Un juez federal en Texas dictaminó el jueves que aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA, por sus siglas en inglés) por parte del presidente Donald Trump para detener y deportar a inmigrantes venezolanos en el sur de Texas fue "ilegal".
El juez federal de distrito Fernando Rodriguez Jr., designado por Trump, determinó que invocar la ley "excede el alcance del estatuto y es contraria al significado simple y ordinario de los términos del estatuto".
De acuerdo a la orden del juez, el gobierno de Trump no "posee autoridad legal bajo la AEA, y con base en esta proclamación, para detener a extranjeros venezolanos, transferirlos dentro de los Estados Unidos o expulsarlos del país".
Las personas en este caso de Texas han sido amenazadas con una expulsión inminente bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
A estas personas se les acusa de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua y permanecen en el Centro de Detención El Valle en Raymondville, Texas.
La decisión del juez abarca todo el distrito judicial del sur de Texas, que incluye Brownsville, McAllen y Houston.
Otros tribunales han intentado impedir que la administración Trump deporte a toda persona amparada por la ley. Pero esta es la primera vez que un juez dictamina que la ley no puede utilizarse contra presuntos pandilleros en Estados Unidos.
"El tribunal dictaminó que el presidente no puede declarar unilateralmente una invasión a Estados Unidos e invocar la autoridad de tiempos de guerra en tiempos de paz", declaró Lee Gelernt, abogado de ACLU y principal abogado de los tres demandantes venezolanos.
"Esta es una decisión crucial que impide que más personas sean enviadas a la infame prisión CECOT (una prisión de máxima seguridad en El Salvador)".
Tras un exhaustivo análisis de los registros históricos, el juez Rodriguez concluyó en su fallo que el significado habitual de "invasión" o "inclusión depredadora" cuando se promulgó la Ley de Enemigos Extranjeros requería una incursión militar.
El juez concluyó que las actividades delictivas de los miembros del Tren de Aragua descritas en la proclamación, si bien eran perjudiciales, no constituían una "invasión" ni una "incursión depredadora" según lo dispuesto en la Ley.
"La proclamación no hace referencia ni sugiere de ninguna manera que exista una amenaza de que un grupo armado y organizado de individuos ingrese a los Estados Unidos dirigido por Venezuela para conquistar el país o asumir el control de una parte de la nación", escribió el juez Rodriguez.
"Así pues, si bien la Corte considera que una 'invasión' o 'incursión depredadora' debe implicar que una fuerza armada organizada ingrese a los Estados Unidos para llevar a cabo una conducta destructiva de bienes y vidas humanas en una zona geográfica específica, la acción no tiene por qué ser precursora de una guerra propiamente dicha."
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a un pedido de comentario respecto a esta orden del tribunal.
Si la administración Trump apela la decisión, el caso se presentará ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos, considerado uno de los tribunales más conservadores del país.
El caso podría llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos.
El Presidente Trump emitió una proclamación en marzo acusando al Tren de Aragua de "perpetrar, intentar y amenazar con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos".
"El (Tren de Aragua) está llevando a cabo acciones hostiles y una guerra irregular contra el territorio de Estados Unidos tanto directamente como bajo la guía, clandestina o no, del régimen de (Nicolás) Maduro en Venezuela", escribió Trump en su proclamación.
Trump ha utilizado la Ley para expulsar a más de 130 venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. El gobierno los ha acusado de pertenecer al Tren de Aragua, pero ha admitido que no todos tienen antecedentes penales.
La demanda en Texas es uno de varios casos judiciales sobre este tema provocados por la proclamación de Trump y las acciones de su administración.
A fines de marzo, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones Federal del Circuito de Washington, D.C. confirmó un fallo del juez federal James Boasberg y negó el uso de la autoridad de tiempos de guerra por parte de la Casa Blanca por una votación de 2 a 1.
La jueza Patricia Millett, designada por el ex presidente Barack Obama, citó la falta de oportunidad para que los presuntos miembros de la pandilla impugnaran su caso.
"El plan de destitución del gobierno niega a los demandados de un mínimo hilo del debido proceso (legal)", escribió Millett en una declaración.
La Corte Suprema ya dictaminó que la administración Trump puede expulsar migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, pero con una salvedad: a los migrantes presuntamente miembros de pandillas se les debe dar un plazo razonable para impugnar su expulsión del país. El Tribunal Supremo no especificó el plazo.
Esta noticia fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares, e Yvette Benavides, para NPR y The Texas Newsroom.
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