Aunque la Sexta Enmienda establece el derecho a un abogado en todos los casos penales, no existe ningún equivalente para los casos civiles.
Los legisladores en el Capitolio celebraron una audiencia el martes sobre la necesidad de cerrar la brecha de justicia civil en los Estados Unidos.
Los estadounidenses de bajos ingresos no obtienen la representación que necesitan para el 92% de sus problemas legales. Esto incluye beneficios para veteranos, cuestiones de derechos de los inquilinos, procedimientos de custodia y órdenes de restricción por violencia doméstica.
Nathan Hecht, presidente del Tribunal Supremo de Texas, testificó ante el Comité Judicial del Senado.
"Las necesidades de la gente de tener servicios legales simples exceden en gran medida su disponibilidad debido a los costos," planteó. "Los pobres y las personas con recursos limitados no pueden permitirse un abogado y por eso se les niega la justicia. Esto es puro y simple."
Vea la audiencia completa del comité a continuación:
The Sixth Amendment provides a right to counsel in all criminal cases. There’s no equivalent right in civil cases.
— Senate Judiciary Committee (@JudiciaryDems) July 9, 2024
The result: wide disparities in the ability of Americans to access the civil justice system.
We’re examining this justice gap. Watch. https://t.co/5vNyRL5OMD
Las discusiones también se centraron en cómo tres cuartas partes de los hogares estadounidenses de escasos recursos enfrentan al menos un problema civil al año.
Hecht expuso que la brecha en la justicia civil afecta a más personas que a los acusados indigentes.
"La brecha de justicia es una carga para la sociedad, la economía, las empresas y los contribuyentes, quienes deben asumir los costos de la incapacidad de las personas para arreglárselas debido a necesidades legales civiles insatisfechas, como lo ha confirmado estudio tras estudio," señaló.
Hecht añadió que los tribunales de Texas han trabajado para identificar grupos específicos que necesitan ayuda y emplean tecnologías innovadoras, como la inteligencia artificial, para ayudar a cerrar la brecha.
Otros testigos que hablaron en el comité fueron Ronald S. Flagg, presidente de Legal Services Corporation en Washington, y Nikole Nelson, directora ejecutiva de Frontline Justice.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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