Un jurado del condado de Bexar absolvió el lunes a tres ex agentes del Departamento de Policía de San Antonio por la muerte a tiros en 2023 de Melissa Perez, madre de cuatro hijos de 46 años con una crisis de salud mental.
Tras noventa minutos de deliberación, el jurado declaró a Alfred Flores, Eleazar Alejandro y Nathaniel Villalobos no culpables de todos los cargos.
Durante el último mes, los fiscales argumentaron que los ex agentes le dispararon injustamente a Perez en su casa, mientras que la defensa afirmó que actuaron en defensa propia y que los investigadores se precipitaron al emitir un juicio.
En junio de 2023, la policía acudió al apartamento de Perez, en el suroeste de la ciudad, tras recibir informes de que estaba cortando los cables del sistema de alarma contra incendios del complejo. Perez, que padecía esquizofrenia, declaró inicialmente a los agentes que cortaba los cables porque el FBI la estaba espiando.
Según la policía, Perez arrojó un candelabro a los agentes que intentaban hacerla salir, y posteriormente los atacó con un martillo detrás de una puerta de cristal, momento en el que dos agentes abrieron fuego y le quitaron la vida.
Los tres agentes fueron arrestados y acusados de asesinato 24 horas después.
Durante un mes de testimonios, la defensa se centró en la investigación realizada inmediatamente después del incidente.
La sargento retirada Lisa Miller, quien sirvió casi 30 años en el Departamento de Policía de San Antonio (SAPD son sus siglas en inglés), testificó como perito de la defensa. Afirmó que el investigador principal, el detective Ronald Soto, actuó con precipitadamente al presentar las órdenes de arresto 16 horas tras el tiroteo.
Miller afirmó que los oficiales clave que podrían haber testificado sobre si el uso de fuerza letal estaba justificado nunca fueron entrevistados por los investigadores.
Miller también alegó que la dirección del SAPD se enfrentó a presiones políticas tras las protestas nacionales por la violencia policial, una acusación que el investigador principal ha negado.
Los fiscales replicaron que los agentes tenían opciones más seguras y que el uso de fuerza letal era innecesario.
Finalmente, el jurado falló a favor de la defensa, declarando a los ex-oficiales inocentes de todos los cargos. Cada uno se enfrentaba a cadena perpetua de haber sido declarado culpable. Flores y Eleazar fueron acusados de asesinato y Villalobos de agresión con agravantes.
En septiembre, un juez desestimó una demanda civil presentada por la familia de Melissa Perez contra el ayuntamiento de San Antonio y su departamento de policía por la muerte a tiros.
Sin embargo, el incidente puso de manifiesto la preocupación sobre cómo el Departamento de Policía de San Antonio (SAPD son sus siglas en inglés) gestiona las llamadas que involucran a personas en crisis de salud mental.
Según los familiares, Perez mostró signos de angustia la noche de su muerte. A pesar de ello, no se envió a ningún profesional de salud mental ni a especialistas en respuesta a crisis al lugar de los hechos.
El Departamento de Policía de San Antonio (SAPD son sus siglas en inglés) cuenta con una Unidad de Salud Mental especializada y capacitada para intervenir en este tipo de situaciones, pero no estaba disponible en el momento de la llamada. La ausencia de este equipo reavivó las dudas sobre si el enfoque del ayuntamiento depende excesivamente de agentes armados.
Tras el tiroteo mortal, los activistas presionaron para que se impulsaran reformas, incluyendo la ampliación de la respuesta a crisis las 24 horas y la incorporación de profesionales de la salud mental en más unidades de patrullaje.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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