Un juez del condado de Kinney dictaminó que una política bajo el controvertido programa de seguridad fronteriza del gobernador Greg Abbott, Operation Lone Star, es inconstitucional porque ordena a las fuerzas del orden arrestar a hombres migrantes sólo bajo cargos de allanamiento de morada.
En su fallo, el juez Dennis Powell dijo que “la política de la Operación Lone Star, tal como está ahora, tiene un efecto discriminatorio y está motivada por un propósito discriminatorio”. Ahora, los casos que ya han sido escuchados serán desechados.
La Operación Lone Star Indigent Defense llevó el asunto a los tribunales. Según el director legal de la organización, Doug Keller, esta decisión fue importante porque permitir la política establece un peligroso precedente.
“Si el estado pudiera discriminar por género en estos casos, también podría discriminar por raza en el sistema de justicia penal o discriminar por religión”, advirtió Keller.
Además, señaló que arrestar migrantes por cargos criminales es ineficaz para prevenir los cruces ilegales.
“Ya han arriesgado mucho para venir aquí”, expuso Keller. “Entonces, la idea de que la amenaza de un enjuiciamiento por un delito menor los disuadirá parece una tontería, eso no será lo que les impida venir”.
Los expertos legales también han criticado la Operación Lone Star por crear un sistema legal separado que trata a los migrantes de manera diferente a otros acusados por el mismo delito.
Keller explicó que bajo el programa, los migrantes son juzgados en tribunales fuera de la jurisdicción del presunto delito y recluidos en una cárcel en lugar de un centro de detención preventiva. Si bien a los acusados se les asigna un abogado, la mayoría de las interacciones ocurren a través de Zoom.
Por último, destacó que el sistema priva a los acusados de su derecho a un juicio justo porque la patrulla fronteriza entrega a los migrantes al Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS son sus siglas en inglés) para que sean acusados de allanamiento de morada y luego el DPS de Texas los entrega a la patrulla fronteriza después de que con una fianza queden libres de la custodia.
“En estos casos, lo que sucede es que la persona es arrojada al otro lado de la frontera. No tienen derecho legal a regresar a los Estados Unidos. Y luego como un asunto práctico, no legal, no pueden ejercer su derecho a un juicio”, destacó Keller.
A principios de año, esta colaboración entre entidades estatales y federales en asuntos de inmigración también llevó a un juez del condado de Travis a desestimar casos. El juez dictaminó que la política infringía la jurisdicción federal sobre migración y, por lo tanto, era inconstitucional.
Keller agregó que si bien obviamente hay un problema real en la frontera que merece atención, la estrategia actual de Abbott no es la respuesta.
“La solución a este problema no es tratar de meter a la gente pobre en la cárcel para tratar de disuadirlos de hacer una vida mejor para sí mismos”, resumió Keller.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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