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Una ex funcionaria de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dijo a los investigadores del Congreso que la decisión de comenzar a expulsar a los migrantes en la frontera bajo el Título 42 del Código de Salud de los Estados Unidos durante el mandato de Trump "no se basó en una evaluación de salud pública".
Anne Schuchat, ex subdirectora de los CDC, dio testimonio recientemente ante el Subcomité Selecto sobre la Crisis del Coronavirus, un panel de la Cámara que investiga la respuesta de la administración Trump a la pandemia. La funcionaria describió las discusiones que tuvieron lugar antes de la implementación de la orden del Título 42 entre la Casa Blanca y los CDC al comienzo de la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS son sus siglas en inglés) del ex presidente Trump solicitó en ese momento que el jefe de la División de Migración y Cuarentena de los CDC, Martin Cetron, firmara la orden, que permitiría al gobierno expulsar a los migrantes sin el debido proceso para los solicitantes de asilo.
Debido a que los CDC tienen la tarea de proteger la salud pública con "los medios menos restrictivos posibles" y debido a que Cetron sintió que "los hechos no se fundamentaban en razones de salud pública", se negó a firmar la orden.
Schuchat dijo que en ese momento, Cetron creía que "la decisión no se tomó en función de los criterios de cuarentena" y que "puede haber sido iniciada para otros fines".
En octubre, la Associated Press informó que fue el ex vicepresidente Mike Pence quien luego presionó directamente al director de los CDC en ese momento, Robert Redfield, para que firmara la orden.
La administración Biden continúa usando esta orden basada en el código de salud de los EE. UU. para expulsar migrantes, y la ha usado para deportar rápidamente a más personas en 2021 que la administración Trump durante su propio mandato.
Harold Koh, un asesor legal senior en el Departamento de Estado, renunció por el uso del Título 42 en un memorando legal detallado a principios de este año.
“Creo que la implementación actual de la autoridad del Título 42 por parte de esta Administración continúa violando nuestra obligación legal de no expulsar o devolver a las personas que temen persecución, muerte o tortura”, dice el memorando. "Claramente existen alternativas legales y más humanas".
El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, continúa defendiendo el Título 42 como una medida de salud pública. En mayo, dijo a los legisladores que la orden sería revocada "cuando ya no exista una base imperativa de salud pública".
"Estamos haciendo esto por una necesidad de salud pública. No es una política de inmigración", precisó en una sesión informativa en la Casa Blanca en septiembre.
Pero Schuchat reiteró a los investigadores del Congreso en el panel de la Cámara que “en ese momento, había muchas más enfermedades en los Estados Unidos que al sur de la frontera. El enfoque en reducir la propagación en nuestro lado de la frontera era muy necesario".
Schuchat respondió "no" cuando se le preguntó si la orden era necesaria para evitar la propagación de la COVID-19 en los EE.UU.
