Las familias de 19 víctimas del tiroteo en la escuela primaria Robb de 2022 anunciaron un acuerdo el miércoles con la ciudad y el condado de Uvalde. También dieron a conocer una demanda contra el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS son sus siglas en inglés).
Las familias están demandando a los 92 agentes individuales del DPS que estuvieron allí ese día cuando cientos de elementos de agencias locales, estatales y federales esperaron más de una hora para enfrentar al asesino que mató a 19 estudiantes y dos maestras.
Josh Koskoff es uno de los dos abogados que representan a las familias de las víctimas de la balacera. Afirmó que se presentarían varias demandas.
“Más inmediatamente, contra el estado de Texas, que no ha hecho nada más que agobiar a esta ciudad antes del tiroteo al no darles los recursos que necesitaban. [Han] impedido que estas familias obtengan la información que necesitan y luego culpan al ayuntamiento como si no la tuvieran, ¿cuántos policías hay? 98,” aseguró.
Mientras tanto, las familias llegaron a un acuerdo con el gobierno de la ciudad por $2 millones y con el condado de Uvalde por $2 millones, ambos en forma de pagos de seguro. Esa demanda nombró al entonces jefe de policía del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde, Pete Arredondo, quien se suponía era el comandante que atendería el incidente ese día, y a la entonces directora de la Escuela Primaria Robb, Mandy Gutierrez.
El acuerdo incluyó esfuerzos para reconstruir el Departamento de Policía de Uvalde, establecer el 24 de mayo como un día anual de conmemoración, diseñar un monumento conmemorativo permanente en el centro y continuar con los servicios de apoyo de salud mental para la comunidad.
“Uvalde es una ciudad que necesita sanar, y este acuerdo, cuyos términos se alcanzaron a través de conversaciones abiertas y difíciles, es un importante paso adelante en ese proceso. Las familias que representamos tienen todo el derecho a mostrarse desconfiadas y enfadadas. Estoy asombrado de que, a pesar de eso, acordaron encontrar una manera de avanzar para que esta comunidad pueda comenzar a sanar,” expresó Erin Rogiers, socia de Guerra LLP, abogada de las familias, junto con Koskoff, Koskoff & Bieder PC.
Javier Cazares es el padre de Jackie Cazares, un niño de 9 años que falleció en el tiroteo. Él está entre las 19 familias que entablaron un litigio.
“Todos sabemos quién les quitó la vida a nuestros hijos,” recordó. “Pero ahí afuera hubo una falla sistémica obvia. El 24 de mayo, el mundo entero vio eso. Ninguna cantidad de dinero vale la vida de nuestros hijos.”
Los recientes acontecimientos legales se dieron tras una Revisión del Departamento de Justicia que encontró que se habrían salvado vidas si no fuera por fallas sin precedentes en la aplicación de la ley.
“La inacción de las fuerzas del orden ese día fue una traición completa y absoluta a estas familias y a los hijos, hijas y madres que perdieron. TXDPS tenía los recursos, la capacitación y la capacidad de disparar para responder apropiadamente, lo ignoraron todo y fallaron en todos los niveles," reiteró Rogiers. "Estas familias no sólo tienen el derecho sino también la responsabilidad de exigir justicia, tanto por su propia pérdida como para evitar que otras familias corran la misma suerte.”
En un comunicado el jueves, el DPS aclaró que no analiza litigios pendientes.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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