La Oficina del Médico Forense del Condado de Bexar dictaminó que la muerte de Regina Santos-Aviles, asistente del congresista Tony Gonzales, fue un suicidio por autoinmolación tras una investigación sobre el incidente ocurrido en septiembre en su casa en Uvalde.
Santos-Aviles, de 35 años, era la directora del distrito regional de Gonzales en Uvalde. Fue encontrada gravemente quemada en el patio trasero de su casa la noche del 13 de septiembre, después de que los servicios de emergencia respondieran a reportes de disturbios alrededor de las 9:30 p.m. Los paramédicos la trasladaron en helicóptero al Centro Médico Militar Brooke en San Antonio, donde falleció la madrugada del 14 de septiembre.
Bomberos informaron haber encontrado y extinguido un bidón de gasolina en llamas en el lugar. Según el Departamento de Policía de Uvalde, que investigó el caso con la ayuda de los Rangers de Texas, no había indicios de delito ni evidencia de que hubiera otras personas presentes cuando se produjo el incendio.
En una carta del 24 de octubre dirigida al fiscal general de Texas, Ken Paxton, los abogados que representan al gobierno de Uvalde solicitaron que los materiales de investigación —incluidas las grabaciones del 911, los informes policiales y las grabaciones de las cámaras corporales— no se hicieran públicos.
La autoridad municipal argumentó que los registros contienen información altamente sensible y que su divulgación infringiría los derechos de privacidad de la familia de Santos-Aviles.
La carta también indicaba que la investigación se cerraría pronto sin que se presentaran cargos penales. Según la ley de Texas, los expedientes de casos que no resultan en una condena o una suspensión condicional del procedimiento pueden estar exentos de divulgación.
El Representante Gonzales no se ha pronunciado públicamente sobre la muerte de su empleada.
El caso ha suscitado un amplio escrutinio público y ha reavivado el debate sobre cuánta información debe divulgarse en investigaciones de muertes delicadas que involucran a funcionarios públicos o a sus empleados. Tanto las agencias estatales como las locales han argumentado la protección de la privacidad y los procedimientos de investigación en curso como razones para retener los registros.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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