El estado de Texas volverá a la corte federal el jueves en su último esfuerzo por desmantelar las protecciones legales para decenas de miles de inmigrantes indocumentados que llaman a Texas su hogar.
Está en juego el futuro del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, que permite a los solicitantes calificados que fueron traídos a los EE. UU. cuando eran niños antes de los 16 años recibir un permiso de trabajo renovable de dos años y una suspensión de la deportación.
A fines de 2022, había más de 95,000 beneficiarios de DACA en Texas, el segundo total más alto después de los 165,000 que hay en California. Hay más de 580,000 inscritos en este programa en el país, según Estadísticas de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.
La audiencia del jueves es la más reciente en un esfuerzo de un año para poner fin al programa debido a la afirmación de Texas de que la política, que comenzó en 2012 bajo el expresidente Obama, se implementó ilegalmente. La lucha inicial condujo al fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos en 2020 que determinó que la administración Trump no finalizó el programa de acuerdo con el procedimiento federal. Pero esa decisión no abordó la legalidad del programa.
El juez de distrito federal Andrew Hanen, quien escuchará los argumentos del jueves, había dictaminado previamente que la administración Obama no implementó DACA de acuerdo con la ley federal. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito estuvo de acuerdo, pero el programa se ha mantenido para los destinatarios actuales, aunque las nuevas solicitudes se han suspendido en espera de una determinación final.
La administración Biden puso fin a una regla el año pasado eso fortalecería las protecciones de DACA para sus beneficiarios. La corte de apelaciones devolvió el caso a Hanen para determinar la legalidad de la regla de Biden, pero la oficina del fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha continuado su esfuerzo por finalizar el programa a medida que se desarrolla esa decisión. Desde entonces, la oficina de Paxton le ha pedido a Hanen que emita un juicio sumario y declare que la regla y el programa son ilegales.
Durante una conferencia telefónica con reporteros el martes, Nina Perales, vicepresidenta de litigios del Fondo Educativo y de Defensa Legal México-Estadounidense, o MALDEF, expuso que el enfoque de la audiencia del jueves gira en torno a dos temas principales. MALDEF está defendiendo el caso en nombre de los beneficiarios de DACA.
“Argumentaremos ante el juez Hanen que ni Texas ni ninguno de los otros estados que impugnan DACA tienen derecho a demandar, lo que significa que no han identificado ningún perjuicio que les suceda como resultado de que los beneficiarios de DACA vivan en sus estados”, señaló. “Eso significa que no pueden ir a la corte y presentar un caso porque tienes que estar legitimado para demandar”.
El otro argumento es que DACA es legal de acuerdo con la ley vigente, ya que los fiscales federales han usado lo que se conoce como discrecionalidad procesal durante años. La discrecionalidad procesal es una práctica utilizada por los fiscales, en este caso los fiscales federales, para determinar qué casos deben priorizarse y perseguirse.
“DACA es consistente con las muchas políticas del gobierno de los EE. UU. en el pasado bajo diferentes presidentes”, comentó Perales. “Y con el tiempo, DACA simplemente permite que el gobierno federal decida con respecto a un individuo en particular que el gobierno ejercerá la discreción procesal. El gobierno va a optar por diferir la acción sobre ese individuo. Por eso se llama acción diferida”.
También hay otra nota importante respecto a los procedimientos del jueves. Paxton fue suspendido de sus deberes oficiales después de que la Cámara de Representantes de Texas votó abrumadoramente el sábado a favor de acusarlo por los hallazgos de que abusó de su cargo y cometió sobornos, entre otros presuntos delitos, para beneficiar a un donante.
El miércoles por la tarde, el gobernador Greg Abbott nombró al exsecretario de Estado de Texas, John Scott, como fiscal general interino. Pero no está claro qué papel directo, si es que lo tiene, jugará en el litigio en curso. La oficina del Fiscal General de Texas no respondió a una solicitud de comentarios sobre cómo la acusación afectará el caso a nivel estatal el jueves.
Durante la conferencia de prensa, el abogado general de MALDEF, Thomas Saenz, afirmó que no podía predecir lo que significará el juicio político y la suspensión de Paxton para el caso del estado. Pero no predijo un cambio significativo de la posición que ha adoptado Texas.
“Gran parte del liderazgo de Texas, desde el gobernador para abajo, se ha involucrado retóricamente en tal retórica antiinmigrante en los últimos tiempos que parece poco probable que haya un cambio de postura significativo en este caso, a pesar del juicio político histórico”, agregó Sáenz. .
No está claro qué tan rápido gobernará Hanen, pero Perales dijo que no anticipó una decisión inmediata después de los argumentos del jueves.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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