Durante décadas, Texas ha considerado la falta de vivienda como una responsabilidad principalmente local. Los ayuntamientos administran albergues y financian programas de asistencia. Los condados gestionan cárceles y hospitales públicos. La policía interviene en casos de disturbios, mientras que las organizaciones sin fines de lucro ofrecen vivienda, tratamiento y otros servicios.
Ahora, los legisladores estatales se preguntan si este sistema fragmentado contribuye a un ciclo costoso en el que algunos de los texanos más vulnerables repetidamente van de las calles a las salas de emergencia, las cárceles del condado y los programas de tratamiento a corto plazo.
El Comité de Asuntos Intergubernamentales de la Cámara de Representantes de Texas recibió instrucciones de estudiar cómo el estado puede abordar y prevenir la falta de vivienda antes de la próxima sesión legislativa. En una audiencia celebrada en junio, los legisladores escucharon que los gobiernos locales ya están gastando miles de millones de dólares en la atención a personas en situación de crisis, pero a menudo sin lograr estabilidad a largo plazo.
El representante estatal republicano David Spiller dijo que los legisladores primero deben comprender los diferentes problemas que se engloban bajo la amplia etiqueta de indigentes.
"En realidad, estamos hablando de tres problemas distintos: la falta de vivienda, las enfermedades mentales y la reincidencia sistémica. Todos están relacionados, pero son independientes", dijo Spiller. "No creo que podamos solucionarlo adecuadamente a menos que comprendamos a fondo sus causas".
Los testimonios expusieron que las personas se quedan sin hogar por muchas razones.
Algunas pierden su vivienda debido a la pérdida del empleo, el rápido aumento del alquiler, violencia doméstica, una emergencia médica u otro imprevisto financiero. Es posible que necesiten ayuda para pagar el alquiler, alojamiento temporal o asistencia para encontrar otra vivienda.
Un grupo más reducido, pero muy visible, de personas que sufren de falta de vivienda crónica y sin refugio también puede padecer enfermedades mentales graves, trastornos agudos por consumo de sustancias o encuentros repetidos con la policía y los hospitales.
Stephen Autry, director de operaciones de servicios judiciales y penitenciarios del condado de Dallas, informó a los legisladores que los contribuyentes del condado están gastando millones de dólares en el encarcelamiento reiterado de personas acusadas de delitos menores y no violentos.
Muchos son arrestados por allanamiento de morada y permanecen en la cárcel días o semanas antes de volver a la calle.
"En la práctica, están cumpliendo condenas de cadena perpetua de 30 días en 30 días", explicó Autry.
En el momento de la audiencia, Autry declaró que la cárcel del condado de Dallas albergaba a 7,018 personas y operaba a aproximadamente el 94% de su capacidad. Alojar a una persona le cuesta al condado aproximadamente 96 dólares al día, lo que genera un gasto diario por cama de cárcel de aproximadamente 681,000 dólares.
Autry afirmó que el 53% de las personas ingresadas en la cárcel del condado de Dallas durante mayo de 2026 fueron identificadas con una presunta necesidad de atención de salud mental.
"Las comunidades no se están volviendo más seguras. La gente no está mejorando. Se siguen recibiendo las mismas llamadas. Los mismos agentes responden y los mismos delincuentes regresan a la cárcel", ejemplificó Autry. "No podemos solucionar esta situación sólo con arrestos".
BJ Wagner, vicepresidente ejecutivo de salud y seguridad pública del Meadows Mental Health Policy Institute, presentó una estimación actualizada del costo de las necesidades de salud mental no atendidas.
Wagner aseguró que los gobiernos locales de Texas gastan aproximadamente 3,200 millones de dólares anuales en atender a unas 18,500 personas con grandes necesidades que también se consideran en alto riesgo de entrar en contacto con el sistema de justicia penal.
Eso supone una cifra estimada de 175,000 dólares por persona al año.
La estimación abarca más que la falta de vivienda. Incluye los costos generados cuando las personas con necesidades complejas de salud mental interactúan repetidamente con la policía, los servicios médicos de emergencia, los hospitales, los tribunales y las cárceles.
Wagner detalló que el problema principal radica en que esos sistemas suelen operar de forma independiente. Un agente de policía, un médico de urgencias, un empleado de la cárcel y un proveedor de servicios para personas sin hogar pueden encontrarse con la misma persona sin saber qué han intentado ya las demás agencias.
Wagner señaló que una oportunidad para intervenir comienza cuando alguien llama al 911.
Los operadores de emergencias pueden tener dificultades para distinguir entre una emergencia convencional de seguridad pública y un disturbio provocado por una crisis de salud mental subyacente. Wagner explicó a los legisladores que muchas de esas llamadas se codifican erróneamente, lo que lleva a las comunidades a enviar una respuesta que puede agravar la situación en lugar de estabilizarla.
"Reciben el recurso equivocado, la respuesta equivocada y, a menudo, el resultado equivocado", advirtió.
El Instituto Meadows ha promovido la capacitación especializada para el personal del 911 y para equipos multidisciplinarios que pueden incluir agentes de policía, personal médico de emergencia y profesionales de la salud mental.
Wagner informó al comité que los programas participantes han reportado una mejor identificación de llamadas relacionadas con salud mental, reducciones en arrestos por delitos menores y un uso reducido de la fuerza pública.
Autry adelantó que los agentes también necesitan un lugar distinto a la cárcel donde llevar a las personas que no representan un peligro inmediato, pero que claramente requieren estabilización.
Según dijo, las fuerzas del orden necesitan tener una opción clara y fiable para llevar a estas personas a algún lugar, y saber que se les pueden ofrecer los tipos de servicios que necesitan en lugar de utilizar la cárcel del condado de Dallas como centro de detención para personas con problemas de salud mental.
Entre las posibles respuestas estatales que se debatieron durante la audiencia se incluyeron centros de estabilización de crisis, programas de derivación para personas con problemas de salud mental, tratamiento para el consumo de sustancias, gestión intensiva de casos y una mejor coordinación después de que las personas salgan de la cárcel.
Los testigos también recomiendan permitir que la policía, los hospitales, los servicios de emergencias médicas y los programas para personas sin hogar compartan más información, protegiendo al mismo tiempo la privacidad médica y otros datos confidenciales.
Pero los legisladores afirmaron que mejorar la respuesta a la crisis nada más aborda una parte del problema.
La representante estatal demócrata Cassandra Garcia Hernandez dijo que el estado también hay que considerar cómo evitar que la gente pierda su vivienda en primer lugar.
"Eso es obviamente lo que queremos: ayudar a las personas que actualmente no tienen hogar", recordo. "Pero evitar que la gente se quede sin hogar es igual de importante".
De la audiencia no surgió ninguna propuesta concreta. En cambio, los testimonios plantearon a los legisladores una cuestión más amplia: si Texas debería seguir dependiendo principalmente de gobiernos locales para gestionar la falta de vivienda o construir un sistema estatal más coordinado que invierta en prevención y tratamiento.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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