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El alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, pidió la renuncia de la fiscal de distrito Christina Mitchell por su manejo de la investigación del tiroteo en la escuela primaria Robb.
McLaughlin dijo el lunes que la ciudad de Uvalde ha esperado documentos, incluidos informes de autopsia, de la oficina de Mitchell para concluir su propia investigación más de 15 meses después del tiroteo en el que fallecieron 19 niños y dos maestras.
"Desde el primer día, hemos pedido transparencia a todas las agencias que estuvieron allí ese día. Agencias locales, estatales y federales, todos somos adultos y necesitamos simplemente poner los hechos sobre la mesa", señaló Mclaughlin en un comunicado. "Han pasado quince meses desde esta tragedia y siento que las familias y nuestra comunidad merecen respuestas".
McLaughlin afirmó que la ciudad de Uvalde demandó a la fiscal del distrito por negar el acceso a los registros por segunda vez.
"La demanda inicial fue desestimada porque la fiscal Mitchell prometió cooperar con la ciudad", sentenció. "Ella no cumplió, una vez más, su palabra. La ciudad tuvo que presentar una demanda por segunda vez, porque la fiscal de distrito Mitchell continúa bloqueando la investigación local".
Los registros en posesión de Mitchell podrían contener la respuesta a si las vidas de estudiantes y maestras podrían haberse salvado si las autoridades hubieran actuado con más prontitud.
Trescientos setenta y seis agentes, incluidos más de 90 del DPS de Texas y 150 elementos de la Patrulla Fronteriza, esperaron más de una hora para confrontar y matar al sicario.
McLaughlin alegó que la oficina de Mitchell bloqueó el acceso a los registros porque su investigador principal estaba en el lugar de los hechos en la escuela primaria Robb el 24 de mayo de 2022.
"Su investigadora principal, Shayne Gilland, estuvo en el lugar el 24 de mayo en la escuela Robb y esto empaña toda su investigación sobre cualquier posible conducta criminal por parte de las autoridades", enfatizó McLaughlin.
Mitchell no respondió a la solicitud de comentarios de TPR. Advirtió en una declaración a San Antonio Express-News que Gilland estaba en el lugar de los hechos pero que no fue el primero en responder.
Mitchell le confirmó al periódico que no dimitiría. Defendió su investigación y calificó las acusaciones de McLaughlin como "un intento de poner excusas por encima de la razón por la que no completaron su investigación interna cuando todas las demás agencias policiales sí lo hicieron".
A principios de esta semana, Mitchell explicó a Express-News que planeaba llevar el caso ante un gran jurado antes de fin de año.
Dijo que su oficina acaba de recibir documentos del Departamento de Seguridad Pública de Texas este verano y los estaba revisando.
Estos incluyen informes y transcripciones de pruebas de testigos y sobrevivientes sobre la fallida respuesta de las autoridades.
Mitchell subrayó que utilizaría los resultados de la investigación del DPS y otros expertos médicos para que se pueda determinar si se deben presentar cargos contra alguno de los agentes que respondieron.
La oficina de la fiscal de distrito y la oficina del fiscal general de Texas negaron las solicitudes de documentos de TPR. Citaron varias exenciones a las leyes de apertura de registros.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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