Erik Cantu Jr. y Emily Proulx presentaron una demanda contra la ciudad de San Antonio y el ex oficial del SAPD James Brennand el viernes por el tiroteo policial de octubre de 2022 que dejó a Cantú en el hospital durante meses y que llevó a Brennand a ser acusado de dos cargos de agresión grave.
En las imágenes de la cámara corporal que el SAPD publicó poco después del incidente del 2 de octubre de 2022, se escucha a Brennand decirle al despachador de la policía que reconoce un vehículo en el estacionamiento de un McDonald's que, según dijo, recientemente se le había escapado durante una parada de tráfico. También pidió refuerzos. Luego se acercó al vehículo, donde estaban sentados Cantu y Proulx, abrió la puerta del lado del conductor y le dijo a Cantu que saliera del auto sin anunciarse como oficial de policía.
Cantu, que estaba comiendo en el asiento del conductor, rápidamente puso el vehículo en reversa para huir. Después de que Brennand forcejeó con la puerta, dio un paso atrás, sacó su arma reglamentaria y disparó varias veces contra el carro mientras éste se alejaba de él. Brennand luego le alertó al despachador, “disparos, disparos,” antes de disparar varias veces más al vehículo de Cantu mientras Cantu se alejaba. Proulx resultó ilesa.
La demanda acusó tanto a Brennand como al SAPD de uso excesivo de la fuerza y discriminación racial durante la balacera y solicitó una indemnización monetaria.
El bufete de abogados del defensor de los derechos civiles Ben Crump, que ha representado a la familia Cantu durante el último año y medio, encabezó la demanda. Hilliard Law y McCathern PLLC, con sede en Texas, también trabajaron en el caso civil.
La demanda argumenta que el fiscal de distrito del condado de Bexar informó a la familia de Cantu después del tiroteo que Brennand estaba buscando a un adolescente latino con un corte de pelo en forma de tazón, por lo que alegó discriminación racial.
Los abogados de Cantu y Proulx argumentaron que las políticas y la cultura formales e informales del SAPD contribuyeron directamente al tiroteo de Cantu, lo que convirtió al departamento en cómplice de las acciones de Brennand.
La demanda nombra al jefe del SAPD, William McManus, como particularmente responsable de la cultura interna que condujo al tiroteo.
“[McManus] ha sido el centro de la incapacidad de la Ciudad de proporcionar la disciplina, la capacitación y las políticas necesarias para disuadir futuras malas conductas y disuadir la cultura de la Ciudad de recurrir demasiado rápido a la fuerza excesiva,” reza la demanda.
McManus despidió a Brennand dos días después del tiroteo, y la demanda lo cita diciendo que "el tiroteo en sí fue injustificado, tanto administrativa como penalmente".
Cantu y Proulx solicitaron daños monetarios por gastos médicos pasados y futuros, dolor y sufrimiento, deterioro físico y desfiguración, angustia mental, así como daños punitivos adicionales.
El fiscal de la ciudad de San Antonio, Andy Segovia, negó en un comunicado las acusaciones formuladas contra el SAPD.
“Se ha encontrado consistentemente que las políticas del Departamento de Policía de San Antonio respecto al uso de la fuerza están muy por encima del estándar legal,” aseguró Segovia. “Las acciones de James Brennand ese día fueron claramente inconsistentes con la capacitación y la política del SAPD. Los reclamos presentados carecen de fundamento y defenderemos enérgicamente a la Ciudad en este litigio.”
La demanda también hizo referencia a varios otros casos de presunta mala conducta del SAPD como evidencia de la cultura del departamento, incluido el tiroteo en 2022 de AJ Hernandez, de 13 años, cuya familia también está demandando al gobierno local.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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