El Concejo Municipal de San Antonio finalizó el jueves las seis enmiendas a los estatutos que aparecerán en las boletas de los votantes de San Antonio el 5 de noviembre.
Las cuestiones de enmienda a los estatutos de la ciudad que los votantes deben decidir son la remuneración de los alcaldes y concejos, la duración de los mandatos de alcaldes y concejales, los límites salariales y de permanencia de los administradores de la ciudad, la actividad política de los empleados municipales, las revisiones de la ética de la ciudad y los cambios de modernización del idioma.
La Comisión de Revisión de los Estatutos, establecida por el alcalde Ron Nirenberg en noviembre pasado, pasó meses evaluando diferentes áreas de los estatutos de la ciudad en busca de posibles actualizaciones en reuniones privadas y sesiones públicas donde recibieron docenas de comentarios de los residentes.
Se pedirá a los votantes que decidan si los miembros del concejo municipal deben recibir un salario anual de $70,200 y el alcalde debe pagar un salario anual de $87,800 en la Proposición E.
Esos salarios coinciden con los límites de ingresos de 2023 del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE.UU. (HUD son sus siglas en inglés) para San Antonio, que rastrea los ingresos promedio de las ciudades para familias de cuatro integrantes.
El salario propuesto para el concejo es el 80% del ingreso medio de San Antonio en 2023, y el salario propuesto para el alcalde es el 100% del ingreso medio de San Antonio en 2023.
Los salarios luego se indexarían a las cifras de HUD, cambiando a medida que evoluciona el ingreso promedio de la ciudad para una familia de cuatro.
Si los votantes aprueban los aumentos, los salarios no entrarán en vigor hasta después de las próximas elecciones del consejo en mayo, y cualquier miembro del consejo o alcalde que no desee aceptar el incremento tendrá la posibilidad de rechazarlo.
El consejo votó a favor de colocar la Proposición E en la boleta electoral por 8 votos a 3, y los tres abogados del consejo (Melissa Cabello Havrda del Distrito 6, Manny Pelaez del Distrito 8 y Marc Whyte del Distrito 10) votaron en contra.
Whyte dijo que no creía que se debieran destinar más fondos de los contribuyentes a pagar al ayuntamiento.
Varios miembros del consejo que apoyaron la enmienda señalaron que los residentes de la ciudad no deberían tener que ser abogados y ganar dinero para servir en el consejo o como alcalde.
“Para la mayoría de nosotros, este es un trabajo que va más allá de tiempo completo y que no se ha mantenido al día con el costo de vida,” afirmó el concejal del Distrito 2, Jalen McKee-Rodriguez. “Entonces, hasta que logremos que un maestro, un trabajador de la salud, un trabajador de salud comunitario, un trabajador de la hospitalidad pueda estar en este estrado sin sacrificar su calidad de vida, el papel seguirá siendo inaccesible.”
Los salarios del concejo y del alcalde se cambiaron por última vez en 2015, cuando se aumentaron a $45,722 para los miembros del concejo y $61,725 para el alcalde, salarios que estaban alineados con el ingreso promedio de San Antonio en ese momento.
Antes de eso, a los miembros del consejo se les pagaba $20 dólares por reunión.
Las recomendaciones originales de la Comisión de Revisión de Estatutos fueron salarios del concejo de $80,000 y salarios de alcalde de $95,000, antes de que los miembros del concejo intervinieran para pedir que los aumentos se redujeran significativamente.
También se pedirá a los votantes que extiendan la duración de los mandatos del concejo municipal y del alcalde a cuatro años, en lugar de dos, en la Proposición F. La nueva regla aún limitaría a los miembros del concejo y al alcalde a servir un total de ocho años y mantener las elecciones concurrentes.
El alcalde Ron Nirenberg expuso que los residentes tenían el poder, a través de una elección revocatoria, de destituir anticipadamente a los miembros del consejo, y explicó por qué creía que los mandatos de cuatro años sirven mejor a los residentes de la ciudad.
“La oportunidad de lograr que se hagan cosas buenas en la ciudad a través de las oficinas del consejo se verá reforzada por el hecho de que los miembros del consejo tendrán un período más largo de tiempo para concentrarse en el trabajo en lugar de hacer campaña política,” explicó.
La nueva duración de los mandatos entraría en vigor a partir del próximo ciclo de elecciones del consejo en mayo de 2025.
Según la enmienda, si un miembro actual del consejo por tercer mandato es reelegido para un cuarto mandato en mayo, cumplirá dos años del nuevo mandato de cuatro años antes de que se celebre una elección especial para su puesto, de modo que ningún miembro del consejo excederá los ocho años de servicio.
Según un calendario electoral compartido por la ciudad, este tipo de elecciones especiales serán necesarias para los Distritos 4 y 6 en 2027 y los Distritos 1, 7 y 10 en 2031, suponiendo que todos los miembros actuales del consejo se postulen para la reelección y ganen.
El consejo apoyó la Proposición F con una votación de 8 a 3, con la oposición de Pelaez, Whyte y la concejal del Distrito 7, Marina Alderete Gavito. Los tres miembros expresaron que creen que los ciclos electorales de dos años hacen que los funcionarios electos sean más responsables ante los residentes locales.
El consejo colocó otra enmienda a los estatutos en la boleta que, si se aprueba, eliminaría los límites salariales y de permanencia del administrador de la ciudad.
La Proposición C intenta revertir el cambio realizado durante una pelea contractual entre los Bomberos Profesionales de San Antonio y la entonces administradora municipal Sheryl Sculley en 2018. El sindicato presionó con éxito para limitar la permanencia del administrador municipal a ocho años y limitar el sueldo del puesto a 10 veces el más bajo para un empleado asalariado de la ciudad.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
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