Un grupo de 49 migrantes que fueron trasladados en avión desde San Antonio a Martha's Vineyard en septiembre son considerados testigos de un crimen mientras la oficina del alguacil del condado de Bexar continúa con su investigación.
El alguacil Javier Salazar tiene documentación certificada con el gobierno federal que aceleraría la emisión de visas para permitir que los migrantes permanezcan en los EE. UU. mientras se investiga el caso. Los cargos para los sospechosos involucrados en los vuelos podrían ser “privación ilegal”, dijo Salazar el miércoles.
El grupo de migrantes, en su mayoría de Venezuela, viajó en vuelos chárter bajo engaños. Una mujer identificada como Perla les aseguró que tendrían un trabajo y les mintieron sobre su destino.
El gobernador Republicano de Florida, Ron De Santis se responsabilizó por los vuelos, que han sido denunciados por Demócratas y activistas de derechos civiles como un truco político.
“Tenemos sospechosos identificados, sin embargo, en este punto de la investigación, no tenemos la libertad de divulgar esos nombres públicamente o confirmar ninguna identidad”, señaló Salazar por correo electrónico a través de un vocero. “Solo aquellos que estuvieron físicamente en nuestra jurisdicción en el momento del delito son considerados sospechosos”.
Rachel Self, una abogada que representa a algunos de los migrantes trasladados a Martha's Vineyard, le comentó a la estación miembro de NPR WGBH en Boston que la certificación de Salazar ayudaría en el proceso de solicitud de la visa U.
“Estas certificaciones garantizarán que los migrantes puedan continuar ayudando a nuestros agentes del orden público y que puedan procesar y recuperarse de las experiencias increíblemente traumáticas que han sufrido como resultado de los actos crueles y despiadados cometidos en su contra”, especificó Self en un mensaje a GBH News.
Según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, las visas U son para las víctimas de delitos que han “sufrido abuso mental o físico y son útiles para las fuerzas del orden público o los funcionarios gubernamentales en la investigación o enjuiciamiento de actividades delictivas”.
Las víctimas del tiroteo en una sucursal de Walmart en El Paso en 2019 y del tiroteo de Las Vegas en 2017 han solicitado visas U.
Salazar confirmó que está trabajando con los abogados que representan a los migrantes y la oficina del fiscal de distrito del condado de Bexar.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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