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Juez Federal Impide Que El Gobernador De Texas Restrinja Los Traslados De Migrantes

Asylum-seeking migrants apprehended by Border Patrol agents, in Penitas
GO NAKAMURA/REUTERS
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Los agentes de la Patrulla Fronteriza de los EE. UU. están procesando a familias de migrantes centroamericanos en busca de asilo después de cruzar el Río Bravo hacia los Estados Unidos desde México, en Peñitas, Texas, EE. UU., el 8 de julio de 2021. REUTERS/Go Nakamura

Un juez federal en El Paso emitió el jueves una orden judicial que bloquea la orden ejecutiva del gobernador Greg Abbott que restringe el transporte de migrantes en el estado.

El Departamento de Justicia solicitó una orden de restricción para evitar que Abbott utilice policías estatales para detener vehículos sospechosos de transportar migrantes.

La jueza Kathleen Cardone emitió una orden de restricción temporal que estaba programada para expirar el viernes. La orden judicial de Cardone tiene efecto indefinidamente.

El juez anotó que la orden de Abbott interrumpe la aplicación federal de las leyes de inmigración y el estado no presentó evidencia para respaldar su afirmación de que la orden ayudaría a detener la propagación de la COVID-19.

“La orden parece hacer poco para proteger la salud pública a pesar de sus supuestas motivaciones. Texas no presenta evidencia de que los no ciudadanos que ingresan a los Estados Unidos por la frontera representen un riesgo particular para la salud, de modo que restringir su transporte mejoraría la salud y la seguridad”, anotó Cardone.

La demanda del DOJ contra Abbott se consolidó recientemente con otra presentada por la ACLU de Texas.

"El bloqueo por parte de la corte de la orden ejecutiva descaradamente inconstitucional del gobernador Abbott brinda un alivio bienvenido a los texanos", dijo Kate Huddleston, abogada de la ACLU de Texas. Su demanda contra Abbott por su orden ejecutiva se consolidó recientemente con el mandato judicial del Departamento de Justicia.

Nuestros demandantes, incluidos los proveedores de refugio, los trabajadores humanitarios y los inmigrantes que viven en Texas, podrán vivir su vida y brindar refugio a los solicitantes de asilo libres de la amenaza de que sus vehículos serán incautados o que se vean obligados a conducir hasta la frontera. Este es el primer paso para garantizar que este último atentado a los derechos civiles de los texanos y el esfuerzo del gobernador por convertir a los inmigrantes en un chivo expiatorio por parte del gobernador no tenga éxito”.

Abbott respondió a la orden judicial el jueves por la noche, tuiteando que "continuaré dando todos los pasos de acuerdo con la ley para asegurar la frontera y mantener a salvo a los texanos".

Durante una audiencia a principios de agosto, el abogado del Departamento de Justicia, Brian Boynton, argumentó que Texas no tiene autoridad para imponer sus propias leyes de inmigración. Y le dijo al juez federal de distrito Cardone que el estado impediría que los contratistas federales transporten a los migrantes bajo custodia y que los grupos sin fines de lucro brinden servicios a los migrantes que son liberados y que viajan a otras ciudades para esperar sus audiencias de inmigración.

“Todo eso se vería afectado por la orden de Texas”, expuso Boynton.

Agregó a la corte que “la hermana Norma”, refiriendo a la hermana Norma Pimentel de organizaciones benéficas católicas en el Rio Grande Valley, recibió la visita del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

“El día en que se firmó la orden ejecutiva de Texas, el DPS se acercó a ella y le dijo que ya no podían transportar migrantes”.

Boynton subrayó que también le notificaron que el DPS haría que los soldados "se instalaran afuera de sus instalaciones".

El abogado del estado de Texas, Will Thompson, dijo que los policías del DPS lo visitaron para "avisarle" antes de que comenzaran a ejecutar la prohibición de viajar para migrantes.

Boynton señaló que la orden ejecutiva estaba en conflicto con la ley federal porque los funcionarios estatales tendrían que tomar una determinación del estatus migratorio y Texas no tiene la autoridad para "señalar a los migrantes".

Durante una amenaza a la salud pública, cualquier esfuerzo de mitigación debe imponerse en todos los ámbitos, argumentó Boynton. Añadió que las restricciones de viaje impuestas por los soldados del DPS llevarían a "señalar a las personas, perfilar y acosar a las personas".

Boynton destacó que Texas no había hecho "nada para explicar porqué la COVID mejorará si el transporte lo realiza la policía".

Y aseguró que Texas podría tomar otras medidas para reducir la propagación de la COVID, "como permitir que las localidades impongan mandatos de cubrebocas" y proporcionar pruebas y exigir una cuarentena para todas las personas expuestas al coronavirus.

Pero el abogado del estado le dijo a la corte que Texas está lidiando con una gran crisis de salud pública y que la COVID se está “disparando” en la frontera debido a los migrantes. El juez Cardone cuestionó: "¿No se está disparando en todas partes ... incluidos Austin, Houston y Dallas?"

Thompson le recordó al juez que "el peligro para los migrantes es mayor". El juez Cardone preguntó: "¿No es eso cierto para todas las personas que no están vacunadas?"

Planteó ante la corte que los migrantes son más vulnerables al virus porque provienen y viajan a través de países con tasas de vacunación más bajas antes de cruzar y son responsables de un aumento en los casos COVID en la frontera.

“Que yo sepa, esto no está aumentando en El Paso y ciertamente estamos en la frontera”, respondió el juez Cardone.

Thompson argumentó que la orden ejecutiva del gobernador no se basa en ningún esfuerzo para cambiar la política de inmigración, sino que está "ligada a la actual crisis de salud pública".

El juez Cardone le preguntó si el DPS determinaría "¿quién ha sido procesado y liberado por el gobierno federal?"

“No creo que eso sea confuso en la práctica”, respondió Thompson.

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El palacio de justicia federal en El Paso.

La demanda de la ACLU fue presentada en nombre de Angry Tías & Abuelas del Rio Grande Valley, una organización de voluntarios que ayuda a los migrantes; Jennifer Harbury, una voluntaria humanitaria que frecuentemente transporta migrantes; y FIEL Houston, una organización de derechos de inmigrantes con miembros que incluyen inmigrantes recién llegados sujetos a restricciones de viaje debido a la orden ejecutiva.

La ACLU comentó que su demanda difiere del caso del DOJ porque pueden presentar la gama de daños causados por la orden ejecutiva a las comunidades fronterizas, los solicitantes de asilo, sus familias, los refugios y los conductores en todo Texas.

El caso se produce en medio de un resurgimiento del coronavirus con la propagación de la variante delta. La administración de Abbott restringió a las comunidades de Texas instituir mandatos de mascarillas o vacunas mientras centra su retórica COVID en la región fronteriza.

"Todos conocemos los CDC, la ciencia, la Organización Mundial de la Salud, todos han dicho que estas mascarillas ayudan a prevenir la propagación de la COVID-19. Pero luego él culpará a los migrantes", adelantó Domingo Garcia, presidente nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos.

Las autoridades federales de inmigración se encontraron con migrantes más de 212,000 veces en julio, el total mensual más alto en 20 años, incluidos casi 19,000 niños no acompañados, la mayor cantidad en un solo mes. Aunque los encuentros alcanzaron cifras récord, no representan la cantidad de individuos únicos (154,000) que intentaron cruzar. Más bien, reflejan la frecuencia con la que las personas intentan cruzar de nuevo.

U.S. Secretary of Homeland Security Mayorkas holds news conference in Brownsville
GO NAKAMURA/REUTERS
El secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Alejandro Mayorkas, asiste a una conferencia de prensa junto con el subjefe de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. (USBP), Raul Ortiz, quien pronto será nombrado jefe de USBP, en la estación de la Patrulla Fronteriza en Fort Brown en Brownsville, Texas, EE. UU., 12 de agosto 2021. REUTERS/Go Nakamura

En una visita reciente a Brownsville, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, atribuyó el alto número de migrantes que cruzan de nuevo al Título 42, una política temporal de salud pública que los expulsa inmediatamente a México. El expresidente Trump implementó la medida al comienzo de la pandemia y el presidente Biden la ha continuado.

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Mayorkas reconoció el desafío que el gran número de migrantes está creando para los funcionarios de inmigración y las comunidades locales. Mayorkas dijo que un número creciente de migrantes están dando positivo a COVID-19. Pero rechazó la afirmación de que los migrantes están impulsando el aumento dramático de casos en todo el sur.

“La tasa de positividad es igual o más baja que las tasas en nuestras comunidades fronterizas locales”, advirtió Mayorkas. “Estamos creando una nueva capacidad para abordar la situación y lo estamos haciendo lo más rápido posible. No se debe exagerar el alcance del desafío. Pero tampoco nuestra capacidad para superarlo".

Abbott ha dicho repetidamente en entrevistas de televisión que Texas está aplicando la ley federal de inmigración porque cree que la administración Biden no ha sido lo suficientemente dura con los cruces. En mayo, emitió una declaración de desastre porque, dijo, los cruces ilegales "representaban una amenaza continua e inminente de desastre".

Semanas después, anunció que seguiría construyendo el muro fronterizo que Trump convirtió en un tema central de su presidencia. Pero Abbott fue un paso más allá, diciendo que arrestaría a la mayor cantidad posible de personas que cruzaran acusándolas de delitos estatales como allanamiento de morada y vandalismo. Abbott luego ordenó a la Guardia Nacional de Texas que comenzara a ayudar a los policías estatales con esos arrestos.

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REUTERS/Callaghan O'Hare
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernador de Texas, Greg Abbott, se retiran después de visitar una sección inacabada del muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en Pharr, Texas, el 30 de junio de 2021.

Los activistas en pro de los derechos de los inmigrantes indicaron que la orden de Abbott que ordena a los policías estatales detener cualquier vehículo sospechoso de transportar migrantes es ilegal por varias razones, incluido el hecho de que invita a la discriminación racial y que esa política de inmigración está bajo el ámbito del gobierno federal.

Arizona intentó aprobar leyes estatales que convirtieran la ley federal de inmigración en violaciones estatales en 2012; la mayoría no se aprobaron en la corte.

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