Un juez federal en Victoria, Texas, realizará una audiencia hoy, jueves, sobre un nuevo programa de la administración de Biden que ha permitido que más de 180,000 migrantes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela vivan y trabajen en los EE.UU. durante dos años.
El programa es parte de una estrategia más amplia para desalentar la inmigración ilegal en la frontera entre EE.UU. y México al ofrecer nuevas alternativas legales.
Una demanda presentada por el estado de Texas acusa a la administración de Biden de permitir la entrada al país a cientos de miles de migrantes a los EE.UU. que no tendrían respaldo legal para hacerlo si no fuera por el nuevo programa.
La administración de Biden argumenta que tiene la autoridad legal para hacerlo, mediante una acción conocida como "parole" o “entrada condicional”.
En el pasado, presidentes de ambos partidos han utilizado el "parole" para admitir a no ciudadanos en el país, en ocasiones en números significativos.
