Con un tono de voz suave y triste, Jackie Juarez describió su vida después de ingresar al sistema de hogares sustitutos del estado en una sala de un tribunal federal en Dallas.
Pasó siete años entre hogares grupales, hospitales y, finalmente, internaciones en sitios sin licencia en el estado. El tiempo que vivió de un lugar asignado a otro ejemplificó de manera casi perfecta los problemas por los que el estado se defiende ante los tribunales.
Los abogados del sistema de hogares sustitutos del estado están tratando de defenderse de las quejas de desacato derivadas de supuestos incumplimientos de varias órdenes judiciales de supervisores de tribunales federales y demandantes en un caso que se remonta a 12 años.
En documentos judiciales, los abogados que representan a niños de hogares sustitutos en la actualidad y en el pasado señalaron que el estado tiene investigaciones deficientes sobre abuso y negligencia con menores con discapacidad intelectual, receta en exceso potentes drogas psicotrópicas, ha sobrecargado a los trabajadores sociales con grandes cantidades de casos y turnos adicionales para lidiar con las colocaciones sin licencia, no ha informado completamente a los niños sobre sus derechos y cómo denunciar abusos, no capacita a los trabajadores en el reconocimiento del abuso sexual y luego no proporciona a los cuidadores los antecedentes de abuso sexual de niños. Se espera que la audiencia dure toda la semana.
Los abogados se inclinaron hacia adelante para escuchar a Juarez, que ahora tiene 18 años, hablar sobre cómo en un lugar el personal les decía a los jóvenes que se portaban mal que estaban allí porque sus padres no los querían. Ella tenía 11 años.
La chica contó en la audiencia judicial sobre el año en que su asistente social le regaló un iPod para Navidad. El iPod estaba habilitado para Wi-Fi y podía recibir mensajes de texto. Al poco tiempo, un miembro del personal masculino comenzó a enviarle mensajes de texto.
“Él decía que me veo bonita y que le gusta mi personalidad”.
Al poco tiempo, le enviaba mensajes de texto varias veces al día. Ella tenía 15 años.
Cuando lo denunció, no despidieron al hombre: le quitaron el iPod.
El miembro masculino del personal consiguió que otra chica peleara con ella y Juarez fue trasladada a un hospital psiquiátrico, testificó.
El testimonio destacó problemas persistentes en las Investigaciones de Proveedores del estado, una sección de la Comisión de Salud y Servicios Humanos que investiga hogares grupales que tratan con jóvenes y adultos con discapacidades.
La sección se separó de otro departamento y el alcance de su trabajo aumentó más allá de la capacidad de su personal, lo que resultó en ocho años de investigaciones atrasadas. Pueden pasar meses hasta que se lleve a cabo una investigación, lo que viola las órdenes del tribunal federal, que exigen que las investigaciones comiencen en un plazo de 72 horas (24 horas para acusaciones graves de abuso y negligencia).
“Estamos muy concentrados en cubrir las vacantes. Ésa ha sido una de nuestras prioridades”, testificó Stephen Pahl, comisionado ejecutivo adjunto de servicios regulatorios.
Pahl, que ha estado en el puesto durante cerca de dos años, fue interrogado sobre el problema que hubo ocho años atrás.
Los supervisores de los tribunales federales presentaron un informe en septiembre señalando múltiples problemas con estas investigaciones desde el momento en que se iniciaron, hasta la falta de documentación cuando se descartó un caso y varios casos en los que los investigadores simplemente se equivocaron.
La “niña C” que figura en el informe hizo una docena de denuncias de negligencia y abuso físico y sexual mientras permanecía en la Academia C3. Una investigación se retrasó hasta un año. Mientras estuvo allí, le dispararon con una pistola Taser y la llevaron a un hospital con la mandíbula rota.
El abuso fue un elemento básico de la experiencia de Juarez después de salir del hospital psiquiátrico. En ese entonces era una niña sin colocación (CWOP, por sus siglas en inglés) o estaba alojada en viviendas no reguladas, sin licencia y lo que los monitores federales han llamado viviendas inseguras en hoteles y oficinas estatales.
Juarez estuvo en siete ubicaciones diferentes de CWOP durante este tiempo. Los hoteles contaban con cuatro camas para 10 niños. Denunció peleas con otros niños, niñas que enviaban mensajes de texto a hombres adultos que conocieron en las redes sociales para que fueran a recogerlas y trabajadores sociales con exceso de trabajo.
“A ningún asistente social le gustó hacer CWOP”, dijo. Los turnos de cuatro horas a menudo se sumaban a un número de casos ya completado. Un trabajador social testificó que condujo 19 horas al día, más de 700 millas, debido al CWOP.
Juarez habló de haber sido internada y obligada a tomar hasta ocho medicamentos diferentes al día, desde Benadryl hasta psicotrópicos más potentes.
“Me daban sueño y vomitaba todas las noches”, comentó.
El personal ignoró sus quejas. Un médico le dijo que “simplemente le diera tiempo para adaptarse”.
En ese momento ya llevaba tres años tomando drogas.
Los abogados que representan a niños de crianza han cuestionado repetidamente cómo el estado supervisa las recetas, insinuando fuertemente en una audiencia que el sistema sólo consistía en un sello de goma para autorizar sustancias poderosas que alteran el estado de ánimo.
“Nadie cuestiona nunca los medicamentos”, denunció Juarez.
Juarez dejó las drogas de golpe, según externó. Ahora está bajo un cuidado de crianza prolongado, viviendo de manera más independiente en un programa y terminando su GED (dijo que solo llegó al octavo grado mientras estuvo en hogares sustitutos). Ella espera ir a la universidad.
“Los niños necesitan ser escuchados y las cosas deben cambiar”, advirtió al tribunal con la voz entrecortada. “Todo el mundo te dice 'Oh, CPS se encargará de ti'. Pero al igual que me decepcionaron. Decepcionaron a muchos niños”.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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