que el dinero para prestar los servicios se agota.

El contrato debía renovarse a fines del próximo mes y Aber no quiso especular sobre lo que podría hacer la administración actual.

Pero espera que la oleada de apoyo que presenció de parte de la comunidad y del Congreso haya dado un mensaje contundente. Calculó que en tan solo unos días se enviaron 15,000 cartas de apoyo a los miembros del Congreso pidiendo que se siguiera con la financiación.

"Nuestra esperanza es que esta rescisión de la orden de suspensión de trabajos represente el compromiso continuo de los partidarios bipartidistas en todo el país de que los niños deben ser tratados con dignidad," señaló Aber, "que sus derechos deben ser protegidos, que sus derechos al debido proceso no deben ser desechados por capricho o en base a aspiraciones políticas."

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom. 

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Paul Flahive can be reached at Paul@tpr.org