A raíz del tiroteo en la Escuela Primaria Robb en mayo, millones de dólares fluyeron hacia Uvalde para apoyar a la comunidad mientras se recuperaba de la tragedia. Además de $14 millones en donaciones privadas para las familias afectadas, el gobernador Greg Abbott reservó $6.5 millones en fondos estatales para recursos de salud mental para los residentes.
A pesar de todo este apoyo financiero, muchos en Uvalde están luchando para pagar sus gastos. El senador estatal Roland Gutierrez, un Demócrata cuyo distrito incluye a Uvalde, ha hecho de la defensa de la comunidad a raíz de la tragedia uno de sus temas clave.
Gutierrez dijo que los $14 millones de fondos privados directamente se canalizaron al Fondo Conmemorativo de la Familia Robb, creado por los líderes de la ciudad y un banco local. Los ingresos de ese fondo se distribuirán en noviembre.
“Lo bueno es que lo están logrando”, dijo. “Lo no tan bueno, o lo desafortunado, es que la gente tiene que esperar”.
Eso se debe a que el fondo, que está siendo supervisado por el Fondo Nacional de Compasión, necesitaba dejar abierto su período de donación durante seis meses, según explicaron los organizadores.
“Distribuyeron algunas pequeñas cantidades de dinero individualmente de algunos otros fondos que tiene la organización nacional, pero ha sido como una gota en el océano para las familias que necesitaban pagar las cuentas”, dijo Gutierrez. “Todos están haciendo lo mejor que pueden, y lo entiendo. Es solo que va a ser un poco”.
Y los $6 millones del gobernador se asignaron principalmente para fondos de trauma, agregó Gutierrez, mismos que se reparten de diferentes maneras, incluso a través del dinero de la Ley de Víctimas del Delito (VOCA) distribuido por la Oficina del Fiscal General.
“Todo se hace por estatuto y regla”, dijo. “Mi mayor preocupación sobre esto es que hemos englobado a las familias en esta compensación de desempleo por duelo de dos semanas o 10 días, y como he hablado con familias y sigo hablando con familias que están sin trabajo, algunas perdieron sus trabajos, algunos no pueden volver a trabajar por razones obvias de crisis de salud mental. No se puede esperar que una familia que ha perdido a un hijo vuelva a la normalidad”.
Gutierrez agregó que, más allá de su oficina, a las familias no se les ha informado sobre los recursos que están disponibles para ellos.
“Puedes ir a un psiquiatra, y si ese psiquiatra considera que no puedes ir a trabajar, entonces este estatuto de VOCA te dará $700 a la semana, hasta $50,000 para esa familia”, señaló. “Pero nada de eso ha sucedido aquí. Cada familia que ha intentado presentar una solicitud que ha perdido su trabajo o no puede ir a trabajar, ha recibido dos semanas de beneficios de desempleo” a través del estatuto, que dijo que no se ha ampliado en su totalidad.
“Deberíamos tratar de abrir toda la amplitud de los estatutos y las leyes que tenemos ante nosotros para ayudar a las personas de manera eficaz”, puntualizó Gutierrez. “Sabes, le hemos pedido a la gobernadora que lleve el trauma fuera de la oficina del fiscal de distrito, no porque no creamos que ella pueda hacerlo; simplemente no tiene los recursos adecuados para hacerlo, el poder humano”.
La oficina de Gutierrez también solicitó trabajadores sociales de emergencia que puedan brindar a las familias asistencia individualizada para enfrentar la burocracia.
“Sabes, [hay] muchos críticos sobre el gobierno. El gobierno realmente ofrece mucho”, aclaró. “Solo que necesitamos traer el personal adecuado para hacerlo. No puedes simplemente arrojar $5 millones al fiscal de distrito local que tiene cuatro empleados y decir 'aquí tienes, hazlo'
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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