El arresto de Yadira Córdoba por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos el 20 de agosto en San Antonio ha sacudido a la comunidad de exiliados de Nicaragua.
Córdoba, una madre nicaragüense que exigía justicia por el asesinato de su hijo de 15 años durante una marcha el 30 de mayo de 2018 en Nicaragua, fue arrestada en una cita de rutina en la corte de inmigración el 20 de agosto. Ella ha estado en los Estados Unidos buscando asilo desde 2023.
No fue posible contactar inmediatamente al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para solicitar comentarios.
Está previsto que Córdoba tenga una audiencia de deportación acelerada el 22 de septiembre. El Consejo Americano de Inmigración describe este proceso como uno mediante el cual los no ciudadanos pueden ser expulsados de los Estados Unidos sin una audiencia ante un juez de inmigración.
Los inmigrantes indocumentados en procedimientos de deportación acelerada tienen derecho a acceder al sistema de asilo si expresan temor de persecución, tortura o de regresar a su país de origen.
El proceso puede presentar fallas por diversas razones, entre ellas la falta de revisión judicial y una acumulación de solicitudes de asilo.
Córdoba enfrenta el riesgo real de ser deportada a Nicaragua, donde ha sido objeto de persecución por parte del régimen de Ortega-Murillo.
Organizaciones de derechos humanos advierten que su vida corre peligro si es devuelta a Nicaragua.
Tras la muerte de su hijo de 15 años, Orlando, Córdoba se convirtió en una de las voces más destacadas en exigir justicia para las víctimas de la represión estatal.
Desde entonces, ha sido una figura sobresaliente del movimiento pro democracia de Nicaragua y es miembro de las Madres de Abril, un grupo que se ha convertido en un símbolo de resistencia, exigiendo rendición de cuentas y el fin del régimen autoritario en Nicaragua.
🇺🇸🚨 El ICE detuvo en San Antonio, Texas, a Yadira Córdoba, madre de una de las víctimas de las protestas de 2018 en Nicaragua. Esta fue la denuncia que realizó uno de los hijoshttps://t.co/2u3jy8H9i6 pic.twitter.com/MClXbbEHLN
— LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) August 27, 2025
Las Madres de Abril están formadas por mujeres cuyos hijos fueron asesinados. No son políticas. Son maestras, enfermeras, amas de casa: personas comunes que se convirtieron en activistas debido a una pérdida insoportable. Su demanda es simple: verdad, justicia y garantías de no repetición, dijo Félix Maradiaga, activista de la oposición, ex candidato presidencial y ahora profesor de la Universidad de Virginia y la Universidad Johns Hopkins.
Maradiaga añadió: "Yadira Córdoba es un nombre muy conocido en Nicaragua. Siempre habló desde una perspectiva apartidista y apolítica sobre temas de justicia, derechos humanos y democracia". Tras el asesinato de su hijo, se convirtió en una incansable portavoz de las Madres de Abril.
El activismo de Córdoba tuvo un precio. Enfrentó amenazas y persecución, lo que la obligó a exiliarse en Costa Rica en 2019. Pero ni siquiera allí estaba a salvo. "Recordemos que ha habido intentos de asesinato contra activistas nicaragüenses allí, e incluso asesinatos. Ella hizo lo que cualquiera de nosotros haría: huir para salvar su vida", dijo Maradiaga.
Se han documentado intentos de asesinato y homicidios de exiliados nicaragüenses en Costa Rica como parte de un patrón de represión transnacional orquestado por el gobierno nicaragüense. Casos recientes incluyen el asesinato del activista Roberto Samcam en 2025, el crimen de Jaime Luis Ortega en 2024 y los ataques contra João Maldonado en 2023, aunque el presidente de Costa Rica ha negado la presencia de agentes nicaragüenses activos en el país.
En 2023, Córdoba se trasladó a los Estados Unidos, donde solicitó protección bajo la ley de asilo estadounidense. Su detención este mes conmocionó a Maradiaga y a otros exiliados. "Fue un shock para muchos de nosotros", expresó. Yadira es un caso reconocido internacionalmente. Su testimonio ha sido registrado por la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas, e incluso se ha presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU. El propio gobierno estadounidense, durante la primera administración de Trump, emitió declaraciones condenando el asesinato de su hijo.
“Que uno de los casos mejor documentados de ejecución extrajudicial pueda ahora resultar en deportación es absolutamente indignante”.
Según Pablo Cuevas, quien forma parte del equipo legal de Córdoba, el problema radica en un tecnicismo. "Entró indocumentada y no tuvo una entrevista de temor creíble al ingresar. Esto se corrigió posteriormente, pero el ICE lo está tratando como una violación, no como un tecnicismo", explicó Córdova.
El riesgo que enfrenta Córdoba si es deportada es grave. "Su vida estaría en riesgo", afirmó Maradiaga. "El régimen no necesita informes de inteligencia para saber quién es Yadira. Ella ha hablado en foros internacionales. Si la devuelven, no solo sería perseguida, sino que podría ser desaparecida".
El régimen sandinista ha construido un extenso aparato de vigilancia conocido como SORM, un sistema de diseño ruso que recopila información en una base de datos centralizada. Cualquier persona interrogada por las autoridades es ingresada en este sistema, que puede extraer información de redes sociales, antecedentes policiales e incluso de informantes locales afines al Partido Sandinista. Algo tan insignificante como una multa de tránsito o una publicación de Facebook de años atrás puede desencadenar la inclusión. Los miembros locales del partido introducen sus nombres en listas comunitarias, que luego se pasan a los representantes regionales, creando así un registro nacional de ciudadanos bajo escrutinio. Para los nicaragüenses que regresan tras migrar, ya sea deportados o voluntariamente, las consecuencias varían.
Maradiaga señaló que “los migrantes económicos a menudo se ven obligados a firmar documentos en los que se comprometen a no criticar al régimen. Pero los casos políticos son diferentes. Esos activistas deportados simplemente desaparecen. Sus familias tienen demasiado miedo de hablar. Ese es el tipo de estado policial al que nos enfrentamos”.
Estableció un marcado contraste entre el apoyo público del gobierno estadounidense al movimiento prodemocrático nicaragüense y las deficiencias de su sistema de asilo. "El asilo debería ser riguroso y riguroso. Pero el problema es la inconsistencia. Algunos casos sin documentación sólida son aprobados, mientras que casos como el de Yadira, con pruebas extraordinarias, son denegados. Eso es lo que confunde y atemoriza a la gente".
El propio Maradiaga continúa viviendo en el limbo en los Estados Unidos tras ser liberado y desterrado de Nicaragua junto con otros 221 presos políticos en febrero de 2023. "Ni el caso de asilo de mi esposa ni el mío han sido aprobados después de siete años, a pesar del reconocimiento de las autoridades estadounidenses. Hemos decidido permanecer en el sistema de asilo como un acto de solidaridad con nuestros compatriotas nicaragüenses, para experimentar sus deficiencias desde dentro y para hablar con legitimidad".
Para Maradiaga, la historia de Córdoba es más que un caso individual. "Cuando ves a mujeres humildes —madres que nunca imaginaron convertirse en actores políticos— enfrentarse a la dictadura, ves la verdadera Nicaragua", reflexionó Maradiaga. La historia de Yadira no se trata solo de su hijo Orlando. Se trata de un movimiento de madres que se niegan a ser silenciadas".
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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