La Unión Del Pueblo Entero (LUPE), una organización de defensa de la inmigración con sede en el Valle del Río Grande, ha presentado una demanda contra el estado de Texas por la SB4, la controvertida ley que permitiría a las agencias policiales estatales y locales arrestar a aquellos sospechosos de cruzar a Texas ilegalmente.
La demanda, a la que se unieron cuatro residentes de Texas, es la primera en impugnar la SB4 a nombre de individuos personalmente afectados por la ley. También es la primera en plantear la afirmación de que la SB4 viola los derechos constitucionales contra registros e incautaciones irrazonables, así como castigos crueles e inusuales, todo esto son derechos protegidos por las enmiendas Cuarta y Octava.
El Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC, por sus siglas en inglés) dijo que los cuatro residentes de Texas que representa en la demanda, nombrados únicamente como “Demandantes Doe”, se encuentran en el país bajo “vías disponibles o solicitudes de inmigración pendientes” y se considera por el gobierno federal de los Estados Unidos que están legalmente presentes en el país.
Sin embargo, si se implementara la SB4, Texas podría expulsar a dichas personas si alguna vez volvieran a ingresar al estado en cualquier momento en el pasado.
Tania Chavez, directora ejecutiva de LUPE, dijo que esta es exactamente la situación de las personas representadas en la demanda.
“En esta demanda en particular, en realidad estamos incluyendo a miembros de la comunidad que se verán afectados por esta ley a pesar de que ya tienen estatus legal en el país,” señaló. “El hecho de que fueran lo suficientemente valientes como para enfrentarse al estado de Texas y esta legislación antiinmigrante muestra cuán resiliente es la comunidad.”
Una de las demandantes llamada Mary Doe es originaria de El Salvador, ha vivido en los Estados Unidos desde más de 30 años y tiene permiso del gobierno federal para estar en el país. Pero aún podría ser procesada y expulsada en Texas bajo la SB4.
“Soy texana y Estados Unidos es mi hogar,” afirmó Mary Doe en un comunicado emitido por NILC. “Mis hijos, mis padres y toda mi vida están aquí. Tengo permiso para trabajar, trabajo duro, pago impuestos y estoy orgullosa de mi trabajo como empleada del gobierno. Esto es lo que hacen los inmigrantes: trabajan duro, contribuyen al país y crían a sus hijos para que hagan lo mismo. Me pongo de pie para luchar contra esta ley porque lo que Texas está haciendo está mal. Si me sacaran de mi hogar y me enviaran a un país que apenas conozco, sería devastador no sólo para mí, sino para todos en loEstados Unidos con quienes mi vida está relacionada.”
Sin embargo, Chavez dijo que la ley afectará a muchas más vidas que las de los demandantes que aparecen nombrados: algunos de los 8,000 miembros de LUPE se encuentran en situaciones similares.
“Una cierta porción de nuestros miembros locales que actualmente tienen estatus legal también pueden haber reingresado en el pasado,” explicó. "Ahora estarán sujetos a criminalización según la SB4 porque la ley será retroactiva."
El gobernador Greg Abbott promulgó la SB4 en diciembre y dijo que “el objetivo del Proyecto de Ley Senatorial 4 es detener la marejada de entradas ilegales a Texas” mientras criticó la administración Biden por su aplicación de la seguridad fronteriza.
“La inacción deliberada de Biden ha dejado a Texas a su suerte”, añadió durante la firma del proyecto de ley en el Valle del Río Grande.
Kica Matos, presidenta del NILC, calificó la SB4 como “una estratagema política descarada” y una “ley racista, inmoral e ilegal.”
La demanda nombra a Abbott, al Fiscal General Ken Paxton y al Director del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), Steven McCraw, como acusados, quienes según Matos están involucrados en “otro intento más de tomar la ley federal de inmigración en sus propias manos para beneficio político personal, a expensas de las familias y comunidades de Texas”.
LUPE está representado como demandante en la demanda por el Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF son sus siglas en inglés), y afirmó que la SB4 interferirá con su capacidad para atender a sus clientes de servicios legales, que según la presentación son en su mayoría “no detenidos y no ciudadanos estadounidenses que buscan asilo”.
La demanda agregó que los clientes de servicios legales de LUPE "no podrían presentarse a sus citas de inmigración en LUPE ni presentarse a entrevistas o audiencias con las autoridades federales de inmigración", alegando que la SB4 "obstruiría el acceso de LUPE a sus clientes" e "interferiría con su capacidad para proporcionar una representación legal efectiva.”
Thomas A. Saenz, presidente y asesor general de MALDEF, expuso que la SB4 representa una de las leyes estatales más radicales para abordar la inmigración.
“La SB4 es la ley estatal antiinmigrante más extrema de los últimos 50 años, sin excepción,” añadió. “La ley no sólo busca establecer el propio aparato de deportación y remoción del estado utilizando oficiales de policía y jueces no capacitados, sino que al hacerlo, la SB4 busca imponer el castigo penal totalmente obsoleto del destierro. Por mucho que sus líderes deseen lo contrario, Texas sigue siendo una entidad de 50 en un Estados Unidos moderno, por lo que la SB4 debe caer.”
El lunes expira una pausa temporal en la implementación de la SB4 establecida por la Corte Suprema, en espera de un litigio separado con el Departamento de Justicia.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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