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Un guatemalteco fue condenado a 30 años de prisión por su participación en la tragedia de trata de personas ocurrida en San Antonio en 2022.

Attorneys and agents at the press conference announcing the sentencing of Rigoberto Miranda-Orozco, including (from left to right) A. Tysen Duva, Assistant Attorney General for the Department of Justice’s Criminal Division; Justin R. Simmons, U.S. Attorney for the Western District of Texas; Joseph Tijerina, Acting Deputy Special Agent in Charge for Homeland Security Investigations in San Antonio; and Gabriel García Luna, Guatemalan Attorney General.
Kory Cook
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TPR
 Abogados y agentes en la conferencia de prensa donde se anunció la sentencia de Rigoberto Ramón Miranda-Orozco, incluyendo (de izquierda a derecha) A. Tysen Duva, Fiscal General Adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia; Justin R. Simmons, Fiscal Federal del Distrito Oeste de Texas; Joseph Tijerina, Agente Especial Adjunto Interino a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en San Antonio; y Gabriel García Luna, Fiscal General de Guatemala. 

Lee esta historia en inglés.

Un hombre guatemalteco fue condenado a 30 años de prisión federal por su participación en una operación de trata humana que dejó 53 decesos dentro de un camión en San Antonio en junio de 2022. 

Rigoberto Ramón Miranda-Orozco, de 39 años, ayudó a organizar el transporte y el alojamiento de migrantes que viajaban desde Guatemala por México hacia Estados Unidos. Dos de sus clientes fallecieron en la tragedia y un tercero sufrió heridas graves.

Miranda-Orozco se declaró culpable en julio de cargos que incluyen conspiración para introducir a una persona en Estados Unidos con resultado de muerte y complicidad en el ingreso de migrantes con resultado de muerte y lesiones corporales graves.

El fiscal federal del distrito oeste de Texas, Justin Simmons, dijo que Miranda-Orozco continuó organizando viajes de trata después de enterarse de que personas a las que había transportado anteriormente habían muerto.

Según Simmons, "él sabía que las personas a las que había ayudado a trasladarse habían fallecido en la parte trasera de ese remolque, y ya estaba organizando otros viajes de los que acababa de enterarse. No les importa tu vida; sólo les importa tu dinero".

El desastre se produjo el 27 de junio de 2022, cuando las autoridades descubrieron un camión con remolque que transportaba a 64 migrantes cerca de Quintana Road, en el suroeste de San Antonio. El camión había recorrido aproximadamente 251 kilómetros desde Laredo hasta San Antonio a temperaturas cercanas a los 32 grados Celsius, sin aire acondicionado funcionando en el interior del remolque.

Los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento de 48 personas en el lugar del siniestro. Posteriormente, otras cinco fallecieron en el hospital, elevando el número total de muertos a 53. Entre las víctimas se encontraban seis menores de edad y al menos una mujer embarazada. Once supervivientes sufrieron lesiones.

A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, señaló que la magnitud de la operación requería una gran red criminal que operaba tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

"Es un milagro que once personas hayan sobrevivido así", recordó Duva.

Duva declaró que nueve miembros de la organización de contrabando ya han sido condenados en Estados Unidos, mientras que diez fueron sentenciados en Guatemala. Dos líderes de la organización que operaban en Texas recibieron el año pasado cadena perpetua y 83 años de prisión, respectivamente.

Miranda-Orozco fue arrestado en Guatemala en agosto de 2024 como parte de una operación policial coordinada. Fue extraditado a Estados Unidos en marzo de 2025 para enfrentar cargos.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en San Antonio dirigió la pesquisa estadounidense, trabajando con socios de las fuerzas del orden en Guatemala y otras agencias federales, estatales y locales.

Joseph Tijerina, agente especial adjunto interino a cargo de HSI San Antonio, afirmó que la sentencia refleja un esfuerzo por responsabilizar a las personas involucradas en redes internacionales de trata, independientemente de dónde operen.

"No hay refugio seguro para quienes se lucran explotando y poniendo en peligro a otros", expresó Tijerina. "Sin importar dónde operen estas redes criminales ni hasta dónde crean que pueden llegar, HSI y nuestros socios de las fuerzas del orden las perseguirán, desarticularán sus operaciones y trabajarán en todo el mundo para que enfrenten la justicia".

El caso fue llevado a juicio a través del Grupo de Trabajo Conjunto Alfa, una iniciativa del Departamento de Justicia centrada en la investigación y el enjuiciamiento de redes de tráfico y trata de personas que operan en todo el continente americano.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom. 

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