Un juez de inmigración estadounidense en San Antonio ordenó la deportación a Honduras de Yadira Córdoba, activista nicaragüense cuyo hijo fue asesinado durante las protestas de 2018 contra el régimen de Ortega-Murillo. El fallo niega su solicitud de asilo en los Estados Unidos y ordena su traslado a Honduras, donde, según el tribunal, podría solicitar protección.
Córdoba, una activista comprometida con la justicia, fue detenida por el ICE en agosto en un control rutinario en San Antonio. Su equipo legal, liderado por Arno Lemus, declaró a TPR que la detención se debió a un tecnicismo en su solicitud inicial de asilo, presentada en enero de 2022.
Lemus y su equipo argumentaron inicialmente que su vida correría peligro si era deportada a Nicaragua. Pero cuando los abogados de inmigración asignados por el gobierno decidieron invocar el acuerdo de Tercer País Seguro, lo que potencialmente implicaba una deportación a otro país de la región, la preocupación se reavivó. Disidentes nicaragüenses han sido atacados en otras partes de Centroamérica, incluyendo Honduras y Costa Rica.
La solicitud de asilo parte de los sucesos que comenzaron en abril de 2018, cuando las manifestaciones contra las propuestas de reforma del sistema de pensiones en Nicaragua se convirtieron en un movimiento de protesta a nivel nacional. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al menos 355 personas murieron y miles resultaron heridas el año siguiente.
El 30 de mayo de 2018, durante la Marcha de las Madres en Managua, las fuerzas gubernamentales abrieron fuego contra los manifestantes, asesinando al menos a 19 personas, según observadores de derechos humanos. Orlando Aguirre Córdoba, hijo de 15 años de Córdoba, se encontraba entre los fallecidos. Posteriormente, las familias de las víctimas formaron las Madres de Abril, un colectivo que exige justicia por los decesos.
Tras recibir amenazas, Córdoba dejó Nicaragua, vivió temporalmente en Costa Rica e ingresó a los Estados Unidos, donde se instaló en Austin. Trabajó cuidando a ancianos mientras solicitaba asilo.
Sus abogados argumentan que Honduras no cumple con las condiciones para ser considerado un “tercer país seguro” debido a la violencia documentada contra los exiliados nicaragüenses en ese país. La decisión del juez, emitida el 7 de noviembre, otorga al equipo de defensa de Córdoba un plazo hasta el 8 de diciembre para presentar una apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración en Falls Church, Virginia.
Personas cercanas al caso han declarado a TPR que el asunto de Córdoba refleja sus propias solicitudes de asilo. Córdoba permanece bajo custodia del ICE en San Antonio mientras se revisan sus opciones legales.
Si se rechaza la apelación, el caso podría pasar al Quinto Circuito de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos. Organizaciones de derechos humanos han declarado que están siguiendo de cerca el desenlace, pero no han anunciado ninguna demanda a nivel internacional.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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