En vísperas de la reunión en la que el consejo municipal debatirá una resolución para "proteger a todos los habitantes de San Antonio" durante las operaciones de inmigración y un centro de detención propuesto, tres miembros del consejo observaron los procedimientos de la corte de inmigración de San Antonio, donde personas han sido arrestadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas inmediatamente después de presentarse a audiencias programadas previamente.
Los concejales Sukh Kaur (D1), Teri Castillo (D5) y Ric Galvan (D6) fueron invitados por la organización sin fines de lucro American Gateways el miércoles por la mañana.
American Gateways opera desde San Antonio, Austin y Waco y se encuentra regularmente en el edificio de Santa Rosa Street para brindar asistencia legal a inmigrantes que enfrentan audiencias de lunes a jueves.
Los arrestos afuera de los tribunales de inmigración han sido habituales desde el inicio de la segunda administración de Trump. Griselda Barrera, codirectora de programas y operaciones de American Gateways, explicó que los agentes del ICE no solían estar presentes antes de enero de 2025, pero que ahora están allí con regularidad.
“Podemos ver desde dos detenciones, tres detenciones al día, como hoy, hasta ocho. Hemos tenido 16 detenidos en el último mes en un solo día”, dijo.
Poco antes de las 9:00 a.m., una mujer fue arrestada por el ICE. Una segunda persona fue detenida una hora después, alrededor de las 10:00 p.m., mientras los concejales y TPR se encontraban en la sala del tribunal. Los detalles de sus casos no están claros. TPR no presenció los dos arrestos ni las detenciones que ocurrieron afuera de la sala del tribunal.
Barrera señaló que en el primer incidente una mujer se presentó a su audiencia, pero ésta fue reprogramada.
Le exigieron que subiera para obtener su nueva notificación de audiencia. Cuando subió, no tenían las notificaciones. No las estaban entregando, pero el ICE estaba allí y decidieron detenerla, según narró.
Los concejales, el personal del consejo, el personal de American Gateways, dos abogados y TPR pasaron aproximadamente 90 minutos en dos salas de audiencias. Los acusados, sus abogados y un intérprete comparecieron por WebEx mientras un abogado del Departamento de Seguridad Nacional acudió en persona.
Al menos un acusado se encontraba en detención federal, bajo el seudónimo "Karnes", en el centro de detención del Condado de Karnes. Le dijo al juez en español, a través de un intérprete: "Quiero salir de aquí" y preguntó cuánto tardaría. El juez respondió que no tenía un plazo para su expulsión de los Estados Unidos.
Otros acusados virtuales aparecieron en sus casas o en las oficinas de sus abogados.
En una sala separada del juez Charles McCullough, dos abogados representaron remotamente a clientes de Austin. Ambos tuvieron sus casos reprogramados para finales de 2026 o el próximo año.
Tres personas comparecieron en persona en dos casos distintos. En uno de ellos, se trataba de una mujer de veintitantos años con su hijo en edad preescolar. Ambos eran venezolanos y entraron a los Estados Unidos por Brownsville en noviembre de 2023.
En el otro caso se trataba de un hombre que parecía tener unos 40 años. Originario de Cuba, ingresó a los Estados Unidos por California en febrero de 2024. Un intérprete en línea en WebEx tradujo al español.
Durante la breve audiencia, el niño que acompañaba a su madre jugó con un títere de calcetín con forma de pulpo, golpeó a su madre en el brazo varias veces e hizo muecas divertidas a los observadores en la sala del tribunal.
El juez les leyó colectivamente sus derechos en el tribunal. Les dijo que tenían derecho a un abogado, que debían asistir a todas las audiencias y que tenían derecho a testificar y llamar a sus propios testigos. Les dijo que no necesitaban presentar alegatos hoy y que debían informar al tribunal si tenían miedo de regresar a sus países.
Sus casos fueron examinados por separado. Al preguntársele si temía por su seguridad al regresar a Cuba, el hombre respondió afirmativamente mediante un intérprete y que creía que sufriría daños. Los detalles de su caso no están claros, pero el gobierno ha solicitado su expulsión de los Estados Unidos.
Tanto el hombre como la mujer tenían número de seguro social y autorización de trabajo. El juez dictaminó que estaban sujetos a expulsión.
Sus casos, por separado, se reajustaron para el verano. Les entregaron la documentación de asilo y una lista de abogados pro bono, y abandonaron la sala. Ninguno fue detenido.
Los honorarios de los abogados pueden variar considerablemente más allá de la representación pro bono. Guillermo Hernandez, abogado de Rivera, Hernandez y Campos, estima que la representación inicial puede costar entre $1,500 y $12,000 a $15,000 para un caso de asilo completo.
"Creo que depende de la firma. Creo que depende del tipo de caso que se esté litigando", expuso.
American Gateways solía recibir más de un millón de dólares anuales del gobierno federal, según Barrera, para apoyar estos servicios, pero esa financiación se suspendió al inicio del segundo mandato del Presidente Trump. Anteriormente, la entidad prestaba servicios de asistencia para los tribunales de inmigración hasta que se suspendió dicho programa.
“Brindábamos este tipo de servicios a personas que no contaban con representación legal. Tras la administración, perdimos esa financiación y el programa se canceló. Así que, a partir de julio, volvimos a prestar estos servicios, primero en el estacionamiento como servicio de entrega, porque no había acceso ni información, y la gente estaba siendo detenida”, dijo Barrera. Ahora se encuentran dentro del edificio.
La concejal Kaur explicó a TPR después de ver estas audiencias que sentía que el proceso es complicado y que sin representación, es difícil saber cómo navegar por el sistema.
“Ambos tenían permisos de trabajo. Tenían número de seguro social. Eran muy participativos. Solo quieren estar aquí para tener la oportunidad de alcanzar el sueño americano, igual que mi familia”, expresó. “Vienen de países donde no se sienten seguros, y nos corresponde crear espacios y oportunidades, y permitir que la gente tenga la oportunidad que tantos hemos tenido desde la fundación de nuestro país”.
Después de ver los procedimientos, la concejal Castillo constató que un individuo le pidió que estuviera presente en otra sala del tribunal para observar una audiencia porque temía que el ICE arrestara a su familia.
“Es indignante que los miembros de nuestra comunidad tengan que pasar por este sistema, en términos de no sentirse cómodos con este proceso y por el temor de que, si acuden a los tribunales, no puedan regresar a sus hogares con sus familias y comunidades”, puntualizó.
A partir de las 9:00 am del jueves, el consejo debatirá la resolución que solicitará al personal de la alcaldía determinar qué opciones tiene la ciudad para intervenir en la creación de un centro de detención en el lado este.
"Tenemos que encontrar la manera de prevenir ese centro de detención a nivel local. Sé que será difícil. Ya lo compraron, pero tenemos que seguir luchando. Tenemos que conseguir que la mayor cantidad posible de personas salgan a denunciarlo, porque sabemos que pueden encerrar a cualquiera por cualquier motivo", adelantó Kaur.
El concejal Galván no estuvo disponible para hacer comentarios después de las audiencias diciendo que tenía otra cita a la que asistiría.
También el miércoles, la alcaldesa de San Antonio, Gina Ortiz Jones envió una carta a la delegación federal de la Cámara y el Senado de San Antonio pidiendo a los Representantes que no aprueben la financiación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
“Ubicar una instalación del ICE en nuestra zona este, una zona ya de por sí económicamente deprimida, afectaría aún más negativamente la economía local y obstaculizaría su capacidad para atraer empleos bien remunerados que nuestros electores necesitan y merecen”, declaró Jones. “Agradezco una conversación para debatir pautas más estratégicas para impulsar el desarrollo económico de nuestra ciudad”.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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