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Informe: Al menos 38,000 padres de niños en el Condado de Bexar corren el riesgo de ser deportados

Eduardo and two of his five American-born daughters stand next to Kate Lincoln Goldfinch, an immigration attorney, at an immigrant rights press conference on June 2, 2025. (Eduardo's wife appeared for her appointment at immigration court in late May, but she was detained with no warning or reason).
Saile Aranda
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TPR
Eduardo y dos de sus cinco hijas nacidas en los Estados Unidos junto a Kate Lincoln Goldfinch, abogada de inmigración, en una conferencia de prensa sobre los derechos de los inmigrantes el 2 de junio de 2025. (La esposa de Eduardo se presentó a su cita en el tribunal de inmigración a fines de mayo, pero fue detenida sin advertencia ni motivo).

Lee esta historia en inglés.

Miles de niños en San Antonio se ven afectados por las políticas migratorias del país, según un nuevo análisis del Migration Policy Institute, un grupo de expertos no partidista con sede en Washington, D.C.

El Instituto de Política Migratoria estima que 6,000 menores de edad escolar en el condado de Bexar carecen de estatus legal y 38,000 padres de niños menores corren el riesgo de ser deportados.

El informe también encontró que Texas ocupa el segundo lugar en el país en cuanto a la cantidad de niños afectados por la aplicación de leyes migratorias, con casi 1 millón de chicos en todo el estado viviendo con un padre que se encuentra en los Estados Unidos sin estatus legal.

“Se trata de niños de todos los estatus. Algunos nacieron en los Estados Unidos. Otros son inmigrantes”, afirmó Valerie Lecarte, analista principal de políticas del Instituto de Política Migratoria, quien colaboró en la elaboración del reporte.

Lecarte también escribió un informe reciente sobre el impacto de la aplicación de las leyes migratorias en la salud infantil. Explicó que la amenaza de deportación afecta el bienestar mental y la capacidad de concentración de los niños en la escuela, y también puede alterar a los bebés en el útero debido a partos prematuros y bajo peso al nacer.

“La amenaza de la aplicación de la ley en sí misma, no solo la aplicación efectiva, tiene impactos negativos en la salud de las comunidades”, expuso Lacarte. “No tiene por qué afectar solo a las personas que realmente sufren la aplicación de la ley. Se trata realmente de una cuestión comunitaria”.

“Sabemos que el solo hecho de ser latino, incluso si tienes un estatus de ciudadanía seguro, el hecho de pertenecer a este grupo y estar en un entorno de alta aplicación de la ley, y el tipo de retórica que estamos viendo ahora, es suficiente para desencadenar muchos de los impactos en la salud mental y física que se han estudiado”, describió.

Lecarte agregó que el Instituto de Política Migratoria creó sus estimaciones de población comparando la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2023 del Censo de los Estados Unidos con otros conjuntos de datos disponibles públicamente, como las admisiones de refugiados.

Según el informe, casi el 5% de los residentes del condado de Bexar se encuentran en los Estados Unidos sin estatus legal. Casi el 70% de estos residentes han vivido en el país durante al menos una década.

A nivel estatal, aproximadamente 2 millones de residentes de Texas son indocumentados.

En todo el país, el MPI estima que había 13.7 millones de personas en los Estados Unidos sin autorización en 2023, frente a los 10.7 millones en 2019.

“Ha habido un aumento en el tamaño de la población inmigrante en general, pero casi la mitad lleva viviendo en el país más de 20 años”, detalló Lecarte. “Así que se trata de muchas personas que tienen vínculos reales con el país de diferentes maneras y que están arraigadas en sus comunidades”.

Lecarte señaló que más de una cuarta parte de los 13.7 millones de inmigrantes no autorizados en el recuento de MPI tienen lo que ellos consideran un estatus limbo: ya sea DACA, o libertad condicional humanitaria, o una solicitud de asilo pendiente.

“Los llamamos estatus de limbo o estatus crepuscular. Tenemos diferentes nombres, pero son básicamente estatus temporales”, aseveró Lecarte. “Ofrecen algún tipo de protección contra la deportación o autorización de trabajo, pero no están en camino a un estatus legal (completo)”.

Por ejemplo, Lecarte añadió que, al momento del recuento en 2023, muchos haitianos, nicaragüenses, cubanos y venezolanos contaban con Estatus de Protección Temporal (TPS son sus siglas en inglés). Pero ahora, la administración Trump ha cancelado el TPS para muchos de esos inmigrantes.

“Esas eran personas que probablemente sintieron algún tipo de alivio en algún momento, y que ahora, la mayoría, han perdido su estatus o están a punto de perderlo”, recalcó Lecarte. “Son muchas las personas que han perdido su equilibrio”.

El análisis publicado este mes es una actualización. El MPI publicó anteriormente una estimación del número de inmigrantes sin estatus legal en los EE.UU., utilizando datos de 2019.

Lecarte señaló que el MPI publica las estimaciones de población para brindar a los encargados de formular políticas y a los proveedores de servicios un recuento preciso de las personas en sus comunidades.

“No está ligado a la narrativa actual ni a las circunstancias actuales en torno a la inmigración”, aclaró Lecarte. “Simplemente, en general, hay muchos estudios que demuestran que el censo en sí —la forma en que la gente responde al censo en un año normal— tiende a arrojar un recuento insuficiente de la población nacida en el extranjero”.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom. 

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