La semana pasada, el condado de Uvalde y el distrito escolar publicaron registros públicos relacionados con la masacre de la escuela primaria Robb que ocurrió el 24 de mayo de 2022, revelando detalles sobre los eventos de ese día y las acciones y la comunicación entre los funcionarios y los líderes locales.
Después de años de disputa entre los funcionarios y los medios de comunicación que los demandaron por los registros hace tres años, finalmente fueron liberados.
El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS son sus siglas en inglés)está librando una demanda separada para obtener la divulgación de los registros de esa agencia.
Los funcionarios de Uvalde han estado bajo un escrutinio constante por la respuesta tardía, ampliamente reportada, que ocurrió ese día cuando 19 niños y dos maestras fueron asesinados por un hombre armado.
Se publicaron videos de las cámaras corporales de los agentes y miles de documentos. Entre ellos, correos electrónicos indignados enviados al sheriff por su inacción.
También hay relatos de maestros (algunos de los cuales resultaron heridos) que sobrevivieron y dijeron que los directores de la escuela no se preocuparon por ellos después de los traumáticos acontecimientos.
Los documentos indicaban que el tirador, de 18 años, tenía problemas de conducta. Los agentes del sheriff también informaron que su madre le había dicho que le tenía miedo a su hijo.
Los familiares de las víctimas del tiroteo en la escuela de Uvalde continúan revisando estos materiales recién publicados.
Para la familia de una víctima, lo que falta es lo que se convierte en una pieza fundamental de los misterios y las preguntas sin respuesta que quedan.
Manuel Rizo es tío y padrino de Jackie Cazares, quien murió en la masacre. Rizo afirmó que el proceso de solicitud de información afecta los registros que se divulgan, lo que significa que otros aún no se han compartido.
Rizo también dijo que podría haber aún más información que no se ha compartido porque gran parte de los videos y equipos del distrito fueron tomados por el Departamento de Seguridad Pública de Texas, y esos registros y ese equipo no estaban entre los artículos publicados el lunes pasado.
“Aparentemente, todo el equipo y el video fueron tomados por los Texas Rangers y el DPS, y de hecho, nunca fueron devueltos a la escuela y esa es propiedad de la escuela”, dijo Rizo a TPR.
“La escuela debe ser transparente al divulgar toda la información que posee”, dijo Rizo. Añadió que la continua falta de transparencia por parte de estas agencias es preocupante.
En cuanto a los registros publicados por el condado de Uvalde, Rizo también se muestra decepcionado. Supuso que los agentes, sin darse cuenta, "cubrieron su cámara corporal con su chaleco antibalas" y que los videos "oscurecidos" publicados no revelan nada revelador sobre lo ocurrido.
Aunque admitió que la mala calidad del video no fue intencional, "[los oficiales] tuvieron 77 minutos" para reajustar las cámaras. "Cuando ves el video, es realmente decepcionante", dijo.
Rizo dijo que si bien él y su familia aún no han podido revisar la totalidad de la colección de registros, planean hacerlo en un esfuerzo por ver si una acción más rápida podría haber hecho una diferencia para salvar la vida de Jackie.
Dijo que examinarían de cerca para ver “si hay alguna diferencia o algo que hayamos notado que no hayan publicado en el pasado y que hubiera hecho una diferencia en la vida de nuestra sobrina, Jackie”.
“Ella era una de las víctimas en el aula que todavía estaba viva cuando la sacaron del aula y murió en el hospital”, dijo Rizo.
Se pregunta si “tal vez se podría haber salvado su vida, especialmente sabiendo en los videos que se escucharon disparos hasta las 12 del mediodía y que [los oficiales] aún no ingresaron al aula”, dijo.
Deberían haber considerado que se trataba de un tirador activo en lugar de un sujeto atrincherado. Esto es preocupante, pero estamos buscando información adicional en este comunicado, en los videos, para aclararlo con mayor claridad.
Si bien Uvalde CISD y el condado decidieron cumplir con la decisión de un juez de publicar los registros, el Departamento de Seguridad Pública de Texas apeló.
La portavoz del DPS, Sheridan Nolen, dijo al Texas Tribune que la agencia siguió "su protocolo estándar en el que no divulga registros que afecten los procesamientos pendientes".
De los 376 oficiales de varias agencias que estuvieron en el lugar ese día, dos ex policías escolares de Uvalde enfrentan cargos por poner en peligro a un menor en relación con su participación en la respuesta. Entre ellos se encuentran el ex oficial Adrian Gonzales y Pete Arredondo, jefe de policía de la escuela en ese momento y presunto comandante del incidente en medio de la confusión entre las fuerzas del orden. Ambos se han declarado inocentes.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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