El gobierno de Biden duplicó el viernes su intención de deportar rápidamente a los migrantes que cruzan la frontera ilegalmente, incluso después de que esta semana expire una regla de la era de la pandemia que permite expulsiones rápidas.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo durante una visita a Texas que la administración también planea hacer cumplir una prohibición de asilo para los migrantes que no buscaron protección en otro país antes de intentar ingresar a los Estados Unidos.
Los comentarios de Mayorkas se produjeron cuando la frontera sur está experimentando un aumento continuo en la cantidad de migrantes, la mayoría de ellos solicitantes de asilo, que cruzaron el Rio Bravo antes de la expiración del Título 42 esta semana. La política fue iniciada en marzo de 2020 por la administración Trump y permite que los migrantes sean expulsados rápidamente de los EE. UU. sin poder solicitar asilo.
“Usaremos nuestras autoridades de remoción acelerada bajo el Título 8 del Código de los Estados Unidos que nos permite remover a las personas muy rápidamente”, advirtió Mayorkas durante una conferencia de prensa en Brownsville, refiriéndose a la sección de leyes que se relacionan con las políticas federales de migración.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas agregó un tuit el viernes por la tarde advirtiendo a los migrantes de las posibles consecuencias de ingresar ilegalmente al país.
“A diferencia del Título 42, las leyes del Título 8 imponen consecuencias criminales y de migración para aquellos que cruzan la frontera ilegalmente, mismas que incluyen: órdenes finales de expulsión, deportación, una prohibición de cinco años para el reingreso y posible enjuiciamiento penal si se intenta ingresar de nuevo”, señaló el Tuit.
La declaración se basa en el anuncio del mes pasado de que la administración establecerá centros de procesamiento de migrantes en América Latina para “reducir la migración irregular” y facilitar las vías legales para viajar. Los solicitantes pueden hacer citas allí para el procesamiento y la posible aprobación de vías legales para ingresar a los EE. UU., Canadá o España. Pero la nueva política incluye que los migrantes que no elijan esa opción probablemente serán castigados.
Mayorkas también indicó que una propuesta de política publicada en el Registro Federal a principios de este año se finalizará antes de que el Título 42 concluya esta semana. En febrero, la Casa Blanca afirmó que prohibiría la mayoría de las solicitudes de asilo si los migrantes no buscaron dicho estatus en otro país primero.
“Para el 11 de mayo, finalizaremos la regla que publicamos en un formato propuesto que establece que se presumirá que las personas que no accedan a nuestras vías legales no sean elegibles para el asilo y tendrán una mayor carga de la prueba para superar esa presunción de inelegibilidad”, agregó Mayorkas.
Los grupos de derechos de los migrantes han criticado a la administración por resucitar lo que han llamado políticas de la era Trump que impiden que las personas ejerzan su derecho legal al asilo. Pero la administración Biden ha dicho repetidamente que cualquier solución permanente a la crisis fronteriza debe provenir del Congreso de los EE. UU., que se ha mostrado reacio a actuar sobre una reforma migratoria significativa.
Ese es un sentimiento que Mayorkas repitió el viernes.
“Fundamentalmente, estamos trabajando dentro de un sistema de inmigración que no funciona y que durante décadas ha tenido una gran necesidad de reforma. Ese es un hecho en el que todos están de acuerdo”, precisó. “E instamos al Congreso a que arregle nuestro sistema de inmigración que no funciona. Y hasta entonces, haremos todo lo que podamos con nuestras autoridades para proporcionar un camino ordenado y seguro para las personas que califican para el alivio bajo las leyes de los Estados Unidos de América”.
El período previo a la expiración del Título 42 llevó a las ciudades de El Paso, Laredo y Brownsville a emitir declaratorias de emergencia o desastre. Estas declaraciones permiten que el gobierno de la ciudad obtenga fondos federales para proporcionar refugio y otros recursos a las comunidades que luchan contra la afluencia de migrantes. El viernes, el DHS anunció $332,5 millones de dólares adicionales para las comunidades locales.
Pero esos recursos vienen con condiciones, ya que no se pueden usar para ayudar a las personas que cruzaron la frontera evadiendo a la Patrulla Fronteriza.
Durante una aparición en MSNBC el viernes. La representante estadounidense Veronica Escobar, Demócrata de El Paso, dijo que esas restricciones son, en parte, la razón por la que hay tantos migrantes acampando en las calles del centro de El Paso. Actualmente hay cientos de migrantes durmiendo en las aceras o en tiendas de campaña improvisadas cerca de la Iglesia del Sagrado Corazón.
“No se nos permite usar fondos de FEMA o fondos federales para brindar refugio de emergencia a aquellas almas vulnerables que están alrededor de la iglesia porque son indocumentadas”, describió. “Entonces, con esa prohibición, tenemos que buscar fuentes privadas de financiamiento, fuentes filantrópicas para tratar de encontrar suficiente dinero para brindarles refugio de emergencia”.
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Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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