Un día después de que la Corte Suprema de EE. UU. frenara la orden de un tribunal inferior de poner fin al Tìtulo 42, una política de la era de la pandemia, la administración Biden respondió argumentando que los funcionarios estatales Republicanos no podían bloquear la decisión.
La procuradora general de los EE. UU., Elizabeth Prelogar, hablando en nombre de la administración, señaló el martes que los estados en sí mismos no tienen “interés en la salud pública ni en frenar la propagación de COVID-19”. Agregó que la política de la era de la pandemia se usó como una “medida improvisada de control migratorio”.
En su respuesta del martes, la administración también solicitó que una suspensión a corto plazo permanezca vigente hasta el final del día 27 de diciembre, bloqueando así la conclusión del Título 42 por otra semana.
La respuesta federal explicó que eso “le permitirá al gobierno prepararse nuevamente para un regreso completo a las operaciones”. Si la disputa va ante la Corte Suprema, la política permanecerá vigente en el ínterin.
La Corte Suprema de los Estados Unidos detuvo ayer la expiración de una controvertida política de salud pública que permitía a los funcionarios agilizar la expulsión de migrantes en la frontera.
Según el Título 42, la mayoría de los migrantes son expulsados rápidamente, incluidos los que buscan asilo.
Aun así, El Paso se preparó para la llegada de cientos de migrantes el martes, a pesar de que la Corte Suprema suspendió esa orden que estaba programada para expirar el miércoles.
Las autoridades de El Paso se apresuraron a encontrar más espacio de refugio para los cientos de migrantes que siguen llegando a diario. Anunciaron planes para convertir un gran edificio propiedad de la ciudad en un refugio. En las últimas fechas, unas 2 mil 500 personas al día se han entregado a la Patrulla Fronteriza. Muchas han sido liberados en espera de audiencias de inmigración.
El mes pasado, un juez federal anuló la política conocida como el Título 42. El juez Emmet Sulivan había ordenado la cancelación del Título 42 porque violaba la Ley de Procedimiento Administrativo y lo calificó de arbitrario y caprichoso.
Sin embargo, el lunes por la tarde, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, concedió una solicitud para mantenerlo temporalmente en vigor.
La orden se produjo después de que una coalición de 19 estados, incluido Texas, pidiera el lunes a la Corte Suprema que detuviera el fin del Título 42.
El fallo judicial del lunes indicó que la política permanecería pendiente de nuevas órdenes de Roberts o del tribunal, pero no dio un plazo.
Los expertos legales cuestionaron la legalidad del Título 42 porque priva a los migrantes de su derecho a solicitar asilo al llegar a la frontera.
En respuesta al levantamiento anticipado del Título 42, la Guardia Nacional de Texas activó y desplegó 400 miembros de la Guardia Nacional de Texas en el área fronteriza de El Paso el lunes como parte de la Operación Lone Star, el esfuerzo mejorado de seguridad fronteriza del gobernador Greg Abbott. Aproximadamente 5,000 miembros de la Guardia ya están desplegados a lo largo de la frontera a partir de noviembre en el marco de dicha operación.
El Departamento de Seguridad Nacional reiteró en un comunicado que continuará con los preparativos para administrar la frontera de manera segura, ordenada y humana una vez que suspendan esta política.
Abbott exigió en un comunicado el martes que la administración Biden despliegue activos federales para abordar la crisis fronteriza, particularmente en El Paso, a medida que un evento climático peligroso se adentra en el estado. Texas se está preparando para un vórtice polar que hará que las temperaturas caigan en picado el jueves por la noche. Los mínimos estarán en los 20 grados Farenheit de jueves a sábado.
En su carta, el gobernador describió la “crisis humanitaria aguda causada por la inacción federal para asegurar la frontera sur de los Estados Unidos”. Aseguró que “los migrantes corren el riesgo de morir congelados en las calles de las ciudades” y aseveró que la necesidad de atender la crisis no es tarea de los estados fronterizos. Puntualizó que la Constitución estadounidense indica que al presidente le corresponde el trabajo de “defender las fronteras” del país y gestionar la migración.
Jaime Puente de Every Texan, una organización que impulsa políticas públicas equitativas, dijo que la necesidad humanitaria en la frontera es inmensa y que las organizaciones locales sin fines de lucro están abrumadas.
"La gente está dando un paso al frente individualmente", explicó. "Pero creo que una de las cosas que creemos de todo corazón es que el estado, el gobierno federal, el gobierno en general, tiene la responsabilidad de proporcionar lo suficiente para dar más de esos recursos y hacer más de ese trabajo".
También criticó el uso de fondos estatales para la Operación Lone Star. Expuso que el fin del Título 42 profundizaría la necesidad humanitaria en la frontera y que el dinero se utilizaría mejor allí.
"En lugar de que el gobierno estatal brinde recursos a los residentes locales y apoyo a los residentes locales que se ocupan de los inmigrantes que están en su comunidad", dijo, "seguimos gastándolos en un programa que no ha tenido ninguna rentabilidad en lo absoluto".
Está previsto que los fondos para la Operación Lone Star se agoten a fin de mes, pero Puente comentó que esperaba que el estado los reponga.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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