El alguacil del condado de Bexar, Javier Salazar, presentó el lunes cargos penales por la operación del gobernador de Florida, Ron DeSantis, para trasladar en avión a decenas de migrantes desde San Antonio a Martha's Vineyard en Massachusetts con falsos pretextos.
Joe Gonzales, el fiscal de distrito del condado, confirmó en un comunicado el martes que su oficina estaba revisando los cargos.
El vuelo fue parte de una iniciativa de Florida para transportar inmigrantes fuera de Texas a comunidades lideradas por demócratas, un proyecto que DeSantis ha defendido y celebrado.
Salazar ha dicho que la operación de DeSantis atrajo a los 49 migrantes del Centro de Recursos para Migrantes de San Antonio con falsos pretextos, prometiéndoles empleo en otra ciudad.
“El cargo presentado es Restricción Ilegal y se presentaron varias denuncias, tanto de delito menor como de delito grave”, dijo la oficina de Salazar en un comunicado a TPR. El cargo de restricción ilegal sería un delito grave para cinco de los inmigrantes menores de 17 años.
La oficina de Salazar no nombró a los sospechosos involucrados en el caso. Las reubicaciones fueron supervisadas por su jefe de personal y el jefe de seguridad pública. La oficina de DeSantis no respondió a las solicitudes de comentarios de TPR.
La declaración de Gonzales explicó que "la denuncia se someterá a nuestra revisión de admisión normal y meticulosa. El proceso de determinar si existe evidencia suficiente para acusar a alguien de un delito y convencer a un jurado de ciudadanos del condado de Bexar 'más allá de toda duda razonable' de que se ha cometido un delito puede ser largo y laborioso en el mejor de los casos".
Agregó: "Si una revisión de los hechos revela que se ha cometido un delito grave, presentaremos ese caso a un gran jurado para su deliberación".
Mientras tanto, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC son sus siglas en inglés) emitió una alerta a todas las comunidades de refugiados latinos para evitar una mayor explotación de las comunidades vulnerables.
“Aconsejamos encarecidamente a las personas que no acepten ofertas de transporte de personas desconocidas que prometen empleo, vivienda y asistencia sin verificar la legitimidad de tales propuestas con las autoridades gubernamentales locales”, advirtió el presidente de LULAC, Domingo Garcia. “Es fundamental salvaguardar a la gente contra el tráfico de personas con fines lucrativos o políticos”.
LULAC también instó al Departamento de Justicia de los EE. UU. a determinar si se violaron las leyes federales mientras los migrantes eran transportados a lo largo de fronteras estatales.
La controversia no se limitó a Massachusetts y el estado de la Estrella Solitaria. El martes Associated Press informó que el fiscal general de California, Rob Bonta, planeó investigar cualquier vínculo entre DeSantis y un vuelo desde Nuevo México que transportó a unos 20 solicitantes de asilo, que primero fueron recogidos en El Paso, y que llegaron a la capital del estado de Sacramento el lunes.
Las autoridades creían que los migrantes no sabían que el vuelo privado los llevaría a California. Un vuelo similar tuvo lugar el viernes.
AP también informó que el alcalde de Sacramento señaló que grupos religiosos estaban ayudando a los migrantes. El gobernador de California aclaró que el estado podría considerar cargos de secuestro. DeSantis tampoco proporcionó ningún comentario sobre el caso de California.
Marian Navarro contribuyó con esta información.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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