El gobierno mexicano expresó esta semana una renovada esperanza de que los fabricantes de armas estadounidenses que supuestamente contribuyeron a la matanza en ese país finalmente rindan cuentas.
Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el lunes que una demanda que el gobierno mexicano presentó contra varios fabricantes de armas estadounidenses puede avanzar, revocando un fallo de un tribunal inferior que desestimó el caso.
El gobierno mexicano demandó a varios fabricantes de armas en agosto de 2021 por 10 mil millones de dólares, argumentando que los fabricantes contribuyen al flujo ilícito de armas de fuego hacia México y “toman decisiones deliberadas de diseño, comercialización y distribución para retener y hacer crecer ese mercado ilegal y las ganancias sustanciales que produce”. según documentos judiciales.
Los acusados incluyen Smith & Wesson, Barrett Firearms, Baretta Holdings, Ruger and Company y Glock, Inc., entre otros.
Un juez de distrito de EE. UU.desestimó el caso en septiembre de 2022 y dictaminó que los fabricantes de armas estaban protegidos de la demanda en virtud a la Ley de protección del comercio legal de armas. Esa ley prohíbe demandas de responsabilidad civil por daños y otras compensaciones debido al “uso indebido de sus productos por parte de otros”.
El panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito revertió la decisión del tribunal anterior. El panel dijo que, si bien la ley protege a los fabricantes de la mayor parte de la responsabilidad, existen excepciones que no prohíben las demandas que resulten de un "comportamiento ilegal".
“La conclusión es que México ha alegado de manera plausible al menos algunos daños que ha sufrido directamente por el tráfico ilegal de armas a México”, escribió el juez William Kayatta.
El abogado Alejandro Celorio Alcántara, consejero de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, señaló que la decisión del lunes significa que su gobierno finalmente podría obtener algunas respuestas de los fabricantes sobre el flujo de sus armas al sur del Río Grande.
“Ahora tendremos nuestro día en la corte y podremos presentar pruebas y pedir información a los acusados sobre cuánto saben sobre sus armas de fuego que terminan en manos de criminales”, lanzó a Texas Public Radio.
En su demanda, México sostiene que entre el 70% y el 90% de las armas recuperadas en las escenas del crimen se remontan a Estados Unidos. La demanda también afirma que los fabricantes producen alrededor del 70% de las armas traficadas a México, lo que representa entre 342,000 y 597,000 unidades al año.
“México alega que los acusados saben que sus armas son traficadas hacia México y toman decisiones deliberadas de diseño, comercialización y distribución para retener y hacer crecer ese mercado ilegal y las ganancias sustanciales que produce”, continuó Kayatta.
Es probable que la decisión moleste a los defensores de la Segunda Enmienda, quienes regularmente argumentan que Estados Unidos no es responsable de la incapacidad del gobierno mexicano para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. En junio, el Senador estadounidense Ted Cruz, Republicano por Texas, tomó la iniciativa de presentar un escrito amicus curiae en el que él y decenas de otros legisladores señalaron que la demanda era una “afrenta” a la soberanía estadounidense.
“Lo que el gobierno de México está tratando de hacer es imponer su propia interpretación de la ley estadounidense a las empresas estadounidenses”, expuso Cruz en un comunicado el año pasado. "Esto demuestra un desprecio por nuestra Constitución y, en particular, nuestra Segunda Enmienda".
La oficina del Senador no respondió a una solicitud de comentarios sobre la decisión del tribunal de apelaciones.
La Fundación Nacional de Deportes de Tiro, una asociación comercial de la industria de armas de fuego, afirmó que México necesita centrarse en los problemas en su propio patio trasero en lugar de perseguir a las empresas estadounidenses.
"México debería dedicar su tiempo a hacer cumplir sus propias leyes y llevar a los criminales mexicanos ante la justicia en los tribunales mexicanos, en lugar de convertir a la industria de armas de fuego en chivos expiatorios por su falta de voluntad para proteger a los ciudadanos mexicanos", dijo Larry Keane, abogado general de la NSSF en una publicación en X.
Jonathan Lowy, abogado del equipo que representa a México, le explicó a NPR que dicho país está haciendo lo mejor que puede pero los cárteles tienen demasiadas armas.
“México está trabajando mucho para proteger a su gente y evitar que los cárteles trafiquen fentanilo y causen violencia”, planteó. “El problema es que los cárteles están tan fuertemente armados con armas estadounidenses que no pueden entrar a México. México tiene leyes de armas muy estrictas. Eso hace que a los delincuentes les resulte muy difícil conseguir armas”.
Lowy añadió que Estados Unidos probablemente se beneficiará tanto como México si los fabricantes de armas son declarados responsables.
“México verá cárteles con menos armas, lo que ayudará a la gente en Estados Unidos porque permitirá detener el tráfico de fentanilo y la violencia que está estimulando la migración, pero también conducirá a menos armas criminales en las calles [de] las ciudades estadounidenses”, consideró.
La cuestión de las armas de fabricación estadounidense que llegan a México ha sido un tema central para líderes mexicanos durante varios años. En 2012, el expresidente mexicano Felipe Calderón desveló un espectacular en Ciudad Juárez que decía “No más armas” hecho con restos de armas destruidas de fabricación estadounidense que llegaron a México (el cartel fue retirado en 2015). Calderón argumentó que el contrabando de armas hacia México aumentó después de que expiró la prohibición de las armas de asalto en Estados Unidos en 2004.
En 2019, después de que un supremacista blanco mató a 23 personas, incluidos ocho ciudadanos mexicanos, en un ataque racista en El Paso, el exsecretario de Asuntos Exteriores mexicano Marcelo Ebrard dijo que su gobierno estaba considerando tomar medidas contra los fabricantes de armas.
Aunque ese tiroteo ocurrió en Estados Unidos, Ebrard sostuvo que la oficina emprendería acciones contra “la venta y distribución de modelos como el arma de asalto que acabó con la vida” de las víctimas.
“Lo [estamos] analizando, pero definitivamente lo vamos a hacer”, aseguró en español.
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Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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