La iniciativa para crear una nueva agencia enfocada en cumplir la ley fronteriza y de inmigración está un paso más cerca de convertirse en ley después de que el Senado de Texas adelantó la medida el miércoles por la mañana en una votación partidista.
El Proyecto de Ley 7 de la Cámara, del Representante Ryan Guillen, R-Rio Grande City, crea la Fuerza Fronteriza de Texas, que estaría bajo la dirección de los Texas Rangers, una división del Departamento de Seguridad Pública de Texas. La fuerza fronteriza estaría dirigida por el jefe de los Rangers de Texas.
La cámara alta aprobó tentativamente la controvertida legislación después de que los senadores Republicanos agregaran cambios al proyecto de ley, incluida una disposición que convertiría en delito estatal ingresar ilegalmente a Texas desde México. El proyecto de ley también exige una sentencia mínima de 10 años por tráfico de personas.
El debate sobre el proyecto de ley se produjo después de la medianoche y hasta el último día en que el Senado podría considerar la medida, ya que la Legislatura de Texas se encuentra en su última semana de sesiones. El proyecto de ley debería superar un obstáculo procesal final antes de volver a la Cámara de Representantes de Texas, donde los legisladores aprobarán los cambios o solicitarán un comité de conferencia de los miembros de las dos cámaras para resolver las diferencias.
La legislación es una prioridad para los Republicanos ya que agrega más dinero y mano de obra a los esfuerzos fronterizos para combatir lo que han denunciado como las políticas de "frontera abierta" del presidente Joe Biden. El proyecto de ley ha sido criticado por los Demócratas y los defensores de los derechos de los migrantes como otra herramienta para que las fuerzas del orden público hostiguen a los residentes en las comunidades fronterizas y una estratagema para desafiar las políticas de inmigración actuales a nivel federal y tal vez provocar un enfrentamiento ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Los deberes de la unidad incluyen evitar que los migrantes no autorizados ingresen a Texas a través de fuerza no letal, recopilación y análisis de inteligencia, y coordinación con otras agencias estatales en operaciones fronterizas. A los miembros de la unidad también se les permitiría hacer paradas de tráfico y se les indicaría que establecieran puntos de control en las carreteras dentro de un radio de 30 millas de la frontera, dijo el senador Brian Birdwell, el patrocinador de la legislación en el Senado. Los puntos de control serían para inspecciones de “seguridad y contrabando” y serían aleatorios y móviles, detalló.
El Senador Juan “Chuy” Hinojosa, D-McAllen, presionó a Birdwell sobre si los retenes podrían conducir al acoso o intimidación de los residentes fronterizos.
“Entonces, ¿estos son más o menos puntos de control donde se detendrán todos los automóviles y pedirá documentación [de inmigración]?” le preguntó a Birdwell. “¿Podrían registrar autos sin causa probable?”
Birdwell señaló que los oficiales necesitarían una causa probable para realizar una búsqueda y dijo que la tecnología provista bajo el proyecto de ley ayudaría a determinar si hay contrabando en un vehículo.
Quienes se oponen al proyecto de ley también han expresado su preocupación por los requisitos de capacitación para los miembros de la unidad. Una versión anterior del proyecto de ley establecía que la fuerza fronteriza estaría abierta a los civiles, lo que generaba preocupación sobre los llamados vigilantes que patrullan la frontera, y era impreciso respecto a las disposiciones de capacitación para esos nuevos reclutas.
Birdwell dijo el miércoles que los miembros de la unidad se someterían a cierto nivel de capacitación, pero que también estaría abierto a suboficiales de paz. Una enmienda del Senador Phil King, R-Weatherford, agregó lenguaje que aclaró que solo los oficiales de paz comisionados tendrían la autoridad para hacer arrestos y portar o usar un arma. Los suboficiales desempeñarían funciones de apoyo, que según Birdwell podrían incluir el transporte, la supervisión de los detenidos y la vigilancia del tránsito.
El DPS también estaría autorizado para celebrar un acuerdo con el Departamento Militar de Texas para que se asigne personal militar a la Fuerza Fronteriza de Texas, y la legislación también busca reclutar a ex miembros de la Patrulla Fronteriza de los EE. UU.
El proyecto de ley al igual convertiría en un delito estatal ingresar a Texas desde México en un lugar que no sea un puerto de entrada, lo que sería un delito menor de clase A o un delito grave a menos que una persona haya sido condenada previamente por otro delito. Las personas arrestadas por ese cargo serían detenidas en instalaciones fronterizas y procesadas por cargos estatales.
Los Demócratas dijeron que les preocupaba que la disposición pudiera llevar a que un migrante no pueda solicitar asilo, lo cual es legal ya sea que una persona cruce en o que ingrese por los puertos de entrada.
“¿El propósito de HB 7 para que Texas tenga un mecanismo para evitar que las personas crucen la frontera con el fin de solicitar asilo?” Preguntó el Senador Jose Menendez, D-San Antonio.
Birdwell dijo que ese no era el caso ya que Texas no estaba aplicando la política federal de inmigración, sino las leyes de Texas.
“[El propósito es] llevarlos a los puertos de entrada para hacer la solicitud de asilo. Texas no tiene autoridad para solicitar asilo”, dijo Birdwell.
Más tarde, Menendez trató de enmendar el proyecto de ley para exigir que los oficiales de la unidad fronteriza reciban capacitación básica sobre la ley de asilo, pero la disposición se pospuso con una votación de línea partidaria.
Si se aprueba, es probable que el proyecto de ley sea impugnado en los tribunales por los opositores que argumentan que la aplicación de la ley de inmigración es únicamente una responsabilidad federal. La semana pasada, Samantha Serna Uribe, abogada del Fondo Educativo y de Defensa Legal México-Estadounidense, o MALDEF, dijo que la HB 7 entra en conflicto con un fallo anterior de la Corte Suprema de los Estados Unidos. En 2012, la Corte Suprema de EE.derribadoalgunas de las principales disposiciones de la legislación en Arizona que buscaban expandir la inmigración basada en el estado. El tribunal dictaminó que la mayoría de las disposiciones de esa ley fueron reemplazadas por estatutos federales.
“Empoderar a los oficiales estatales para que decidan quién cruza ilegalmente la frontera con México entra en conflicto con la ley federal de inmigración, al igual crea un delito de inmigración estatal”, advirtió al comité.
Birdwell dijo que pensaba que el proyecto de ley tenía una base sólida, pero admitió que era posible que el gobierno federal también intentara detener la legislación en los tribunales.
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Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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