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Veteranos Deportados Piden A Biden Que Los Lleve A Casa

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Dorian Merina / The American Homefront Project
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Mario Martinez, un veterano del ejército, fue deportado en 2017 después de cumplir cuatro años en la prisión estatal de California. Mientras servía en el ejército en la década de 1980, fue enviado a Alemania como parte de las fuerzas estadounidenses que protegieron el Muro de Berlín.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y la Casa de Apoyo a Veteranos Deportados en Tijuana, Mx., lanzaron una campaña instando al gobierno de Biden a traer a casa a los veteranos deportados, aquellos que sirvieron en el ejército de los EE. UU. solo para luego ser
exiliados del país.

Llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños con su familia y como residentes legales permanentes. De adultos, se unieron al ejército con la promesa de una vía rápida a la ciudadanía, lo que nunca sucedió. Después de servir, tuvieron problemas con la ley, algo común entre los veteranos que regresan de la guerra.

Pero debido a que no eran ciudadanos naturalizados, muchos fueron deportados a causa de sus delitos.

Ahora, un grupo de esos veteranos quiere regresar al país al que sirvieron y recibir atención médica del gobierno de Estados Unidos.

“Creemos que tenemos un aliado en la Casa Blanca que puede ayudar a traer a nuestros héroes a casa”, dijo Hector Barajas, un veterano del Ejército de los Estados Unidos que fue deportado anteriormente. "Nuestra misión o campaña es hacer un llamado al gobierno para que haga cambios inmediatos que no necesitan legislación para traer a casa a nuestros veteranos deportados".

Barajas nació en México, pero se crió en el área de Los Ángeles. En 1992, se convirtió en residente permanente legal y se alistó en el Ejército unos años más tarde. Los reclutadores le hicieron creer que el servicio honorable en el ejército lo convertía automáticamente en ciudadano estadounidense, por lo que no solicitó la naturalización. Cuando tuvo problemas con la ley al reincorporarse a la vida civil en 2001, pasó dos años en prisión y casi un año detenido antes de que el gobierno de Estados Unidos lo deportara a México.

Barajas fundó posteriormente la Casa de Apoyo a Veteranos Deportados en Tijuana, Mx., que brinda vivienda, servicios sociales y recursos legales para veteranos que han sido deportados, que enfrentan deportación o han tenido problemas legales con inmigración.

Ahora lidera una coalición de veteranos deportados y sus partidarios, muchos de los cuales asistieron a un seminario web el 6 de mayo.

“Quizás hay esperanza de que nos reuniremos con nuestra familia”, dijo el veterano del Ejército de los EE. UU. Ivan Ocon, quien fue deportado hace varios años y se unió al seminario web desde Ciudad Juárez, Mx., donde ahora vive.

“Dejé a mi hija. No la he visto desde hace unos 15 años. Quiero decir que me encantaría volver a casa ... Y me encantaría verla graduarse. Y volveré con mi familia en los EE. UU. "

Las voces de los veteranos fueron replicadas por políticos, académicos y abogados.

“Si mueres en combate, el gobierno de Estados Unidos te convertirá en ciudadano automáticamente. Pero si prestas servicio y regresas a casa, aún puedes ser deportado”, expuso la Representante de los Estados Unidos Nanette Barragan, quien representa al 44º Distrito Electoral de California. "Esto está mal. Los veteranos no deberían caer por las grietas de nuestro sistema de inmigración".

Discharged, Then Discarded, un reporte de 2016 de la ACLU de California, examinó la difícil situación de los veteranos deportados. Rastreó 80 casos y descubrió que muchos veteranos creían que automáticamente se convertirían en ciudadanos por medio de su servicio. Otros solicitaron la naturalización solo para perder el trámite.

Una orden ejecutiva firmada por el ex presidente Donald Trump en enero de 2017 amplió quiénes podrían ser deportados para incluir no solo a aquellos con antecedentes penales, sino también a los no ciudadanos que habían cometido un "delito penal imputable".

“El problema de los veteranos deportados se ha acelerado en los últimos años”, explicó la abogada de inmigración y teniente coronel del ejército retirada Margaret Stock. “Ha empeorado por el liderazgo antiinmigrante en los niveles más altos del Departamento de Defensa y por los líderes del Departamento de Seguridad Nacional que han estado trabajando con el Departamento de Defensa para evitar que los miembros militares soliciten la ciudadanía, para retrasar sus solicitudes cuando los archivan, y negarlos con la más engañosa de las excusas. Esto solo da como resultado más veteranos deportados".

Stock agregó que la nueva administración podría tomar medidas inmediatas, sin una nueva legislación, para cambiar el destino de muchos.

"En este momento, la administración puede actuar otorgando libertad condicional, frenando la deportación de los veteranos, deteniendo las negaciones injustas de militares y, finalmente, poniendo fin a la práctica actual de someter a miembros militares a procesos de deportación en primer lugar", argumentó.

El presidente Biden declaró durante su campaña que su plan con respecto a los veteranos deportados era "traerlos de vuelta". La coalición de veteranos deportados hizo eco de esa intención.

“Como parte de nuestro mensaje de hoy, pedimos traer a los veteranos exiliados que sirvieron de regreso a casa para cumplir la promesa de campaña”, afirmó Laura Riley, profesora de derecho en la Universidad del Sur de California y miembro de la junta del Centro de Derecho y Política Militar.

"En segundo lugar, les pedimos que se basen en esa promesa restableciendo y mejorando los servicios y procesos de naturalización militar a través del Departamento de Defensa y Seguridad Nacional de EE. UU., para garantizar que todos los miembros del servicio que quieran naturalizarse puedan obtener la ciudadanía".

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a las preguntas sobre si modificará los servicios de naturalización militar en cooperación con el Pentágono.

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