Un juez federal en El Paso emitió una orden de restricción temporal que impidió que el gobernador de Texas, Greg Abbott, llevara a cabo su orden ejecutiva que restringe los viajes de migrantes en el estado.
El Departamento de Justicia solicitó una orden de restricción temporal para evitar que Abbott utilice agentes estatales para detener vehículos sospechosos de transportar migrantes. La jueza de distrito Kathleen Cardone aceptó dicha solicitud el martes.
Este lunes, durante una audiencia, un abogado del Departamento de Justicia argumentó que Texas intentó crear ilegalmente su propio "régimen de inmigración". La política migratoria es competencia del gobierno federal.
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Los abogados del estado le dijeron al juez que la orden ejecutiva del gobernador se deriva de preocupaciones sobre la salud a raíz de la COVID-19 y no de la inmigración. La orden de restricción temporal estará vigente hasta el 13 de agosto y el juez podrá extenderla.
"La orden reciente de la Corte es temporal y se basa en evidencia limitada", dijo el martes la oficina de Abbott en un comunicado de prensa. "Esperamos poder brindarle al Tribunal las pruebas que respalden la Orden Ejecutiva del Gobernador para proteger a los texanos".
El caso se produce en medio de un resurgimiento del coronavirus con la propagación de la variante delta. La administración de Abbott ha impedido a las comunidades de Texas instituir mandatos sobre el uso de cubrebocas o la aplicación de vacunas mientras enfoca su retórica de COVID-19 en la región fronteriza.
Hubo más de 188,000 intentos de cruce de México a Estados Unidos en junio, el más alto en una década.
Abbott ha dicho que cree que el gobierno federal estaba haciendo un mejor trabajo para asegurar la frontera bajo el expresidente Donald Trump, por lo que hizo que Texas interviniera a principios de este año para reforzar la respuesta al fenómeno migratorio.
En mayo, el mandatario estatal emitió una declaración de desastre asegurando que los cruces ilegales "representaban una amenaza continua e inminente de desastre".
Semanas después, anunció que seguiría construyendo el muro fronterizo que Trump hizo un asunto central para su presidencia. Pero Abbott fue un paso más allá, diciendo que arrestaría a la mayor cantidad posible de personas que cruzaran acusándolas de delitos estatales como allanamiento de morada y vandalismo.
La semana pasada, Abbott ordenó a la Guardia Nacional de Texas que comenzara a ayudar a los policías estatales con esos arrestos.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes dijeron que la última orden de Abbott que instruye a los agentes estatales detener cualquier vehículo sospechoso de transportar migrantes, que está paralizada temporalmente por la orden de restricción del martes, es ilegal por varias razones, incluido el hecho de que fomenta la discriminación racial.
“La entidad de Texas está usando cárceles estatales para detener a infractores de inmigración, arrestando personas, inmigrantes, bajo la teoría de la invasión… Esto es muy, muy problemático. Y yo diría que invita a una catástrofe constitucional”, afirmó el director de la clínica de inmigración de la Universidad de Houston, Geoffrey Hoffman.
Hoffman publicó recientemente un artículo para el Yale Journal on Regulation que enumera las limitaciones de las actividades estatales de control de la inmigración. Señaló que, en 2012, Arizona intentó aprobar leyes estatales que convirtieron la ley federal de inmigración en violaciones estatales. Perdieron más de lo que ganaron. Y advirtió que los intentos de Texas de usurpar gradualmente la autoridad federal probablemente tampoco funcionen.
“El problema allí en Arizona fue que la aplicación de la ley migratoria es un asunto exclusivamente federal. No es para que lo hagan los estados”, explicó.
Michael Greenberger, de la Universidad de Maryland, explicó que Texas es un poco diferente a Arizona, ya que el estado está usando las leyes existentes.
"Creo que tendría un argumento de que está protegiendo la soberanía de las fronteras del estado, al tener personas a las que no se les permite ingresar al estado", dijo Greenberger.
Agregó que el problema es que, a pesar de que Abbott enhebra la aguja de alguna manera para enmarcar el tema en términos de la ley estatal, el gobernador argumenta constantemente en entrevistas que Texas está aplicando la ley federal porque la administración Biden no puede con el problema — lo cual se asemeja mucho al caso de Arizona. Y todos esos comentarios serían admisibles en la corte.
“La suspensión temporal es realmente importante, porque es un claro reconocimiento de la legalidad de esta orden. Y a medida que avanza el caso, es una señal de la posición del juez y de lo que están viendo, según la ley que tienen ante sí”, precisó la abogada de derechos civiles, Rochelle Garza. "Entonces, en última instancia, podemos esperar que la orden ejecutiva sea derogada por inconstitucional".
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