Más jueces de inmigración recibieron correos electrónicos el viernes informándoles de que van a ser despedidos, según informes que llegaron a NPR, sumándose a la creciente lista de personal de los tribunales de inmigración recortado por el presidente Donald Trump, mientras intensifica su campaña para deportar a inmigrantes sin estatus legal.
Quince jueces de inmigración se enteraron que serían suspendidos y que su empleo finalizará el 22 de julio, según dos personas familiarizadas con estos recortes y confirmación de la Federación Internacional de Profesionales e Ingenieros Técnicos (IFPTE, por sus siglas en inglés), sindicato que representa a los jueces de inmigración. Ambas personas hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.
"De conformidad con el Artículo II de la Constitución, el Fiscal General ha decidido no extender su mandato ni convertirlo en un nombramiento permanente", citó el correo electrónico revisado por NPR. Este correo fue enviado a jueces de Massachusetts, Illinois, Ohio, Texas, Nueva York y California.
Al igual que los otros 50 jueces despedidos en los últimos seis meses, según el sindicato, los que recibieron las notificaciones más recientes no obtuvieron ninguna justificación para dicha acción.
Estos jueces se encontraban al final de su período de prueba de dos años en la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR son sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Justicia.
Decenas de otros se acogieron al programa de renuncia voluntaria "Fork in the Road" destinado a reducir la nómina federal. La EOIR declinó hacer comentarios.
"Quería aguantar hasta el final", afirmó uno de los jueces despedidos, quien habló con NPR bajo condición de anonimato, ya que sigue empleado por el departamento unos días más. "Quería seguir juzgando, revisando estos casos. Pensé que mientras estuviera aquí, podría hacer algo bueno".
Los despidos se produjeron después de que el Congreso aprobó un proyecto de ley de gastos masivos que asignó más de $3,000 millones al Departamento de Justicia para actividades relacionadas con la inmigración, incluyendo la contratación de más jueces especializados para atender este rubro.
La financiación y el personal adicional buscan atender la creciente acumulación de casos, que asciende a casi 4 millones. Contratar y capacitar jueces puede llevar más de un año.
"Es indignante y contrario al interés público que, en un momento en que el Congreso ha autorizado a 800 jueces de inmigración, estemos despidiendo a un gran número de ellos sin causa", declaró Matt Biggs, presidente del sindicato IFPTE. "Esto es hipocresía: no se pueden aplicar las leyes de inmigración si se despide a quienes las hacen cumplir".
En los últimos meses, la dirección de EOIR ha criticado a los jueces por no gestionar eficientemente su carga de trabajo y ha instado a los adjudicadores a agilizar las revisiones de asilo y a emitir decisiones orales, en lugar de escritas, sobre la desestimación de casos. Trump también ha expresado su apoyo a un plan en Florida para designar a miembros del Cuerpo de Abogados Generales de la Guardia Nacional del estado como jueces de inmigración.
"Había mucho ruido político a nuestro alrededor. Dije: 'No me van a presionar para que deje este trabajo'", expuso el juez despedido, señalando que extendieron algunas exenciones a las deportaciones y también aprobaron órdenes finales de deportación. "No me arrepiento de haberme quedado hasta el final".
El 3 de julio, los dos senadores demócratas de Massachusetts, Elizabeth Warren y Ed Markey, enviaron una carta a Sirce Owen, director en funciones de la EOIR, en la que expresaban su preocupación por una ronda anterior de despidos que incluía a jueces de tribunales de Massachusetts.
"A medida que nuevas generaciones [de jueces] alcancen este nivel en los próximos meses, la EOIR debe garantizar que sus decisiones de conversión se basen únicamente en el desempeño de los jueces, no en su aparente lealtad a la agenda migratoria de la Administración Trump ni en ningún otro criterio", escribieron Warren y Markey, señalando que, por lo general, el 94% de los jueces son convertidos a puestos permanentes después de su período de prueba.
A principios de año, había alrededor de 700 jueces de inmigración en los 71 tribunales y centros de arbitraje de los Estados Unidos. Estos jueces son los únicos que pueden revocar la residencia permanente o emitir una orden final de deportación para quienes llevan más de dos años en el país y están en proceso de expulsión del país.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares, e Yvette Benavides, para NPR y The Texas Newsroom.
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