México está fabricando sus propios drones de vigilancia, mientras que los cárteles adquieren naves capaces de eludir las defensas electrónicas, lo que podría socavar la inversión del gobierno en tecnología antidrones.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Armada ya opera una planta de producción de drones y que la Secretaría de Defensa está desarrollando su propio modelo. Estos dispositivos están destinados a la seguridad, la vigilancia territorial y el monitoreo meteorológico, y el proyecto reúne a la Armada, la Secretaría de Ciencia e instituciones públicas de investigación. Entre ellos se encuentra Quetzal, un prototipo presentado una semana antes por la secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz. Según las autoridades, puede permanecer en el aire hasta seis horas y abarcar 50 kilómetros (aproximadamente 31 millas).
El anuncio se produce tras una incautación en Sinaloa que evidencia la rapidez con la que se adaptan los grupos criminales. El 4 de octubre, en El Rosario, municipio de Mazatlán, las autoridades confiscaron 15 drones con visión en primera persona y 15 rollos de cable de fibra óptica, además de siete pares de goggles para drones, 15 controles remotos, tres pantallas y 14 baterías. Este fue el primer registro oficial en México de esta tecnología adaptada por el crimen organizado.
La actividad de drones a lo largo de la frontera ya es considerable: ACLED, un grupo de monitoreo de conflictos, informó que se detectaron casi 35,000 vuelos de drones cerca de la frontera sur de Estados Unidos en 2025.
David Mora, analista sénior para México del International Crisis Group, explica que la tecnología no es del todo nueva en México: los drones con visión en primera persona y de fibra óptica llevan meses volando, y los primeros casos se limitaban a vídeos y fotos aislados de drones individuales. Añadió que el equipamiento refleja la intensa competencia entre los grupos criminales por la innovación.
"Para los grupos criminales, la innovación es supervivencia", añadió.
A diferencia de los drones controlados por señales de radio, los modelos de fibra óptica utilizan una conexión por cable, lo que les permite sortear los inhibidores de señal. Mora describió los inhibidores como la respuesta básica del gobierno mexicano a los drones, en la que ha invertido fuertemente. "Dicha tecnología podría quedar obsoleta antes de lo previsto", afirmó.
"No se trata de ver si otros grupos seguirán su ejemplo, sino de cuándo lo harán", aclaró Mora.
La incautación también ha suscitado interrogantes sobre si los grupos criminales mexicanos están adquiriendo conocimientos especializados de la guerra en Ucrania, donde los drones de fibra óptica se utilizan ampliamente debido a la intensa interferencia electrónica en el frente.
Un breve video publicado por Al Jazeera muestra al menos a 10 combatientes en un bosque. La persona que filma afirma que son ciudadanos mexicanos, colombianos y panameños que luchan en Ucrania. Un hombre declara ante la cámara pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación y afirma que la persona que sostiene el teléfono es un ex miembro de La Chapiza, la facción vinculada a los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Las dudas sobre la autenticidad del video fueron planteadas en la conferencia de prensa matutina de Sheinbaum, quien declaró que las autoridades investigarían.
Según los analistas, la experiencia en el campo de batalla en Ucrania podría estar acelerando la adopción de drones avanzados por parte de los cárteles.
Reportes indican que las academias de pilotaje de drones ucranianos, vinculados a la Legión Extranjera del país e inicialmente reservados para ucranianos, se abrieron gradualmente a voluntarios extranjeros, principalmente mexicanos y colombianos. Las habilidades que buscan estos grupos incluyen volar en bosques y ciudades, y modificar drones comerciales para resistir interferencias. Los cárteles ya utilizaban drones mucho antes de la invasión rusa a gran escala en 2022. Mora explica que las autoridades aún necesitan más información sobre cómo los grupos criminales compran las aeronaves y reciben entrenamiento.
"Pero construir drones no garantiza que lleguen a los lugares más expuestos a los ataques", explica Mora.
"Lo que más me preocupa son todos los casos de drones utilizados como armas contra civiles", explicó, un grado de violencia que suele ocurrir en zonas rurales. "Es prácticamente imposible pensar que podamos desplegar drones, drones del gobierno, en cada rincón de México".
Mora reitera que la atención debería centrarse en drones comerciales, que, según él, están implicados en la mayoría de los casos documentados de drones armados y que se pueden adquirir fácilmente en línea.
"Hay poca regulación en cuanto a quién puede comprar uno, quién puede adquirirlo, qué se necesita para volar un dron", añade.
El gobierno podría intervenir en esas cadenas de suministro," aseguró, "dificultando así que los grupos criminales las obtengan, y la interrupción de dichas cadenas debería ir acompañada de inversiones en equipo militar y policial. Los fabricantes también podrían implementar soluciones técnicas como geolocalización y zonas de exclusión aérea sobre áreas de conflicto intenso. Estas medidas podrían ayudar a los residentes de las comunidades que han sido víctimas de ataques con drones.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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