La ciudad de San Antonio está demandando a Texas por el Proyecto de Ley 2127, también conocido como el Proyecto de Ley Preferente o el Proyecto de Ley de la Estrella de la Muerte.
La ciudad se presenta como coadyuvante, sumándose a una demanda presentada por la ciudad de Houston a principios de este mes. San Antonio dice que la HB 2127, titulada Ley de Consistencia Regulatoria de Texas, es vaga, viola la Constitución de Texas y bloquea los derechos de las ciudades autónomas para aprobar sus propias ordenanzas. La ley impide que las ciudades aprueben ordenanzas reguladas por la ley estatal.
En una conferencia de prensa el lunes, el alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg, dijo que la ley es una gran extralimitación del gobierno. “Y demuestra los peligros de que se codifique una agenda radical sesión tras sesión en el capitolio”, agregó.
La legislación afectaría la capacidad de las ciudades para hacer cumplir las ordenanzas locales en los códigos regulados por el estado, incluidos los de Agricultura, Negocios y Comercio, Finanzas, Seguros, Trabajo, Gobierno Local, Ocupaciones y Propiedad.
La demanda alegó que la iniciativa HB 2721 "contradice la autoridad constitucional otorgada a ciudades autónomas como San Antonio".
“La HB2127 trata de adelantarse a la regulación local de las ciudades autónomas de múltiples áreas de autoridad local a través de declaraciones de preferencia amplias y generalizadas de preferencia. Sin embargo, las disposiciones de la HB2127 son tan vagas que no constituyen ningún tipo de regulación. La prioridad de la ley local de las ciudades autónomas requiere una claridad inequívoca, y la HB2127 pierde esa marca por mucho”, explicó la demanda.
El abogado de la ciudad de San Antonio, Andy Segovia, dijo que la naturaleza vaga del lenguaje del proyecto de ley hace que cualquier ordenanza municipal existente sea susceptible a demandas.
“Podría contratar a 20 abogados de gran reputación para… analizar las ordenanzas de nuestra ciudad y darme una lista de lo que impactaría la HB 2721; obtendría 20 listas diferentes”, expuso. "Así de vago y ambiguo es esto, y no vamos a comenzar el juego de tratar de autoseleccionar qué ordenanzas se verían afectadas".
Según la ley de Texas, las ciudades autónomas están autorizadas a promulgar estatutos de la ciudad y crear reglamentos, ordenanzas y políticas locales a menos que estén prohibidos por la ley estatal. En comparación, las ciudades que son sujetas a la ley general se sujetas a las leyes estatales existentes para determinar cómo operan.
El concejal del Distrito 8, Manny Pelaez, presidió anteriormente el Comité de Relaciones Intergubernamentales de la ciudad, que conecta al ayuntamiento con el condado de Bexar, para discutir la legislación potencial que afectaría a ambas entidades. Pelaez afirmó que la ley es indescifrable y está torpemente escrita.
“Tiene que ser reescrito o aclarado por los tribunales para que las ciudades cumplan”, advirtió. “Lamentablemente, requerirá un gasto importante en honorarios de abogados para evitar el caos que esta vaga ley nos ha creado”.
Si bien la mayor parte del consejo de la ciudad apoyó la demanda, el recién elegido concejal de San Antonio, Marc Whyte, del Distrito 10, se opuso. Señaló que la ley es buena para los negocios.
“Esta es una situación en la que todos pierden, en mi opinión”, recalcó. “Si se anula la ley, entonces se anula un buen proyecto de ley que beneficiaría a las empresas de Texas. Pero en un escenario en el que la ciudad pierda la demanda, habremos gastado tiempo y dinero (dólares de los contribuyentes) en una demanda en la que no deberíamos estar involucrados”.
A menos que haya una intervención de los tribunales, la ley de preferencia entrará en vigor el 1 de septiembre.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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