Los Senadores del estado de Texas prometieron fortalecer las leyes contra la invasión de propiedad privada cuando los legisladores se reúnan nuevamente en Austin el próximo año, luego de una audiencia provisional el miércoles sobre lo que dicen es un problema creciente en el estado.
El testimonio ante el Comité de Gobierno Local del Senado de Texas incluyó a Terri Boyette, cuya publicación en sus redes sociales sobre su experiencia con un ocupante ilegal en su propiedad en Mesquite.se volvió viral a principios de este año. Boyette dijo a los legisladores que, en algunos casos, los ocupantes ilegales u okupas tienen más derechos que los propietarios reales.
“Descubrí a mi invasor el [19 de junio]. Al día de hoy, once meses después, todavía no vivo en mi casa,” afirmó. “En realidad, pasaron siete meses desde la fecha en que contraté a un abogado para poder desalojar a la persona debido al tiempo que tomó obtener una fecha de audiencia.”
Boyette explicó que el ocupante ilegal, un personal de mantenimiento que contrató, tomó posesión de su casa mientras ella estuvo fuera de la ciudad durante algunas semanas. Después de obtener una notificación de desalojo, al ocupante ilegal se le dieron 30 días adicionales para apelar la notificación de desalojo porque, expuso a los legisladores, “eran días festivos y el juez no quería que se quedara sin hogar. Aunque no tenía hogar.”
En Texas, los ocupantes ilegales pueden poseer propiedades legalmente a través de lo que se llama posesión adversa, según la empresa con sede en el centro de Texas Rollingwood Management Incd. La compañía afirma que los ocupantes ilegales deben poseer físicamente la propiedad, dejar en claro que viven allí, demostrar que no la comparten con otros y permanecer allí durante un cierto período de tiempo.
La cuestión es complicada para los propietarios reales porque la invasión no suele considerarse allanamiento de morada que es un delito. En cambio, el proceso de desalojo es un asunto civil, lo que, según los propietarios, hace que sea más difícil recuperar su propiedad.
Boyette detalló que ella es un ejemplo clásico de esas complejidades. Después de descubrir al okupa, llamó a la policía y le dijeron: “Bueno, esto es un asunto civil. Tendrás que acudir a los tribunales.”
Antes de su cita en la corte, Boyette señaló que el ocupante ilegal vendió sus pertenencias y destrozó su casa, convirtiéndola en una “guarida de drogas”. También le dijeron que su único remedio era presentar una demanda civil por daños y perjuicios.
“La persona en mi casa es un adicto al crack sin hogar. ¿Por qué se supone que debo demandarlo? Nada. Hasta la fecha, él está caminando por la calle y yo tengo una deuda de 150,000 dólares.”
En ocasiones, los legisladores se mostraron desconcertados de que estos incidentes – llamados “historias de terror” por el presidente del comité, el senador estatal Paul Bettencourt, Republicano por Houston – pudieran ocurrir en Texas y no en algún estado liberal de la costa este.
Bettencourt reiteró varias veces que los legisladores abordarían el tema en el futuro y aseguró que se llamaría a representantes de las agencias policiales de todo Texas para testificar sobre cómo manejan a los ocupantes ilegales mientras se considera la legislación.
Los legisladores también tuvieron dificultades para comprender cuán frecuente es la ocupación o invasión de inmuebles en Texas.
Se le informó al comité que los casos en el área metropolitana de DFW excedieron los 400, con un número aún mayor en el área de Houston. Pero Bettencourt admitió que actualmente no existe una base de datos estatal que rastree los incidentes de okupación. La oficina del vicegobernador Dan Patrick, quien ordenó al comité investigar este nuevo flagelo, no respondió a las preguntas sobre qué tan común es la okupación en Texas.
Un sistema más sofisticado
Si los texanos piensan que los ocupantes ilegales, o posibles ocupantes ilegales, conducen buscando lo que creen que es una propiedad abandonada, están equivocados, se le advirtió al comité.
El juez Lincoln Goodwin, juez de paz del condado de Harris, testificó que las personas que buscan apoderarse de propiedades están recurriendo a los registros públicos en busca de información.
"Los presuntos ocupantes ilegales pudieron encontrar documentos públicos relacionados con, tal vez, una ejecución hipotecaria, y hay una casa abandonada debido a una ejecución hipotecaria," planteó. “Tal vez haya una casa vacía porque el inquilino falleció y está en proceso de legalización. Esos documentos son públicos. O tal vez simplemente hay algo en un sitio web de bienes raíces y [la propiedad] ha estado enlistada durante mucho tiempo.”
Aunque los legisladores del panel prometieron una acción rápida, no podrán considerar una legislación que afecte la okupación hasta principios del próximo año, cuando comience la sesión legislativa del estado. A menos que el gobernador Greg Abbott llame a los legisladores a Austin antes de enero para trabajar en el tema en una sesión especial.
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Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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