Texas ha estado enfrascado en una batalla sobre cómo administra su sistema de hogares sustitutos durante 13 años, los últimos cinco de los cuales han estado bajo la competencia directa de un juez federal y supervisores judiciales.
La relación entre los funcionarios estatales de hogares sustitutos y la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Janis Jack, es tensa. Ella encontró al estado en desacato tres veces, los acusó de engañar al tribunal muchas más veces y en una ocasión amenazó con ir a la cárcel a un burócrata estatal.
Las dos partes están muy alejadas sobre cómo se ve el sistema hoy. Los jueces y los supervisores del tribunal siguen encontrando incidentes atroces de fallas del Estado. Pero el estado ahora argumenta que cumple sustancialmente con las 60 órdenes del tribunal.
En febrero, Texas presentó una moción para anular varias partes de la supervisión estatal. Esto fue apenas un par de meses después de que el estado celebrara una audiencia de desacato por fallas en su sistema de investigación de protestas por abuso y negligencia en instalaciones que albergan a niños adoptivos con discapacidad intelectual.
“Lo sorprendente de que el estado oculte continuamente registros, no los presente y oculte el estatus de estos niños ... entonces ... entonces, a pesar de todo, el estado tiene la arrogancia de presentar una moción para que se desarme el fallo,” dijo un juez exasperado desde el tribunal.
Unos meses más tarde, Jack volvió a encontrar al Estado en desacato y le ordenó pagar multas de 100,000 dólares al día.
El estado argumentó el lunes ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos para que se desestimen las multas y también a Jack. La quieren fuera del caso.
Pero también se argumenta que la naturaleza misma de este caso y las órdenes judiciales de reforma institucional (casos y acciones judiciales que obligan a los estados a tomar acciones específicas) son “corrosivas para el federalismo.”
Pidieron al tribunal de apelaciones que controlara el poder de sus colegas para lograr cambios en la forma en que operan los estados.
Cuando los estados violan sistemáticamente los derechos de sus residentes en instituciones como prisiones, escuelas y hogares de acogida, han sido impugnados en los tribunales federales a través de casos de reforma institucional.
Estos casos suelen tener muchos demandantes y se prolongan durante años.
Sin embargo, los fiscales generales conservadores del Sur esperan que este caso de Texas pueda revertir 70 años de jurisprudencia que se remonta al caso histórico de desegregación escolar, Brown contra la Junta de Educación.
"Tenemos que proteger nuestra soberanía," afirmó la fiscal general de Louisiana, Liz Murrill, en un almuerzo con candidatos hace un par de años. Ella, como muchos fiscales generales conservadores, habla de demandar a los presidentes Demócratas por extralimitación. Afirmó que tenía casi tres docenas de casos contra la administración Biden.
“Nuestra soberanía estatal es lo que protege al gobierno local. Protege las funciones de los legisladores para representarnos. … Protege todo lo que hacemos a nivel local y estatal en términos de gobernanza estatal,” sintetizó.
Pero, como lo demostró un reciente informe amicus curiae presentado por su oficina, también está hablando de anular las órdenes de los tribunales federales sobre las agencias estatales y locales.
En muchas ocasiones el estado de Louisiana ha sido el centro de la supervisión de los tribunales federales, violando los derechos de las personas en las prisiones, los departamentos de policía y en las casillas electorales.
Junto con Mississippi, el escrito argumentó que estos casos de reforma institucional atacan el corazón mismo de la soberanía estatal. Los abogados de la oficina del fiscal general de Louisiana no respondieron a la solicitud de comentarios de TPR.
Estos casos suelen ser largos y costosos para los estados, y el fiscal general de Louisiana argumentó que atan las manos de los legisladores en cuanto a decisiones de financiación y ponen a los jueces a cargo de las agencias estatales. Texas reveló que gastó 150 millones de dólares en hogares de acogida y 60 millones de dólares en una amplia red de personal de supervisión judicial.
Louisiana argumentó en su escrito que Brown vs. Board of Education otorgaba demasiado poder a los tribunales.
"Muchos de estos argumentos están realmente pasados de moda," consideró David Marcus, profesor de derecho de la Universidad de California en Los Ángeles." Los litigios por reforma institucional datan de la década de 1950, con litigios por la abolición de la segregación escolar. Hay muchas preocupaciones acerca de que los jueces federales se involucren con las burocracias estatales y locales."
Marcus y otros estudiosos del derecho presentaron su propio escrito rechazando los argumentos de Mississippi y Louisiana. Señalaron que los argumentos ignoraban cómo evolucionó la ley (con muchas protecciones estatales que se fueron añadiendo a lo largo de los años), lo cual él argumentó en su propio escrito con otros juristas.
"Ha habido todo tipo de cambios en la ley que rige estos casos para garantizar que los jueces federales respeten los principios del federalismo y al mismo tiempo corrijan violaciones constitucionales," expuso.
Los tribunales federales, especialmente el Quinto Circuito, que es conservador, han anulado otros casos judiciales bien establecidos, como Roe v Wade. Marcus expresó que en los últimos años el Quinto Circuito ha emitido opiniones que indican interés en revisar los casos de reforma institucional.
"Lo que está en juego es que sería mucho más difícil para los abogados de derechos civiles, que actúan en nombre de grupos de personas vulnerables, proteger sus derechos en un tribunal federal," agregó.
Incluso si Texas sale victorioso y se anulan las multas por desacato, espera que el tribunal no dificulte la protección de los derechos civiles de las personas.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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