Defensores de los derechos civiles, funcionarios electos, abogados y familias afectadas por la aplicación de la ley federal de inmigración se reunieron el martes en la Universidad Our Lady of the Lake para documentar lo que los organizadores describieron como el creciente costo humano y económico de la detención de inmigrantes.
La Audiencia Popular sobre la Aplicación de las Leyes de Inmigración en San Antonio reunió testimonios de miembros de la comunidad, expertos legales y familias afectadas, como parte de una serie de audiencias celebradas en todo el país para crear un registro público sobre las prácticas de aplicación de las leyes de inmigración, las condiciones de detención y sus efectos en las comunidades.
La alcaldesa de San Antonio, Gina Ortiz Jones, inauguró la audiencia recordando la historia de una madre que fue detenida por las autoridades de inmigración mientras sus hijos estaban en la escuela.
"¿Y se imaginan a los niños después de la escuela, esperando, sin saber qué había pasado, sin saber quién vendría a cuidarlos?", planteó Jones, emocionándose al describir la experiencia de la familia.
El exalcalde de San Antonio, Julián Castro, ahora director ejecutivo de la Fundación de la Comunidad Latina, calificó las actuales políticas de control migratorio como una emergencia nacional.
"Estamos aquí porque estamos presenciando una crisis nacional de crueldad que está siendo propagada por nuestro gobierno federal contra algunas de las personas más vulnerables de nuestra nación", señaló Castro.
Parte de la audiencia se centró en los costos financieros de las detenciones, así como en su impacto en las familias.
Daniel Hatoum, abogado supervisor sénior del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, afirmó que la detención federal de inmigrantes no solo es costosa para las familias, también lo es para los contribuyentes. Explicó a los asistentes que detener a una familia puede costarle al gobierno federal cientos de dólares al día, mientras que las alternativas comunitarias que cuentan con trabajadores sociales cuestan aproximadamente entre 12 y 16 dólares diarios.
"Ahora quizás se pregunten: ¿De qué grupo de expertos liberales sacó Daniel todas estas cifras?", dijo Hatoum. "Las obtuve del ICE. Las propias cifras presupuestarias del ICE indican que saben cuál es la mejor política, pero se niegan a implementarla y a hacerla cumplir". Hatoum agregó haber asesorado en más de 100 peticiones de hábeas corpus migratorio y que la gran mayoría involucraban a personas sin antecedentes penales. Los registros federales de aplicación de la ley, analizados a través del Proyecto de Datos de Deportación, muestran que más de 38,100 personas sin condenas ni casos penales pendientes fueron detenidas en todo Texas entre febrero de 2025 y febrero de 2026.
También describió los obstáculos legales que enfrentan las familias al impugnar la detención, incluyendo el alto costo de las peticiones de hábeas corpus, la dificultad para localizar a los detenidos después de los traslados entre centros y las limitadas oportunidades para que los abogados se comuniquen con sus clientes.
Entre quienes testificaron se encontraba Brandi Rahimi, residente de San Antonio, cuyo esposo, Shahrokh Rahimi, vive en Estados Unidos desde hace más de dos décadas tras huir de Irán. La pareja ha gastado alrededor de 30, 000 dólares a lo largo de los años buscando vías legales para que él pueda permanecer en el país.
Rahimi detalló que a su esposo se le concedió una suspensión de la deportación a Irán, lo que le permitió permanecer en Estados Unidos mientras solicitaba permiso para trasladarse a un tercer país. Sin embargo, según relató, en julio fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en su domicilio, un día después de que los ataques israelíes contra Irán intensificaran sus temores de ser deportado.
"Cuando Estados Unidos atacó a Irán, me preguntó si debía preocuparse", narró Rahimi. "Le dije: 'No, tienes una suspensión de la deportación. No eres un criminal. Trump va tras los peores criminales. No va tras personas que ya tienen un estatus legal. Estás bien'. Y entonces, para mi sorpresa, unas horas después, el ICE estaba en nuestra puerta".
Shahrokh Rahimi ha sido trasladado entre centros de detención y actualmente se encuentra recluido en el Centro de Detención del Condado de Karnes. Brandi Rahimi añadió que la separación ha tenido graves consecuencias emocionales y físicas para su esposo y su familia.
"Ha perdido 14 kilos desde que está allí. No duerme. Mi hija y yo sufrimos mucho por su separación. Es una lucha diaria, tener que apoyarla a ella y a él", expuso.
Los organizadores indicaron que los testimonios de la audiencia de San Antonio pasarán a formar parte de un registro público más amplio que documenta los efectos de la aplicación de la ley federal de inmigración en todo el país. Este año ya se han celebrado audiencias similares en Minnesota, Chicago y Los Ángeles.
Hatoum concluyó su testimonio instando a los asistentes a seguir abogando por alternativas a la detención.
"Tenemos que crear un movimiento popular que convierta las políticas inteligentes en la base de nuestra vida cotidiana. Un movimiento que descentralice la detención y el encarcelamiento, alejándolos de la vida de las personas, porque al hacerlo, no sólo beneficiamos a nuestros vecinos, a nuestros seres queridos y a la gente de la comunidad, sino a todos en este país."
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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