La Oficina del Consejo de Juicios Especiales inició operaciones a fines del año pasado, como parte de la nueva ley militar aplicada después de la trágica muerte de la Especialista del Ejército Vanessa Guillen.
Guillen fue asesinada en Fort Cavazos en 2020 después de haber sido acosada sexualmente. El revuelo de sus compañeros militares, veteranos y sus familiares provocó un cambio en la forma en que el ejército maneja los casos de abuso sexual.
Antes, los comandantes se encargaban de estos delitos y los informes que algunos consideraban problemáticos. Debido a esto, la OSTC existe y es una organización independiente dentro del Pentágono que maneja casos de agresión sexual, abuso doméstico y asesinato.
Los casos se están procesando a través de la OSTC desde principios de este año, y ahora el incidente con un general de dos estrellas de la Fuerza Aérea será el último que se maneje bajo la antigua ley.
El general de División Phillip Stewart está siendo acusado de presunta agresión sexual a una subordinada bajo su mando. Es apenas el segundo oficial general en ser sometido a un consejo de guerra en la historia de la Fuerza Aérea. Se declaró inocente en marzo.
El presunto asalto tuvo lugar en abril de 2023 cerca de la Base de la Fuerza Aérea Altus en Oklahoma. Stewart dice que el encuentro fue consensuado, mientras que la oficial acusa que sintió que debía someterse debido a su rango y poder bajo su mando.
Stewart fue relevado de su mando de la 19ª. Fuerza Aérea, un comando de entrenamiento de pilotos de la fuerza aérea, por su comandante, el teniente general Brian Robinson, en mayo. Se enfrenta a 60 años de prisión si es declarado culpable.
El consejo de guerra dirigido por un comandante requiere que el panel de jurados tenga el mismo rango y tiempo en grado o un rango superior al de Stewart, lo que lo reduce a comandantes de dos, tres y cuatro estrellas.
Josh Connolly, vicepresidente senior de Protect Our Defenders, dijo que su decisión predeterminada es dejar que el sistema de justicia funcione, y el manejo de este caso va en contra de aquello por lo que tanto han trabajado.
"Tampoco me siento muy cómodo con que la autoridad convocante pueda anular este proceso," afirmó Connolly. “Especialmente alguien que no es un experto legal. Simplemente no está bien.”
Hasta el miércoles, de 13 generales, siete de los ocho panelistas necesarios estaban sentados. El resto fueron desestimados, lo que provocó un retraso en la selección del jurado y en los alegatos iniciales. El juez que preside, el coronel Matthew Stoffel, expuso que el Comando de Educación y Entrenamiento Aéreo, al que sirve Stewart, tuvo que nombrar un nuevo grupo de generales para ser examinados.
El nuevo grupo de generales para el panel debía comparecer en la sala del tribunal de Fort Sam Houston el sábado por la mañana.
Y luego, a altas horas de la noche del sábado, el último miembro del jurado (el octavo) tomó asiento.
“Cuanto más alto sea el rango del funcionario (es decir, el acusado), más difícil es y más extraño es el panel,” expresó Connolly. "No es el típico consejo de guerra."
Ahora se espera que comience el juicio, con declaraciones de apertura programadas para el lunes por la mañana.
“Uno de los argumentos que planteó la gente es que muchas autoridades y comandantes pueden decidir si siguen adelante con el caso, para dar ejemplo a alguien y mostrarle a la gente qué tan graves son con respecto al crimen,” explicó Connolly sobre el caso. "Este debería ser un proceso de toma de decisiones basado en evidencia, y no el deseo de un comandante de parecer duro ante un hecho."
Uno de los posibles panelistas fue despedido después de que la defensa argumentó parcialidad, debido a que el panelista felicitó a la fiscal principal, la coronel Naomi Porterfield Dennis, por su puesto como consejera adjunta principal bajo la OTSC en diciembre.
Según el informe de las Fuerzas Aéreas y Espaciales, el margen para decidir qué es imparcial es vago. Se considera que aquellos que han tenido familiares, amigos cercanos o personal que han sufrido agresión sexual, o que han recibido capacitación adicional en casos de agresión sexual, tienen un sesgo implícito y son despedidos.
Aunque el octavo miembro del jurado ya haya tomado asiento, la defensa aún podría optar por la decisión de un juez.
Patricia Olivares, directora de relaciones gubernamentales de Service Women's Action Network, advirtió que siente que los generales que integran el jurado querrán proteger a los suyos.
“Es un dos estrellas. No se va a meter en problemas,” consideró Olivares. “Ellos se van a hacer cargo de ellos. Se jubilará y obtendrá todos sus beneficios.”
Olivares mostró preocupación por el manejo de este caso, especialmente bajo la antigua ley en lugar de OSTC. Trabajó estrechamente con la familia Guillen durante su batalla para aprobar la Ley Vanessa Guillen y recalcó que quiere que las mujeres en servicio en todas partes sientan confianza en el sistema de justicia.
“Les estás pidiendo a estas mujeres que han pasado por estas experiencias traumáticas que crean en el sistema,” indicó. "Debería haber un conjunto estándar que indique que no puedes salirte con la tuya."
El anterior consejo de guerra de un general de dos estrellas de la Fuerza Aérea acusado de agresión sexual se remonta a 2022. El ex general de división William T. Cooley evitó la pena de cárcel, fue despojado de su rango y retirado como coronel. Optó por un juez militar y decidió no celebrar un juicio con jurado.
Anteriormente, dos oficiales generales que fueron degradados y retirados no se enfrentaron a un consejo de guerra.
Stewart enfrenta seis cargos bajo el Código Uniforme de Justicia Militar, dos cargos de agresión sexual bajo el Artículo 120, dos cargos de incumplimiento del deber bajo el Artículo 92, un cargo de conducta impropia de un oficial bajo el Artículo 133 y un cargo de conducta sexual extramarital bajo Artículo 134.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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