Hidalgo y Cameron, dos condados a lo largo del Río Grande, emitieron declaratorias de desastre la semana pasada debido a una escasez crítica de agua en la región.
Las declaratorias son el siguiente paso en un esfuerzo por conservar el agua a nivel local, solicitar recursos y asistencia al estado y trabajar con el gobierno de los Estados Unidos para influir en México para que entregue el agua que se le debe a la región en virtud de un tratado internacional.
“Antes de los tradicionalmente calurosos meses de verano, el sur de Texas continúa experimentando graves condiciones de sequía,” dijo el juez del condado de Cameron, Eddie Treviño, en su declaratoria.
El embalse Falcon, cerca de Zapata en el Río Grande, proporciona la mayor parte del suministro directo de agua superficial al Valle del Río Grande.
Esta semana hace un año, Falcon registró un nivel de llenado del 19.7% en sus reservas de agua. Este año, esa cifra es del 13.7%. Los líderes de la región fronteriza esperan que esa reserva siga cayendo ahora y durante el verano con un calor extremo.
En 2023, Falcon alcanzó un mínimo histórico del 8% de su capacidad de llenado en octubre, una caída de 11.7 puntos porcentuales respecto a los mismos seis meses que enfrenta la región este año.
El juez del condado de Hidalgo, Richard Cortez, calificó la situación como “una amenaza de desastre inminente” en su orden.
Las declaratorias hicieron que los condados fueran elegibles para recibir préstamos estatales y subvenciones para empresas afectadas por la escasez de agua.
En febrero, más de 500 personas en el Valle del Río Grande perdieron sus empleos cuando el único ingenio azucarero en funcionamiento en Texas, una empresa que representaba a más de 100 agricultores independientes, cerró debido a la falta de acceso al agua de riego.
La ciudad de Mission está considerando detener todas las construcciones nuevas y Brownsville ha emitido una ordenanza que prohíbe la edificación de nuevos autolavados en un radio de cinco millas entre sí.
Cortez dijo que la sequía también ha sido un desafío porque México ha retrasado los pagos de agua a los Estados Unidos que se le adeudan en virtud de un tratado internacional.
El Tratado de Aguas de 1944 calcula los pagos por agua de México como promedios anuales dentro de un período de cinco años. También establece que “en caso de sequía extraordinaria... cualquier deficiencia existente al final del mencionado ciclo de cinco años se compensará en el siguiente ciclo de cinco años”, por lo que los esfuerzos para recibir agua de México sean en gran medida diplomáticos.
Sin embargo, los niveles actuales de agua en ambos lados de la frontera han puesto en duda la capacidad de México para entregar en última instancia el agua que debe en el actual período de pago, que continúa hasta 2025.
Bobby Janecka, comisionado de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ son sus siglas en inglés), afirmó que “será hidrológicamente imposible para México cumplir con sus obligaciones convencionales en este ciclo de cinco años” en una carta de febrero dirigida a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA son sus siglas en inglés), que supervisó el Tratado de Aguas de 1944.
Una coalición de líderes fronterizos que incluye al Senador Republicano John Cornyn, los Representantes Tony Gonzalez y Monica De La Cruz, y los congresistas Demócratas Henry Cuellar y Vicente Gonzalez se han unido a llamadas semanales con el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, para solicitar asistencia con asuntos internacionales como son los pagos de agua a nivel federal.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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