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El Partido Demócrata de Texas pidió a un tribunal que ordene a los funcionarios estatales no interferir con una orden judicial previa que habilitó el voto por correo en el estado.
En su presentación del martes ante la Tercera Corte de Apelaciones, los abogados acusaron al estado de empujar a los votantes y a los funcionarios electorales locales a un "limbo legal" al contradecir el fallo previo.
El mes pasado, un juez de la Corte de Distrito del Condado de Travis dictaminó que los votantes preocupados por el contagio del COVID-19 podrían usar boletas de voto por correo durante las elecciones de julio y noviembre.
El Partido Demócrata de Texas había demandado a los funcionarios electorales estatales y locales en marzo pasado, en un esfuerzo por conseguir que un tribunal del distrito se expidiera sobre la ley estatal del voto por correo.
Texas tiene uno de los programas de voto por correo más estrictos del país. Sólo las personas mayores de 65 años, las personas no condenadas que están en prisión, las personas que están fuera del condado y las personas enfermas o discapacitadas pueden votar por correo.
El tribunal dictaminó que, según la ley, los votantes pueden evitar daños físicos solicitando una boleta por correo bajo la categoría de discapacidad.
Pero los funcionarios estatales no están de acuerdo.
A principios de este mes, el Fiscal General, Ken Paxton, acusó a los funcionarios electorales locales de "engañar al público sobre su capacidad para votar por correo".
"El temor a contraer COVID-19, sin embargo, es una reacción emocional normal a la pandemia actual y no equivale a una discapacidad real que autorice a un votante a recibir una boleta por correo", dijo Paxton en una declaración la semana pasada. "Mi oficina continuará defendiendo la integridad de las leyes electorales de Texas", agregó.
En su presentación, el Partido Demócrata de Texas dijo que la corte necesita intervenir para asegurar que los condados y los votantes no teman solicitar y procesar las solicitudes de voto por correo.
"El Estado ha tomado la acción extraordinaria de hacer caso omiso públicamente a una orden de una rama del gobierno de igual rango, afirmando que su punto de vista del Código Electoral de Texas, que fue rechazado por el tribunal de primera instancia, es la ley vigente y amenazando a aquellos que sigan la interpretación del tribunal de primera instancia con enjuiciarlos", escribieron los abogados en su moción. "Esto incluye poner en duda la validez de la orden judicial dentro del Condado de Travis e intimidar a los votantes del Condado de Travis".
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