Según el congresista de San Antonio, Joaquin Castro, un centro federal de detención para menores embarazadas en el sur de Texas, está generando preocupación por las denuncias de falta de acceso a una atención médica adecuada.
Castro, Demócrata, dijo que ese mismo día visitó las instalaciones de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) en San Benito, Texas, junto con su compañero Demócrata, el Representante estadounidense Vicente Gonzalez.
El refugio está gestionado para la ORR por Urban Strategies, una empresa contratista con fines de lucro. Informes recientes de The Texas Newsroom y The California Newsroom identificaron el centro de San Benito como el único albergue del sur de Texas al que la administración Trump ha estado enviando menores embarazadas no acompañadas.
Castro dijo que el centro alberga tanto a adolescentes embarazadas como a otras chicas bajo custodia federal, a menores que habían dado a luz recientemente y a sus bebés recién nacidos.
“Ahora mismo hay tres chicas embarazadas allí, y también tres que ya han tenido hijos”, expuso. “Así que había tres bebés”. Añadió que el niño más pequeño del albergue tenía 5 años y describió haber visto a un bebé dormido en una cuna y a otro en brazos de “una madre que parecía tener unos 13 o 14 años”.
Castro afirmó que las condiciones y la duración de la detención eran especialmente preocupantes. "Se trata de chicas, algunas de las cuales han sufrido agresiones sexuales", declaró. "Están lejos de sus familias, separadas de ellas".
Según indicó, la estancia media en el centro supera los seis meses y la más larga ha sido de 400 días. Estas cifras no pudieron verificarse de forma independiente el martes, pero reflejan las críticas generalizadas de defensores y exfuncionarios que aseguran que las menores embarazadas están siendo retenidas en un entorno que podría no estar equipado para sus necesidades.
Castro recalcó que parte de su inspección como congresista se centró en la disponibilidad y la calidad de la atención médica para las adolescentes embarazadas. Añadió que el personal le informó que en el albergue no hay médico ni obstetra residente.
“No hay ginecólogo-obstetra. No hay ningún médico especializado en embarazos adolescentes”, subrayó. Explicó que las emergencias se atienden en un hospital más grande en Harlingen, mientras que la atención prenatal de rutina se subcontrata a proveedores en otras partes del Valle del Río Grande.
Castro afirmó que esta situación es preocupante en una región que ya cuenta con escasez de especialistas. "Hay chicas embarazadas sin un médico ni un especialista a su disposición", expuso. "Por eso, me pregunto sobre los servicios médicos que se les ofrecen".
Informes públicos recientes han citado objeciones de algunos funcionarios federales de salud y bienestar infantil, quienes también argumentaron que el centro y la región circundante carecían de atención especializada adecuada.
En un comunicado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, que supervisa la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés), expresó que las menores embarazadas son enviadas al centro de San Benito porque allí pueden satisfacer sus necesidades médicas.
Según el comunicado: “Las decisiones de ubicación de la ORR siguen las mejores prácticas de bienestar infantil y se toman de forma individual para garantizar que cada menor extranjera no acompañada, incluidas las mujeres embarazadas o con hijos, sea ubicada en un entorno que satisfaga sus necesidades médicas, de desarrollo y de seguridad. La ORR consulta periódicamente con expertos clínicos y profesionales de la salud internos de su red, y considera múltiples factores al tomar decisiones de ubicación”.
Los críticos de la administración Trump sostienen que las niñas están siendo enviadas a centros de detención en Texas debido a las estrictas leyes antiaborto del estado.
Castro agregó que también cree que la administración está concentrando a menores embarazadas en Texas para dificultar el acceso al aborto.
“Creo que se está haciendo un esfuerzo por impedir que estas chicas embarazadas aborten si así lo desean”, planteó.
Castro también acusó a los funcionarios de la ORR de ocultar información clave durante la visita, incluyendo cómo algunas niñas terminaron allí y cuántas habían sufrido agresiones sexuales.
“Simplemente no respondieron a mi pregunta”, aclaró. Castro afirmó que los funcionarios solicitaron repetidamente preguntas por escrito, lo que, según él, obstaculiza la función de supervisión del Congreso. “Necesitamos poder reunirnos con las menores, hacerles estas preguntas y dar a conocer sus historias”, señaló Castro. “Y ahora mismo nos impiden hacerlo”.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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